Salvador Giner, sociólogo: "La mayoría de los jóvenes prefieren ser funcionarios a empleados de una empresa privada. Una amplia encuesta muestra que el 65% de los españoles de hasta 30 años prefieren trabajar en la Administración pública."

La mayoría de los jóvenes prefieren ser funcionarios a empleados de una empresa privada. Una amplia encuesta muestra que, en condiciones de igual sueldo y estabilidad, el 65% de los españoles de hasta 30 años prefieren trabajar en la Administración pública. Según señalaba este diario el 23 de agosto, solo un 21% de los encuestados optan por entrar en una empresa --con contrato indefinido y 1.200 euros de sueldo-- en vez de hacerlo como funcionarios con igual sueldo y seguridad de empleo.

Los demás hallazgos de la encuesta, realizada por profesores del Institut Valencià d 'Investigacions Econòmiques y de la Universitat Pompeu Fabra, refuerzan la impresión de inclinación hacia la carrera funcionarial. Se valora mucho tener un horario fijo, y poco que la tarea constituya un verdadero reto. Se confirma lo que los sociólogos llevan tiempo subrayando para el caso de España: nada menos que más de las tres cuartas partes, el 77,4%, prefieren trabajar en su lugar de residencia. El estudio no discrimina entre Barcelona y Madrid, pero la tendencia de no querer salir de la propia ciudad es clara. Ello contrasta con las actitudes ante la movilidad geográfica que predominan en otros países occidentales, en los que la gente joven está más predispuesta a mudarse de domicilio, y hasta de país, para hacer carrera.

NO SORPRENDE que el editorial de EL PERIÓDICO de ese mismo día se preguntara si este no era un país de funcionarios. Lamentaba que algo no iba bien cuando los jóvenes prefieren la vida de funcionario a la de la empresa, aunque esta ofrezca estabilidad. Recordaba también el editorial que los inmigrantes muestran mayor flexibilidad ante la búsqueda de empleo. La actitud más aventurada del inmigrante no constituye enigma alguno. Quien emigra va a buscar trabajo, mejores condiciones de vida y hasta, como decía antes, a hacer fortuna. Su posición de partida es, por definición, más ambiciosa y amiga del riesgo que la del autóctono. Por eso casi todas las sociedades se han beneficiado de la inmigración, que estimula la economía, está dispuesta a trabajar con ahínco y no pone en entredicho las condiciones políticas y sindicales del país receptor.

En cambio, las actitudes poco amigas del riesgo laboral de los jóvenes españoles llaman la atención. Abundan las explicaciones culturalistas. Según ellas, los jóvenes pasan por una educación familiar altamente conservadora que les inculca la búsqueda de lo seguro, lo familiar, lo local y la evitación de aventuras. Se supone que el funcionariado es el ámbito en que pueden realizarse esas aspiraciones de tranquilidad, poco trabajo --o nulo trabajo duro-- y garantías de que uno podrá hacerse cargo de esa inacabable hipoteca que todos tenemos que pagar, estemos en el sector que estemos.

La explicación culturalista es insuficiente. Los factores culturales --la mentalidad de cada clase social, el carácter regional o nacional que predomina en cada lugar, los hábitos heredados-- son importantes, pero nunca decisivos. Explican muy poco. Si vamos por esa senda, acabaremos hablando, como solía hacerse, del fatalismo de los andaluces frente al espíritu emprendedor de los catalanes, y demás comparaciones --odiosas a veces-- sobre una presunta psicología popular. Luego ha resultado que el imaginario fatalismo iba ligado a la estructura económica de Andalucía --con sus latifundios, señoritos propietarios y trabajo estacionario para los peones--, y el espíritu de empresa de catalanes y vascos a su industria, red empresarial y mercado laboral moderno.

ES NECESARIO aplicar hoy los mismos criterios que nos ayudaron ayer a desmontar falsedades sobre la supuesta cultura económica de cada país. Lo que es preciso constatar es, ante todo, el conjunto de oportunidades objetivas que ofrece a la juventud una determinada economía. Si, como es el caso español, la transición a la democracia nos llevó a la hiperexpansión del sector público, parece evidente que quienes entran en el mercado laboral se acercan primero a los numerosos puestos disponibles.

Los esfuerzos por eliminar burocracia, simplificar trámites y suprimir aparatos públicos superfluos brillan penosamente por su ausencia en la España de los últimos 30 años. Los mismos que han proclamado su fe en el neoliberalismo concurrencial y, a veces, en la autonomía de la sociedad civil, no han hecho nada sustancial para reducir el peso, carísimo por cierto, del aparato estatal en todos sus niveles. Hay, en consecuencia, una oferta masiva de puestos públicos --muchos de ellos, paradójicamente, precarios, pues son demasiados los interinos que nunca dejan de serlo-- percibidos como una salida adecuada por los jóvenes. Nada de mentalidad, nada de cultura, nada de tradiciones: lo que hay es un sesgo público pernicioso en el mercado español de trabajo que explica las cosas.

El joven que quiere abrirse camino en la vida percibe la situación con su sexto sentido. Sabe muy bien dónde hay trabajo y dónde no. Que prefiera la Administración a la empresa, aunque se le ofrezca una (solo aparente) igual seguridad en ambas, no es un misterio. Las cosas no son como son, sino como se perciben. La empresa, por sólida que sea, puede venderse a una multinacional, disolverse, reducir plantilla, tenerse que apretar el cinturón. Para el joven que prefiere la seguridad al riesgo, la percepción de que los vientos de la concurrencia, la deslocalización y hasta la crisis pueden afectar a cualquier empresa, pero no a la Administración que sostenemos todos los contribuyentes, es un estímulo muy potente. Irresistible es para él su discreto, su burocrático encanto.

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