La Administración francesa quiere evitar el fraude en el desempleo. El método elegido ha levantado ampollas: un decreto que permite a los inspectores del Ministerio del Empleo acceder a los ficheros de la administración fiscal.

El Gobierno francés ha desplegado su celo fiscalizador con los parados del país al publicar casi a escondidas, el 24 de diciembre, en el Diario Oficial, un decreto que permite a los inspectores del Ministerio del Empleo acceder a los ficheros de la administración fiscal para comprobar si algunos perceptores del desempleo son "sospechosos de fraude". Un regalo de Navidad vivamente criticado por las fuerzas sindicales y los partidos de izquierda. La prensa también ha sido especialmente dura. El diario Libération, por ejemplo, titulaba: "¿Para cuándo el brazalete electrónico para los parados?"

Efecto explosivo La fecha de publicación del decreto, firmado por el primer ministro, Dominique de Villepin, y los titulares de Economía y Empleo, ha sido justificada por el ministerio directamente responsable por la necesidad de obtener la aprobación de la Comisión Nacional Informática y Libertades. Ello no impide que haya tenido el efecto de una bomba. "Nadie apoya el fraude, es evidente, pero publicar un decreto facilitando el control de los parados cruzando los ficheros informáticos puede considerarse una forma de estigmatización", lamenta el secretario general de Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly. Por su parte, el Partido Comunista Francés se ha escandalizado de que el Gobierno se lance a "una verdadera caza de los parados" e instaure "la presunción de culpabilidad en un clima de desconfianza". Mientras, el secretario confederal de la CFDT, Rémi Jouan, considera el texto "más torpe que amenazante", y se queja sobre todo de que el Gobierno haya tocado la legislación laboral sin concertación. La CFDT considera, además, que el "Gobierno se pasa" en un momento en que la situación es especialmente dura para los parados franceses.

Los primeros interesados, los que buscan a veces desesperadamente un empleo (más del 10% de la población activa en Francia), oscilan entre la ira y la depresión. "Nos sentimos literalmente perseguidos y humillados", comenta Bernard, un joven militante de la asociación Acción Contra el Paro (AC). Además, destaca el hecho de que, paralelamente, el Gobierno conservador de Dominique de Villepin ha tomado medidas que aligeran el pago de impuestos a las plusvalías bursátiles.

Para el portavoz de AC, Marc Moreau, se trata de una operación muy bien organizada para "obligar a los parados a aceptar cualquier trabajo" gracias a un dispositivo de presión. No se sabe todavía cómo colaborará la Administración fiscal, puesto que el decreto es lo suficientemente ambiguo para no precisarlo. Sólo se sabe que en caso de necesidad no hará falta una decisión judicial para acceder a los ficheros del Ministerio de Hacienda como era necesario hasta ahora.

Fraude mínimo El Ministerio de Trabajo ha protestado ya por la mala interpretación de esta medida, pero ha minimizado su alcance: "Todo el mundo sabe que el monto de los fraudes es mínimo", reconocía un portavoz del organismo. Según las cifras oficiales, sólo el 1,8% de los parados con subsidio han sido sancionados en el último año. Pero se sabe, según el ministerio, que hay falsas declaraciones de situación familiar y de actividad no declarada.

El pasado mes de agosto, otro decreto anunció la instauración de un sistema de sanciones para los desempleados poco motivados para la búsqueda de un trabajo. Prevé reducciones del 20% al 50% del subsidio de paro. El Ministerio de Trabajo se reserva además la decisión de excluir definitivamente a los infractores de la lista de parados. El decreto de Navidad completa el dispositivo, aunque, de momento, se pretende "esencialmente disuasivo".

La reacciones de los editorialistas en la prensa escrita han sido numerosas y claramente negativas. "La condición de parado requiere por parte de los que no lo son un mínimo de comprensión, ayuda y dignidad y el Gobierno da la impresión sobre este punto de haber perdido el tino", dice Jean-Claude Arbona en el diario La Republique du Centre.

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