Rechazo de la 'Directiva Bolkenstein ' por las organizaciones de trabajadores. Unos 50.000 sindicalistas piden en Estrasburgo que la UE reforme el proyecto. El Gobierno español apoya la necesidad de la norma y se enfrenta a UGT y CCOO.

Miles de sindicalistas, 50.000 según los convocantes, procedentes de diferentes países de la Unión Europea se manifestaron ayer ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo contra el proyecto de directiva de liberalización de servicios, conocida como directiva Bolkestein. También hubo concentraciones en las fronteras hispano-francesas de El Pertús, en la que participaron más de 3.000 personas, Hendaya e Irún, que contó con más de un millar de manifestantes. Las movilizaciones habían sido convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), presidida por el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, y coincidían con el día en el que el pleno del Parlamento Europeo comenzó a debatir el texto de la directiva.

El punto del proyecto que provoca más rechazo es la llamada cláusula del país de origen, que establecía en el texto original del excomisario de Mercado Interior Fritz Bolkestein que las empresas de servicios activas en varios Estados miembros estuviesen sujetas exclusivamente a la legislación del de residencia. Así, un trabajador polaco contratado en Polonia mantendría en Alemania las mismas condiciones laborales que tenía en su país de origen.

COMPROMISO DE RETIRADA

Pese a que un compromiso entre los dos principales grupos, el socialista y el popular, eliminará la polémica cláusula, la mayoría de los sindicatos consideran que el proyecto mantiene el espíritu y permitirá el dumping social en los servicios. Tras reunirse con portavoces del Europarlamento, Méndez se mostró relativamente optimista sobre la posibilidad de que la Eurocámara introduzca "un cambio radical" en la directiva que pretende eliminar las barreras nacionales a la prestación de servicios.

El secretario general de CES, John Monks, aseguró que la manifestación perseguía la defensa "de los servicios para todos" y no la introducción de una concepción del servicio público para ganar dinero. Para Monks, la presión de los trabajadores es fundamental para que se introduzcan los cambios en el texto a su paso por la Eurocámara y lograr así "una gran victoria de los trabajadores europeos".

SOLBES SORPRENDE

En Bruselas, el vicepresidente segundo del Gobierno español y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, defendió la polémica directiva de servicios, porque "responde a la lógica global del establecimiento del mercado único", pero también por "interés nacional" para introducir más competencia en el sector.

España y otros cinco Estados miembros (Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Hungría y República Checa) enviaron a la Comisión Europea una carta en defensa de la polémica normativa. Solbes advirtió de que "los servicios son uno de los sectores más protegidos de la competencia externa, y donde hay más dificultades para avanzar en la reducción de la inflación".

La actitud del Gobierno provocó un hondo malestar en los sindicatos españoles. CCOO calificó las declaraciones de Solbes de "sorprendentes, inoportunas y del todo rechazables" y añadió que "encajan mal" en el proceso de diálogo social tanto europeo como español. Méndez tildó de "sorpresa desagradable" la última decisión del Gobierno español.

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