París quiere poner remedio al uso de la calle como cenicero. Al resultar imposible vigilar a cada individuo en sus paseos urbanos o en su llegada a la puerta de su trabajo, el Ayuntamiento de París obligará a las empresas a ejercer de barrenderos.

Resulta ingenuo decir que las calles son tomadas cada día como si fueran ceniceros. Sin embargo, el gesto es invariable: una vez apurado, el cigarrillo se convierte en un desecho que el fumador medio tira allí donde le resulta más cómodo. Y en la mayoría de las ocasiones la calle gana los favores de las colillas, especialmente en el reducido espacio de acera que pertenece a comercios, empresas o cualquier otro tipo de establecimiento público.

París, una de las ciudades modelo del mundo en muchos aspectos, quiere poner remedio a este uso de la calle como cenicero. Al resultar imposible vigilar a cada individuo en sus paseos urbanos o en su llegada a la puerta de su trabajo, el Ayuntamiento de París obligará a las empresas a ejercer de barrenderos. La medida, 'en curso ' y efectiva en las próximas semanas, según fuentes de consistorio parisino, obligará a toda empresa o establecimiento público en París a recoger las colillas tiradas delante de sus inmuebles. El monto de la multa, que en el caso de una colilla tirada en la calle asciende a 183 euros, todavía no ha sido comunicado.

París se suma con la medida a la cruzada emprendida por Francia contra el tabaco. El país vecino prohibirá por decreto fumar a partir del 1 de febrero de 2007 en lugares públicos, a excepción de bares, restaurantes y discotecas, que tendrán una tregua de un año para adaptarse a la medida. Irlanda abrió la protección a los no fumadores en 2004 con la prohibición total de fumar en lugares públicos. Después le han seguido el paso, aunque con distintos matices, España, Italia, Suecia, Malta y Noruega.

Así, París emulará los grupos de empleados fumadores en sus pausas laborales en la calle que ya son habituales en España. Salvo que la responsabilidad de recoger las colillas restantes no será de los trabajadores, sino de la propia empresa.

Hasta ahora, y siguiendo una ley que ya protegía parcialmente a los no fumadores, algunas empresas acompañan la prohibición de fumar en su espacio con la financiación de programas sanitarios para dejar el tabaco. Es el caso del fabricante de automóviles Peugeot. Otras, como la cadena de centros de bricolaje Leroy Merlin, ofrecen apoyo psicológico, o campañas de concienciación, como la compañía de seguros Axa.

No obstante, no será obligatorio trabajar en estas compañías para recibir ayuda. El Estado dedicará 100 millones de euros a tratamientos médicos para la deshabituación del tabaco, medida que ya existe en otros países, como Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. De una media de 150 euros y un plazo de tres meses, el Gobierno de este país se ha comprometido a sufragar un tercio del coste total del tratamiento. Además, el Ejecutivo galo duplicará las subvenciones a las asociaciones de lucha contra el tabaquismo, de 1,6 millones de euros a 3,2 millones.

Los estanqueros y propietarios de bares, encargados de la distribución del tabaco en Francia, ya han anunciado que saldrán a la calle a manifestarse el próximo 6 de noviembre. El aumento del precio de los cigarrillos -el precio medio de una cajetilla es de cinco euros- y la venta de tabaco transfronteriza han mermado la rentabilidad de este negocio, que ahora exige medidas de acompañamiento para atenuar la caída. En concreto, exigen un plazo de cinco años antes de prohibir fumar en sus locales.

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