Los costes del despido duplican ya la media de la UE, la legislación es muy estricta y el abuso de la temporalidad, cada vez más alto. La urgencia marca las negociaciones que Gobierno, patronal y sindicatos retoman este lunes.

Los costes del despido duplican ya la media de la UE, la legislación es muy estricta y el abuso de la temporalidad, cada vez más alto. La urgencia marca las negociaciones que Gobierno, patronal y sindicatos retoman este lunes.

El mercado laboral español tiene demasiadas tareas pendientes. Y, cuanto más las retrase, más le costará corregir sus defectos y volver a ponerse al nivel de sus vecinos europeos. Porque la demora en el impulso de reformas ha dejado ya a España como el país con mayor rigidez laboral de toda Europa e, incluso, de las treinta potencias más desarrolladas que se agrupan en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La conclusión que se desprende de los últimos datos de este organismo internacional quedan también apoyadas por las tesis del Banco Mundial, que es aún más duro con el mercado español.

En concreto, la OCDE califica la rigidez del mercado laboral con una nota de 2,9 puntos, situación a la que sólo se asimilan Portugal e Italia. Este indicador valora así negativamente dos variables: las barreras administrativas y la dificultad y los plazos previstos para la notificación de despidos. “El indicador de legislación de protección del empleo sigue siendo uno de los más altos de la OCDE”, explica la organización. “La comparación con otros países es más llamativa cuando sólo se tiene en cuenta el indicador clave: el nivel de indemnización por despido de los trabajadores, que es muy alto porque los tribunales consideran que el 90% de los despidos son improcedentes (la tasa más alta de la UE)”, añade.

La traducción de los datos a cifras arroja que mientras que en España se pagan 22 meses de salario como indemnización a veinte años de antigüedad –baremo con el que se hace la comparación internacional–, en la OCDE se desembolsan sólo 12,2 meses. Y cuando el despido es procedente, el pago se eleva a un año de sueldo, frente al los 3,5 meses de media en las economías más desarrolladas.

Precisamente son los mismos baremos que utiliza el Banco Mundial para dejar a España en el último puesto de Europa y la OCDE en el ránking internacional del mercado de trabajo. Sólo quedan por detrás 13 países que no están dentro de la OCDE, como Irak, Togo, Mauritania o Níger.

Esta institución también valora la dificultad de las empresas para contratar personal, en un escenario caracterizado por la excesiva dependencia de los contratos temporales, que ha perjudicado al crecimiento de la productividad, que ahora avanza a ritmos incluso inferiores a medio punto.

Las recetas para dar la vuelta a este escenario de los organismos internacionales pasan por descentralizar la negociación salarial y reducir la legislación de protección del empleo para los contratos con trabajo indefinido, abaratando los costes del despido. Al tiempo, habría que obligar a respetar “la duración limitada de los contratos temporales, que por lo general sobrepasan los límites legales”, según la OCDE.

El objetivo del Gobierno, patronal y sindicatos es, precisamente, emprender una reforma que combine la seguridad de los trabajadores con la flexibilidad de las empresas.

Propuestas

La propuesta del Gobierno, en concreto, se centra en la extensión del contrato de fomento del empleo, modalidad creada en 1997 para la inserción de los colectivos con más problemas para encontrar un puesto de trabajo y cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, inferior a los 45 días del contrato fijo ordinario.

Los empresarios van más allá: quieren que a partir de ahora todos los contratos fijos sean de fomento del empleo y que desaparezca el contrato ordinario, aunque están dispuestos a respetar los derechos adquiridos.

El temor de los expertos es que se impulse un plan que imite a los del pasado, caracterizado por “reformas que sólo tuvieron un alcance limitado”, como critica la OCDE.

Las negociaciones encaran la recta final

El lunes, 9 de enero, Gobierno, patronal y sindicatos retomarán los contactos para seguir negociando la reforma del mercado de trabajo y de la Seguridad Social, que atraviesa momentos complicados. Así lo reconocen todas las partes, que esperan que esta sea la recta final, pues el Ejecutivo quiere tenerla cerrada antes de que finalice el primer trimestre de 2006. Los sindicatos ya han advertido de que no firmarán una reforma laboral que se aleje de los objetivos iniciales marcados en la Declaración de la Moncloa y que pasan por reforzar la estabilidad en el empleo, la competitividad y la cohesión social. Por su parte, la CEOE ha avisado también de que no suscribirá ningún acuerdo que implique mayor rigidez, mayores costes y menos flexibilidad.

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