La propuesta del Gobierno francés de crear un contrato de trabajo para jóvenes que ha encendido al país toma como referencia la reforma laboral española y su balance: menos paro juvenil, más temporalidad y un mercado laboral dual.

Los empresarios y políticos franceses que defienden el nuevo contrato de primer empleo (CPE) que promueve el Gobierno de Dominique de Villepin y los jóvenes y sindicatos que han salido a las calles exigiendo que no se instaure toman como referencia las reformas laborales españolas y sus consecuencias, ambivalentes: la tasa de paro entre los menores de 26 años ha caído del 40% en 1994 al 19,65%, ayudada quizás por unos años excepcionales de crecimiento económico; la tasa de temporalidad se ha situado en el 33%, una de las más altas de Europa, y se ha creado, según coinciden empresarios y sindicatos, un mercado laboral dual, con condiciones diferentes entre los que tienen un contrato indefinido clásico y el resto de los trabajadores.

El CPE francés se caracteriza por tener duración indefinida pero condiciones laborales menos favorables al trabajador, como incorporó en España en 1997 el contrato de fomento del empleo. El contrato español, sin embargo, está abierto a diversos colectivos y no sólo a los jóvenes, para los que en España también hay dos contratos específicos: los de formación y prácticas.

Javier Ibars, jefe de relaciones laborales de la patronal Foment del Treball, rechazó que España sea un buen "modelo de flexibilización o reducción de costes laborales", pero defendió el éxito del contrato de fomento del empleo (con la reducción del coste de despido a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades), porque "ha ido en la dirección correcta de facilitar la entrada y la salida del mercado laboral". Con 995.000 contratos de fomento firmados en el 2005, "desde que se introdujo ha reducido en más de doce puntos la tasa de temporalidad". Respecto a los contratos de prácticas y formación, específicos para jóvenes, con 206.000 firmados el año pasado, "acaban siendo poco utilizados por los empresarios a pesar de que permiten pagar sueldos por debajo del convenio, porque está muy restringido el perfil de los posibles beneficiarios".

Josep Montoya, secretario de coordinación sectorial de UGT Catalunya, lamenta en cambio que "en España se ha ido desvirtuando el espíritu inicial de ese contrato de formación", al abrirse a colectivos amplios como jóvenes, mujeres, extranjeros o mayores, lo que ha provocado "un mercado laboral dual, en el que los inframileuristas tienen un perfil claro, dominado por jóvenes, mujeres o extranjeros".

Simón Rosado, responsable de acción sindical de CC.OO. de Catalunya, asegura que el modelo español muestra que recortar los derechos laborales de los contratos "sólo conduce a precarizar el empleo de las nuevas generaciones, dándoles peores condiciones y salarios más bajos, y no crea más empleo". Rosado asegura que instaurar nuevos contratos "da resultados inmediatos y rápidos en la contratación, pero esos empleos no se consolidan y cuando vengan los problemas esos empleos se destruirán". Rosado recuerda que diversas reformas laborales han intentado crear en España "contratos basura" para jóvenes, pero a su juicio "a los empresarios ya no les interesa mucho, porque tienen sus atajos a través de la concatenación de contratos temporales, que es habitual aunque sea ilegal".

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