El Ministerio, la patronal y los sindicatos van a empezar a estudiar cómo abrir la actividad que hacen los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) a la empresa privada. Trabajo quiere fomentar las empresas de recolocación de trabajadores despedidos.

El Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos van a empezar a estudiar cómo abrir la actividad que hacen los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) a la empresa privada. De momento, Trabajo quiere fomentar las empresas de recolocación de trabajadores despedidos.

El reciente acuerdo de reforma laboral incluye la creación de un grupo de trabajo, junto a patronal y sindicatos, que estudiará posibles cambios normativos para modernizar los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) y 'si hay consenso ', abrir el sector a la empresa privada.

Así lo explicó ayer el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, después de que el propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, mostrara la pasada semana su disposición a permitir a las empresas de trabajo temporal (ETT) que intermedien en la demandas y ofertas de empleo, de forma complementaria a los servicios públicos de empleo.

No obstante, Gómez enfatizó ayer que el Gobierno no tomará ninguna decisión al respecto sin el respaldo de empresarios y sindicatos. Dicho esto, señaló que las centrales sindicales ya han manifestado cierto rechazo a la intermediación privada en la oferta y demanda de empleo.

Aún así, Gómez se mostró partidario de ampliar de alguna forma la intervención de empresas privadas en la intermediación del empleo, 'porque en la actividad que ya hacen no hay una mala relación de intercambio '. Además, añadió que los países europeos con los servicios públicos más potentes son aquellos donde la empresa privada participa con el sector público de forma complementaria.

En cualquier caso, e independientemente del resultado de este grupo de trabajo, el secretario general de Empleo se mostró partidario de fomentar 'una mayor presencia de las empresas de recolocación ', sobre todo, en determinados sectores en crisis, como es el caso del textil o en casos de expedientes de regulación de empleo (ERE).

Estas empresas, que ya funcionan en España pero aún de forma tímida, se dedican a buscar empleo a trabajadores despedidos, generalmente en procesos de ajustes de plantilla en grandes empresas. La compañía que realiza el ERE es la que contrata a la empresa de recolocación para que ayude a los despedidos a encontrar empleo de forma activa, y en muchos casos reciclándolos para un nuevo empleo.

En España, este sector no está regulado y ésta es una demanda de las empresas de recolocación. En otros países como Francia o Bélgica, las empresas que presentan un expediente de regulación de empleo están obligadas a presentar un plan social, en el que contratan a una de estas empresas para tratar de recolocar a los empleados de los que prescinden.

Por otra parte, Gómez aseguró que el Gobierno tiene garantías de que los grupos parlamentarios no introducirán modificaciones sustanciales en la reforma laboral, que se tramitará como ley, por la vía urgente. En su opinión, no será necesario que los grupos parlamentarios hagan una declaración comprometiéndose públicamente a no hacer cambios importantes del contenido de la reforma, tal y como reclamó ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

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