Los funcionarios que incumplan su cometido podrán ser cambiados de puesto y ver reducidas las retribuciones vinculadas a la productividad. No tendrán un "puesto para toda la vida", pero siempre conservarán el trabajo en el nivel que tengan consolidado.

Los funcionarios que incumplan su cometido podrán ser cambiados de puesto y ver reducidas las retribuciones vinculadas a la productividad o al cumplimiento de objetivos. La medida, que exigirá evaluciones periódicas, está recogida en el anteproyecto de ley de Estatuto Básico del Empleado Público que presentó ayer en el Congreso el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. De ese modo, los funcionarios no tendrán un "puesto para toda la vida", pero siempre conservarán el trabajo en el nivel que tengan consolidado. Sevilla llevará el texto al Consejo de Ministros en abril.

El anteproyecto de ley afecta a los 2,4 millones de funcionarios y personal laboral de la Administración del Estado, autonómica y local, si bien los militares, policías o jueces, entre otros, se regirán también por su legislación específica. El ministro Sevilla recordó en su comparecencia parlamentaria que el Estatuto del Empleado Público es un mandato constitucional y arguyó que es necesario dotar al personal al servicio del Estado de una legislación moderna y más ágil.

Entre las novedades que introduce el texto propuesto, que el Gobierno se propone negociar con sus socios parlamentarios y ante el que el PP ha expresado su rotunda desaprobación, la que más preocupa a los sindicatos es la evaluación periódica del trabajo, que puede tener consecuencias económicas y de pérdida del puesto.

Si, por ejemplo, un interventor municipal no cumple eficazmente su labor, podrá ser relevado, si bien mantendrá su categoría en el nuevo empleo. En la legislación vigente, sólo un expediente disciplinario o una sentencia firme puede hacer perder el derecho de inamovilidad de los funcionarios, algo que Sevilla considera "matar moscas a cañonazos".

Pero el asunto tiene implicaciones de gravedad si no se establecen mecanismos para evitar la arbitrariedad, como le señaló la diputada de Izquierda Verde Isaura Navarro y admitió el ministro. CC OO y UGT reclaman criterios objetivos, medibles y públicos para impedir que, por ejemplo, un funcionario incómodo para un político pierda su puesto y se desvirtúe la condición fundamental del funcionariado, cual es servir los intereses públicos con independencia de quién gobierne.

Además, el anteproyecto fija que las retribuciones básicas serán iguales en todo el Estado y entre las complementarias (se dejan a cada administración) se introducen factores como "el grado de interés, la iniciativa o el esfuerzo".

Se obliga a que los contratos temporales sean como máximo el 10% de la plantilla de cada administración (actualmente alcanza el 30% en los ayuntamientos y el 20% en las autonomías) y establece la figura del personal directivo, también contestado por los sindicatos.

Con el objetivo de dotar de más transparencia a los procesos de selección se propone que los miembros de los tribunales examinadores se elijan por criterios técnicos antes que por adscripción política o sindical. Y se establecen criterios de paridad en su composición.

También se intenta motivar a los empleados públicos con nuevos modelos de promoción horizontal que no impliquen cambiar el puesto de trabajo.

Asimismo, se regula el derecho a la negociación colectiva, (con la creación de una Mesa General de Negociación) ya la representación y participación de los funcionarios. Los acuerdos serán directamente aplicables, si bien CC OO reclama que los incrementos retributivos se trasladen obligatoriamente a la Ley de Presupuestos y que haya resarcimiento si se incumplen los pactos.

Otro de los aspectos novedosos de la nueva legislación reside en que se incluye un catálogo de principios éticos y un código de conducta que regirá para todo el sector público sin excepción.

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