Podrán ser cesados si no hacen bien su trabajo, según la reforma del Estatuto del Empleado Público. La continuidad en los puestos dependerá de lo que se haga en éstos. Las administraciones territoriales tendrán libertad para fijar complementos salariales.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha explicado en el Congreso su propuesta de que los funcionarios puedan perder su puesto de trabajo si no desempeñan su labor correctamente. "Se acabó el que estos empleados crean haber obtenido un puesto para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe", ha sentenciado.

Sevilla defendió ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso que era "inaplazable" aprobar, como estipula la Constitución, un Estatuto Básico del Empleado Público, que hoy explicó en la Cámara Baja, y emplazó al PP a que se sume a negociar este texto.

"Hago un llamamiento al PP a que reconsidere, más que su oposición, su negación frontal del presente Estatuto, y para que recuperemos los cauces de diálogo que nos permitan llegar a un acuerdo, o al menos intentarlo", aseveró Sevilla.

El ministro glosó las grandes semejanzas que encuentra entre el texto propuesto y el que elaboró el PP en 1999, que finalmente no llegó a ser aprobado. "Estoy convencido de que, cuando el presente Estatuto llegue a la Cámara, todos estaremos a la altura que nos exige nuestro deber y lograremos un proyecto de futuro para nuestra administración pública", agregó.

Según Sevilla, la principal novedad del texto radica en que los empleados deberán responder de su trabajo y, si no son eficientes, podrán ser cesados de su puesto. "Pasan a tener una gran importancia los métodos objetivos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional", sostuvo.

El anteproyecto "supone, ante todo, la introducción de una importante novedad, que consiste en hacer que los empleados públicos respondan continuamente de los resultados de su actuación, para lo que se establece la evaluación objetiva del desempleo como elemento clave y mecanismo de modernización".

"La continuidad en los puestos", agregó Sevilla, "dependerá de lo que se haga en éstos, desapareciendo así la presunción de estar obteniendo 'un puesto para toda la vida ', se desempeñe como se desempeñe".

Puntos clave

El Gobierno, explicó el ministro, busca reformar la Administración bajo tres principios: "Mejora de la organización, mejora de la relación con los ciudadanos y mejora de la función pública".

Otras cuestiones básicas del anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público son la clasificación del personal en funcionario, laboral y eventual, regulándose, asimismo, la figura del personal directivo, lo que va a ser "crucial" para modernizar la Administración.

En materia de sueldos, habrá unas retribuciones básicas que serán "iguales" para todas las administraciones (central, autonómica y local), mientras que las complementarias "serán fijadas por cada administración".

En 1999 se propuso, recordó el ministro, que las retribuciones fueran similares en toda España, "algo que la realidad, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desmiente claramente, existiendo diferencias muy significativas entre las retribuciones a los empleados públicos de las comunidades".

Queda regulado, asimismo, el sistema de acceso y selección de los empleados públicos, en función de los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad", pero también considerando los de "publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad, sin merma de la objetividad".

El Gobierno también establecerá el derecho a la negociación colectiva, el de representación y el de participación por parte del personal funcionario, una de las medidas más reclamadas por las organizaciones sindicales. Se creará una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

El anteproyecto, añadió Sevilla, incluye cuestiones como el impulso a la igualdad de género o la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Habrá, además, paridad en la composición de los órganos de selección y en la provisión de puestos de trabajo, y "tolerancia cero" con cualquier tipo de discriminación.

El titular de Administraciones Públicas destacó la negociación mantenida sobre su propuesta con las comunidades autónomas, los agentes sociales, los ayuntamientos (a través de la FEMP) y otros colectivos representativos del sector público.

Suscríbete gratuitamente a nuestros boletines

Recibe noticias e ideas en Recursos Humanos.
Suscripción

Utilizamos cookies para ofrecer a nuestras visitas una mejor experiencia de navegación por nuestra web.
Si continúas navegando, consideramos que aceptas su utilización.