Unos 61.800 contratados no funcionarios cobrarán atrasos desde el 2005. El salario mínimo será de 1.170 euros al mes y tendrá un coste global de 200 millones. Cada contratado laboral del Estado cobrará por esta deuda entre 1.514,31 y 2.745,51 euros.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reconoció ayer que era un "acto de justicia" elevar un 19% de media los salarios de los 61.802 trabajadores contratados (no funcionarios) por el Estado. Este incremento, que llega al 33% en el caso de los sueldos más bajos, ha quedado reflejado en el segundo convenio único 2005-2008 de este colectivo firmado ayer con los sindicatos.

Según el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, este incremento medio se eleva hasta el 28% si se tiene en cuenta la subida de la inflación.

El convenio, al ser retroactivo, obliga al Estado a destinar 200 millones de euros para pagar los atrasos generados desde ese año hasta el 2006. Cada contratado laboral del Estado cobrará por esta deuda entre 1.514,31 y 2.745,51 euros, aunque la mayoría percibirá un promedio que rondará los 2.000 euros.

Sevilla aceptó que "este colectivo no siempre ha estado suficientemente reconocido". El convenio pretende entre otras cosas equiparar los salarios del personal laboral del Estado al de los trabajadores contratados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De esta manera, los empleados con menor remuneración de la Administración central percibirán subidas de hasta el 33% (sumada la inflación) para que, en ningún caso, cobren sueldos inferiores a 1.170 euros mensuales, 400 euros por encima del salario mínimo interprofesional prometido por el Gobierno para el resto de los asalariados al final de la legislatura.

REESTRUCTURACIÓN

Para el portavoz de CCOO, José Gálvez una de las principales novedades es la reestructuración interna de este colectivo, hasta ahora organizado en ocho grupos profesionales, para ofrecer "remuneraciones más justas". A partir de ahora, sólo habrá cinco grupos distribuidos mediante una nueva clasificación profesional que posibilitará, a más de un 50% de la plantilla, mejorar su categoría y su salario. Además, el acuerdo revisa la provisión de puestos de trabajo para facilitar los ascensos y la movilidad funcional de los trabajadores.

Con el fin de promocionar las carreras profesionales de este personal laboral se crearán 35.000 complementos que permitirán a estos empleados mejorar sus retribuciones en función del rendimiento y diseñar una carrera profesional dentro de la Administración, algo que antes no era posible.

Por último, el convenio incluye medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar --y contra la violencia de género-- que están previstas ya en el Estatuto Básico del Empleado Público.

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