Hasta ahora, el sueldo y el puesto de trabajo de un funcionario eran materias prácticamente intocables. No lo serán tanto cuando entre en vigor el Estatuto del Empleado Público y se establezca el nuevo sistema de evaluación anual de las capacidades de todo el personal, incluido el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Quien mejor desempeñe su función ganará más, pero el que no cumpla con los objetivos fijados podrá perder complementos salariales o incluso el puesto habitual de trabajo. Ésta es una de las grandes novedades del nuevo proyecto de estatuto de los funcionarios que entrará esta semana en la recta final tras acabar la revisión del borrador por parte de los sindicatos.

Durante los próximos días, el secretario general de Administraciones Públicas, Francisco Javier Velázquez, intensificará los encuentros con las centrales, las comunidades autónomas y con los ayuntamientos con el fin de tener listo el texto definitivo a finales de este mes. La intención del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, es llevar el proyecto de ley al Parlamento a principios de mayo.

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Los funcionarios poco eficaces perderán el puesto de trabajo

Un sistema objetivo evaluará a los empleados cada año y revisará los complementos salariales. El Gobierno enviará el Estatuto del Empleado Público al Parlamento a principios de mayo.

Hasta ahora, el sueldo y el puesto de trabajo de un funcionario eran materias prácticamente intocables. No lo serán tanto cuando entre en vigor el Estatuto del Empleado Público y se establezca el nuevo sistema de evaluación anual de las capacidades de todo el personal, incluido el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Quien mejor desempeñe su función ganará más, pero el que no cumpla con los objetivos fijados podrá perder complementos salariales o incluso el puesto habitual de trabajo.

Ésta es una de las grandes novedades del nuevo proyecto de estatuto de los funcionarios que entrará esta semana en la recta final tras acabar la revisión del borrador por parte de los sindicatos. Durante los próximos días, el secretario general de Administraciones Públicas, Francisco Javier Velázquez, intensificará los encuentros con las centrales, las comunidades autónomas y con los ayuntamientos con el fin de tener listo el texto definitivo a finales de este mes. La intención del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, es llevar el proyecto de ley al Parlamento a principios de mayo.

MÉRITO Y CAPACIDAD

El anteproyecto de ley está impregnado de una filosofía basada en "el mérito, la capacidad y la experiencia", cualidades que deberá tener todo el personal que trabaje en la función pública.

Cuando el texto legal entre en vigor, todas las administraciones deberán ordenar la selección y control de sus funcionarios conforme a un nuevo sistema de pruebas. Como señala el anteproyecto, el aspirante a empleado público deberá superar "ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, superación de pruebas físicas". Además deberá realizar "cursos selectivos" y pasar un "periodo de prácticas". Los procedimientos de selección del personal obligarán al aspirante a aportar un currículo y a realizar una entrevista personal como en la empresa privada.

PROFESIONALIZACIÓN

"Se trata de profesionalizar la administración, llevarla al siglo XXI porque no podemos seguir con criterios de 1950", explica Velázquez. La intención del Gobierno es que cada puesto de trabajo se cubra con un perfil específico de empleado.

Además, Velázquez avanzó que "se diseñará un sistema de evaluación de desempeño de la labor por el que ganará más quien mejor trabaje y perderá salario el que no cumpla con los objetivos". El secretario general dijo que una evaluación negativa de un funcionario "frenará su carrera en la Administración y podría perder su puesto --no su plaza, que la tiene por oposición-- siendo trasladado", incluso a otra localidad. La Administración y los sindicatos negociarán este sistema de evaluación que será público y objetivo. Según CCOO, "todo se realizará a través de actuaciones de inspección, lo que requerirá la creación de un nuevo cuerpo de inspectores".

Un cuerpo de directivos de élite dirigirá las administraciones

Los profesionales serán elegidos con criterios empresariales

El nuevo Estatuto del Empleado Público pretende dar un giro copernicano a la gestión de la función pública. El objetivo es que todas las administraciones estén dirigidas por equipos de gestores contratados a través de criterios empresariales que sean capaces de aplicar parámetros estrictamente profesionales.

El capítulo tercero del anteproyecto de ley define al empleado público e incluye una nueva categoría llamada personal directivo. Según explica el texto legal, este colectivo "es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas" cuyo especial régimen jurídico será establecido por el Estado y por las autonomías "a través de órganos especializados" y según "criterios de mérito, capacidad e idoneidad".

FUERA DE CONVENIO

Este personal directivo será "evaluado con arreglo a parámetros de eficacia, responsabilidad y resultados" y sus "condiciones de empleo no serán "objeto de negociación a los efectos de esta ley"

El secretario general de Administraciones Públicas, Francisco Velázquez, admite que este equipo directivo, "contratado con criterios empresariales y profesionales", estará integrado también por no funcionarios. Velázquez insiste en que este cuerpo de élite estará compuesto en su mayoría por funcionarios aunque el criterio de selección será distinto al del resto de empleados públicos y parecido al sector privado.

Cuando cesen, estos directivos "no perderán su nivel retributivo para atraer profesionales y evitar la fuga de los mejores al sector privado", puntualizó Velázquez.