María Luisa Cano de Santayana y Rafael Coloma Ojeda, presidenta y vicepresidente tercero de la Fedeca: "El principal problema de la Administración española no es el sueldo de los funcionarios, sino su funcionamiento."

A raíz de la actual crisis económica en España, una parte de la población y de los responsables políticos han señalado a los funcionarios como parcialmente responsables del déficit público, cuando no de la propia crisis. Partiendo de este razonamiento, argumentan que es necesario disminuir su número, así como congelar e incluso reducir su sueldo. Esta opinión se suma a la ya de por sí mala imagen de los funcionarios españoles.

Con afán de buscar las causas que motivan tales críticas, para intentar solventarlas y, ante todo, mejorar cada día el servicio que presta la Administración, modernizándola, profesionalizándola y poniéndola, definitivamente, al servicio del interés general, creemos conveniente trasladar a la opinión pública nuestro criterio sobre algunos de los temas hoy en debate.

El principal problema de la Administración española no es el sueldo de los funcionarios, sino su funcionamiento (del que, evidentemente, no son culpables los propios funcionarios). El problema de fondo no es el número de los funcionarios -cuestión que debe ser analizada, sin lugar a dudas-, ni tampoco sus sueldos. Es de sobra sabido que las retribuciones de los Cuerpos Superiores de la Administración son muy inferiores, desde hace ya muchos años, a las que perciben profesionales de similar cualificación en la empresa privada, siendo un poco superiores, sin embargo, las de los funcionarios de estamentos inferiores con respecto a los emolumentos de trabajadores de parecidas categorías profesionales, en el ámbito laboral.

El problema, insistimos, se encuentra en la gestión. ¿Se están utilizando, verdaderamente, los medios con los que cuenta la Administración para satisfacer el interés general, que es su finalidad por excelencia, para solventar los problemas de la sociedad española? ¿Se están utilizando para paliar la crisis, para contenerla, para reflotar la economía? ¿Se están utilizando para luchar contra le economía sumergida, contra la siniestralidad laboral, para fomentar el empleo? ¿Se están utilizando para agilizar la marcha de la propia Administración, para facilitar la vida al administrado, para hacer más ágil sus iniciativas industriales?

Pues ciertamente, podría mejorarse mucho y corregirse deficiencias. Ahora bien, la adopción de tales medidas no le compete al funcionario. Tendrán que efectuarse por los que, en este momento, tienen capacidad para ello. Pero parece que nadie, ni gobierno central, ni partidos políticos, se preocupan por el funcionamiento de la Administración. Sólo se critica, que es lo fácil, sólo se demoniza a los funcionarios, que es lo injusto. Hay que reconocer que no se está planteando con rigor esta cuestión.

Se ofertan como soluciones la externalización de servicios (ocultando su coste), la asignación de puestos directivos a personal no funcionario, la reforma del sistema de acceso y la congelación salarial, entre otras. Pues ciertamente, éstas no son las soluciones.

¿Va a mejorar la Administración, por ejemplo, contratando a abogados de reconocido prestigio cuando cuenta, entre otros, con cuerpos como los Abogados del Estado, los Letrados de Administración de la Seguridad Social o los Administradores Civiles del Estado? ¿Van a controlar mejor el gasto auditorías externas que los Interventores del Estado o de la Seguridad Social?

No son las soluciones. Todos sabemos que, al final, resulta más caro, es menos eficaz, menos técnico y, desde luego, menos independiente. ¿O quizás se ofertan estas soluciones porque, en definitiva, a nuestros políticos les interesa tener gente más moldeable? Nada va a mejorar a no ser que se garantice la profesionalidad e independencia de los funcionarios, que está cada vez más amenazada, y poniéndose como objetivo final el interés general y no cada partido político.

La pérdida del requisito de la condición de funcionario, para acceder a determinados puestos o para el ejercicio de las potestades administrativas, desde luego, no es la solución y significa que ya no será necesario disponer de ese perfil técnico. Si se prescinde de tal componente, a nadie se le escapa lo que supondrá. Será una enorme pérdida para la sociedad española. En definitiva, supone un salto atrás en la gestión y funcionamiento de la Administración pública, casi hasta los tiempos anteriores a Bravo Murillo, a mitad del siglo XIX.

Los funcionarios deben ser profesionales, independientes y neutrales. Su labor es servir al interés general y que sean los políticos los que tomen las decisiones, en función de sus respectivos programas. La labor de los políticos es gestionar, que es lo que falla, contando con la profesionalidad de los funcionarios. Y, si se detectan fallos, aplicar los cauces previstos en la legislación vigente, que para eso están.

Otra cuestión fundamental, sin lugar a dudas, es el control del gasto público. Pero tampoco en este tema la culpa la tienen los funcionarios. ¿Alguien puede justificar el importante incremento de contratados en puestos de confianza, en todas las Administraciones, en los últimos tiempos? ¿Qué rentabilidad reportan?, ¿no existen otros funcionarios suficientemente cualificados que puedan ejercitar estos cometidos? ¿A qué interés sirven al general o al del partido de turno que les haya contratado?

O, por otra parte, ¿nuestro país puede soportar el coste económico que ha significado la estructura surgida tras el debate territorial? O, para cambiar plenamente de tercio, ¿saben ustedes las cantidades percibidas por los Sindicatos “más representativos” para formación continua de empleados públicos en las Administraciones Públicas?, ¿es justificable este gasto público?

Todo ello es lo que debería plantearse la sociedad española.

*María Luisa Cano de Santayana y Rafael Coloma Ojeda, respectivamente presidenta y vicepresidente tercero de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca)

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