El Gobierno ha previsto una batería de medidas para fomentar la movilidad de funcionarios entre las distintas administraciones -el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos-.

Bien es verdad que el creciente proceso de descentralización administrativa y financiera, con las reformas de los estatutos de autonomía está causando, y causará, que prácticamente el traslado de funcionarios vaya del Gobierno a las comunidades autónomas.

En cualquier caso, en la futura ley del Estatuto del Empleado Público, a cuya última versión -del pasado 17 de abril- ha tenido acceso EXPANSIÓN, se regula que las distintas administraciones puedan llegar a acuerdos de movilidad de los trabajadores “para aprovechar mejor los recursos humanos y garantizar la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos”. Acuerdos como la homologación mutua de los puestos de trabajo y otras condiciones laborales en los destinos que puedan ser cubiertos por funcionarios de otras administraciones. Y en esta línea también el “reconocimiento recíproco” de las reformas introducidas en la carrera profesional.

En este contexto, los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas “se integrarán plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas”. Y esto significa que el gestor deberá respetar “todos los derechos económicos y el grupo profesional” que tuviese reconocidos en la Administración de procedencia.

Otras ventajas previstas para los empleados que decidan trasladarse a otra administración es que, en cualquier momento, pueden optar a participar en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo en su administración de origen.

En cualquier caso, y cualquiera que sea su emplazamiento laboral, los funcionarios que estén en esta situación seguirán generando antigüedad, que siempre le será tenida en cuenta en la nómina. De la misma forma, también tendrán reconocidos los derechos y reconocimientos profesionales obtenidos a lo largo de su carrera, aunque tendrán que cumplir la normativa de la Administración de destino.

En este sentido, el proyecto ha previsto la posibilidad de que, en su caso, las comunidades con una lengua propia también podrán exigir su conocimiento al candidato. Con carácter general, las comunidades autónomas pueden establecer las pruebas que consideren adecuadas para sus empleados públicos y “que guarden relación objetiva y proporcionada con las tareas o funciones a desempeñar”.

Malos tratos

Tanto para la movilidad entre administraciones como dentro de una misma, el futuro Estatuto del Empleado Público otorga preferencia en la movilidad geográfica en las mismas condiciones laborales que tenían antes a aquellas mujeres que sean objeto de malos tratos.

Con carácter voluntario para el funcionario, cada administración podrá regular la movilidad laboral de sus empleados “cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de personal”. Siempre con el respeto de sus retribuciones. Y si el traslado significa un cambio de localidad, el funcionario deberá recibir “las indemnizaciones reglamentarias”.

Curiosamente, la introducción de medidas -e incentivos- para la movilidad de los empleados públicos entre las administraciones coincide en el tiempo con el nuevo proceso de reformas estatutarias abierto por el Gobierno. Proceso que producirá una nueva descentralización administrativa y financiera. Además, no hay que olvidar que el ministro Jordi Sevilla, ya ha dicho que uno de sus objetivos es reducir el número de funcionarios del Gobierno con prejubilaciones.

http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica.html Acceso a página del Estatuto de Función Pública del MAP:

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