Como un eco lejano de las manifestaciones contra el llamado contrato de primer empleo (el famoso CPE) en la vecina Francia, Alemania ha reabierto estos días el debate sobre el despido libre.

Parecía un asunto cerrado: en el acuerdo de gobierno firmado el pasado noviembre por democristianos y socialdemócratas figuran con detalle las condiciones según las cuales una empresa podrá despedir a sus trabajadores. Pero este fin de semana varios dirigentes del centroderecha alemán han pedido más libertad para contratar y despedir.

Unas declaraciones del ministro de Economía, el socialcristiano bávaro, Michael Glos, en las que señalaba que los planes actuales de la gran coalición "no van lo bastante lejos", han causado fricciones en la gran coalición de Angela Merkel. Los socialdemócratas han pedido a la canciller democristiana Merkel que ponga orden en sus filas.

No es nada grave, de momento. Pero sí es suficiente para recordar que el actual Gobierno está formado por dos fuerzas que son adversarios ideológicos. Sin ir más lejos, en las elecciones regionales del próximo domingo en Baden-Württemberg, Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt.

Con un paro que afecta a más del 12% de la población activa (unos cinco millones de personas), la política laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrenta Merkel. Uno de los motivos de la pérdida del poder de su antecesor, el socialdemócrata Gerhard Schröder, fue la política laboral: no el despido libre, sino la reducción de los subsidios de paro.

La ley actual, aprobada a finales del 2003, autoriza el despido libre en empresas con menos de diez trabajadores. Ahora la gran coalición perfila una ley que va más allá. Y también va más allá de los controvertidos planes de París.

El Gobierno alemán prevé que cuando una empresa contrate a un trabajador, el periodo de prueba pase de los seis meses actuales a los 24 meses, independientemente de la edad. Esto permitiría rescindir el contrato, aunque el empresario, si así lo decide, debería justificarlo. Socialdemócratas y democristianos defienden este acuerdo, que todavía debe convertirse en ley.

El problema es que, para algunos políticos del centroderecha y para los representantes empresariales, las nuevas medidas son insuficientes. Cuestionan, por ejemplo, la cláusula que obliga a justificar cualquier rescisión de contrato.

"No estamos, ni estoy, dispuesto a más. Recortar los derechos de los trabajadores no sirve para nada, ni para el mercado laboral ni desde el punto de vista económico", dijo al diario Süddeutsche Zeitung el socialdemócrata Franz Müntefering, vicecanciller y ministro de Trabajo. Poco después, el secretario general de la Unión Democristiana, Ronald Pofalla, tranquilizaba: "Lo que vale es el acuerdo de coalición".

La disputa sobre el despido libre ha suscitado un debate sobre la validez del acuerdo de la gran coalición. De un lado, están quienes sostienen que el detallado acuerdo, cerrado tras semanas de negociaciones entre socialdemócratas y democrisitanos, es ley y que el Gobierno no puede apartarse de él. De otro, quienes lo ven como una base que ofrece margen para poner en marcha nuevas políticas. En medio, Merkel, que hasta ahora se ha mantenido por encima de los roces entre las dos fuerzas gubernamentales.