Conchita Pérez ha afrontado un peregrinaje procesal de 12 años hasta cobrar 123.000 euros, la primera parte de la indemnización que le corresponde por haber resultado intoxicada en el geriátrico de Barcelona en el que trabajaba.

Tiene dificultades para caminar, mantener una conversación y la lectura y o la televisión le producen fuertes dolores de cabeza. Ha perdido buena parte del sentido del gusto y es hiperalérgica: estar cerca de alguien con perfume, en una sala con ambientador o tomar algún alimento tratado químicamente pueden llevarle a una convalecencia de días. Conchita Pérez, de 55 años, ha afrontado un peregrinaje procesal de 12 años hasta cobrar, la semana pasada, 123.000 euros, la primera parte de la indemnización que le corresponde por haber resultado intoxicada con un agresivo insecticida que una fumigadora aplicó imprudentemente en el geriátrico de Barcelona en el que trabajaba.

"Siempre pienso: ojalá me hubiese caído, ojalá me hubiese roto algo", explica, "pero mi accidente fue invisible y nadie me creyó, ni yo misma". El 12 de octubre de 1994 entró a primera hora de la mañana en una sala anexa al geriátrico, cuando no habían pasado las 78 horas reglamentarias después de que se fumigase el lugar con un potente insecticida, un organofosforado, para luchar contra una plaga de escarabajos. Ese día cayó inconsciente en varias ocasiones, pasó varios días sin poder comer ni caminar y pasó una semana de baja. Pero nadie, ni ella misma, identificó lo que le había ocurrido. Y eso fue lo peor, porque dos años después resultó de nuevo intoxicada. A partir del primer accidente el deterioro de salud fue inexorable. Perdió la fuerza de piernas y brazos, apenas comía, y en ocasiones se desorientaba en plena calle, sin saber regresar a su casa. "Todos creían y me convencían inútilmente de que tenía una depresión, por eso intentaba seguir trabajando", recuerda ahora. En 1996, mucho más sensible a cualquier producto químico, sufrió una nueva exposición al plaguicida. Fue el jaque mate a su vida laboral y buena parte de sus actividades cotidianas.

Recibió la baja laboral absoluta y comenzó un largo y tortuoso rosario procesal que aún no ha terminado. "Las empresas tienen mucho poder y tú no eres nadie". El 12 de junio de 2002 el Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona condenó al titular de la empresa fumigadora por dos delitos de lesiones por imprudencia a un año de prisión. La responsabilidad civil quedó fijada en 250.000 euros más intereses y costas que debía asumir el condenado, su empresa y la compañía de seguros. La empresa apeló y la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó en 2003 la sentencia. El condenado presentó entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no fue admitido a trámite.

El empresario condenado también pidió en 2003 la suspensión de la pena de cárcel, pese a que no estaba abonada la indemnización, un proceso sobre el que los tribunales aún no se han pronunciado. Tras múltiples escritos al juzgado, Conchita, defendida por el bufete laboralista Col·lectiu Ronda, cobró los primeros 123.000 euros hace unos días. Le queda por recibir la mayor parte de la compensación, así como una póliza de la aseguradora (60.000 euros). No tiene queja de la indemnización que le corresponde, sino del "calvario" que ha sufrido hasta lograr un reconocimiento a lo ocurrido. "¿Qué hago con el dinero, comprarme la salud?", se pregunta. Hace seis años fundó la Asociación de Personas Afectadas por Productos Químicos y Radiaciones Ambientales (Adquira), que agrupa a personas que han sufrido este tipo de accidentes "invisibles".

Acceso a página web de Adquira: http://www.associacioadquira.org

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