La ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres saldrá cara a las empresas: las novedades que entrarán en vigor el próximo año supondrán un coste conjunto para las compañías de más de 1.000 millones de euros anuales.

Esta factura empieza en los 50 millones destinados a pagar la elaboración de los planes de igualdad que deberán crear las empresas con más de 250 empleados, en los que se contemplarán los permisos de paternidad, que costarán otros 300 millones, y la consiguiente formación de los sustitutos de los trabajadores ausentes, para lo que habrá que abonar 300 millones más.

No acabarán ahí los desembolsos. Los expertos alertan de que la nueva ley presionará las negociaciones con los comités de empresa, lo que obligará a las compañías a ser más flexibles en políticas de género.

Auguran, por ejemplo, mayores cesiones en la creación de guarderías en los centros de trabajo, lo que acarrearía un nuevo gasto anual de cerca 500 millones –suponiendo no se acogen los hijos de todos empleados–. Lo mismo sucedería con las excendencias para el cuidado de hijos –para las que se suavizan los requisitos–, que, en el caso de los padres, cuestan casi 13.000 euros por empleado si se produce en los dos años siguientes al parto.

Se trata en todos los casos de gastos anuales para el conjunto de las empresas, calculados a partir de los propios datos del Ministerio de Trabajo. Según el departamento que pilota Jesús Caldera, 435.770 padres trabajadores se acogerán a los nuevos permisos de paternidad –cifra sólo ligeramente inferior al número total de partos–. Así, teniendo en cuenta que el coste medio de diez días de trabajo asciende a 680 euros, la factura total del permiso será de cerca de 308 millones.

Ahora bien, la empresa sólo abonará los dos primeros días de la licencia que ya contempla el Estatuto de los Trabajadores, lo que suma 136 euros por empleado, casi 190 millones en total. Los ocho días restantes que crea la nueva ley serán financiados por la Seguridad Social, que pagará 544 euros por padre, casi 240 millones en total.

La financiación, sin embargo, será bien distinta a la hora de contratar a un trabajador que supla la baja de quien se ha acogido al permiso por paternidad. Una compañía gasta cerca del 1,8% de su masa salarial en formación continua, y sólo un 0,45% se carga a cuenta de las ayudas públicas, y el Fondo Social Europeo, que se gestiona a través de la Fundación para la Formación Continua (Forcem) y los programas de las autonomías.

Así, será la empresa quien financie la mayor parte de los cerca de 700 euros que cuesta la formación de cada empleado –cantidad incluso más elevada en trabajos de alta cualificación–, lo que supone un desembolso total de más de 300 millones. Un cálculo que responde, además, al más idealista de los supuestos: que no todos los trabajadores se acojan al permiso de paternidad –que para ellos lejos de tener un coste supone una importante ventaja– y que el número de nacimientos no siga al alza en 2007.

Las empresas, en cualquier caso, pueden optar por ahorrar costes, desoír las peticiones de Trabajo y no suplir la baja de un empleado, lo que, no obstante, acarrearía no disfrutar del nuevo distintivo que creará el Gobierno para premiar las buenas conductas y que podrá utilizarse en el “tráfico comercial” de la compañía.

Del gasto del que seguramente no podrán escapar las empresas de más de 250 empleados es de la elaboración de los planes de igualdad que pide la nueva ley y que costará 12.000 euros a cada compañía, hasta ese coste total de más de 50 millones. En España, hay más de 4.000 empresas con ese volumen de contratación, y el Instituto de la Mujer sólo ayudará a 100 sociedades al año, confinanciando únicamente el 50% del coste.

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