La futura Ley de Igualdad incluirá un nuevo permiso de paternidad de quince días de duración, que se ampliará hasta un mes de forma progresiva en ocho años. El coste anual del permiso de dos semanas ascenderá a unos 400 millones de euros anuales.

El coste anual del permiso de dos semanas ascenderá a unos 400 millones de euros anuales que costeará íntegramente la Seguridad Social, pagando el salario y las cotizaciones del trabajador en esos días.

La sala del Congreso de los Diputados en la que se debatía el dictamen de la Ley de Igualdad fue ayer un auténtico hervidero de parlamentarios negociando cambios del texto legal durante más de cuatro horas. Se trataba de consensuar las enmiendas que modificarán el actual proyecto de Ley de Igualdad previamente a que sea discutida por el pleno del Congreso antes de fin de año. Estas modificaciones no serán, por tanto, las definitivas pero el texto final se parecerá mucho al pactado ayer.

Entre las novedades que no cambiarán está la creación del nuevo permiso de paternidad que finalmente será de quince días (frente a los diez días previstos inicialmente por el proyecto de ley), que podrá disfrutarse desde que entre en vigor la ley previsiblemente en marzo próximo. Además, el texto final de la norma incluirá también que 'el Gobierno ampliará de forma progresiva y gradual ' este permiso 'hasta alcanzar el objetivo de cuatro semanas a los ocho años de entrada en vigor de la presente ley '. Así, el permiso de paternidad será de un mes en 2015.

Desde que entre en vigor se podrá disfrutar a partir del parto, en cualquier momento durante la baja maternal e incluso después de ésta. Se podrá duplicar su duración si se disfruta a tiempo parcial.

Esta ampliación se produjo gracias a una enmienda transaccional de IU-ICV, que finalmente contó con los suficientes votos para salir adelante, incluidos los de los diputados socialistas que se resistieron hasta el último minuto, ya que era el propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el que se negaba firmemente a que el permiso fuera de más de quince días.

Los motivos dados por los socialistas para negarse al permiso de un mes fueron 'objeciones económicas y culturales ', además del compromiso con la patronal para que la duración de estos permisos no dañara el funcionamiento de las empresas.

En cuanto a las razones económicas, los responsables socialistas hicieron ayer muchos números y llamaron hasta al propio ministro de Economía, Pedro Solbes, para que diera su visto bueno a la ampliación de gasto que supondría el nuevo permiso.

La Seguridad Social será la que se haga cargo del coste que supondrán los permisos de paternidad y que ascenderá a unos 400 millones de euros anuales. Con este dinero se pagarán los salarios y las cotizaciones sociales de los que se acojan al derecho.

Las enmiendas aprobadas incluyen otros cambios, como por ejemplo que a las mujeres que se acojan a la reducción de jornada para cuidado de hijos se les contabilizará como cotizada toda la jornada completa. Además, se crea un permiso de dos días para el cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad que haya sido operado quirúrgicamente, aunque no requiera hospitalización pero sí reposo domiciliario.

La norma mantiene la obligación de elaborar listas electorales paritarias. No podrá haber menos del 40% de mujeres en tramos de tres candidatos, salvo en los municipios de 5.000 habitantes. En las elecciones de 2001 este limite se reduce a 3.000.

El agente especial para combatir la discriminación

Los cambios en la Ley de Igualdad que los grupos políticos negociaron ayer en el Congreso de los Diputados, no afectaron prácticamente a las nuevas medidas previstas para las empresas en el texto inicial. Sin embargo, a propuesta de IU-ICV, se 'generará y desarrollará la figura del Técnico/a de Igualdad (agente de igualdad) en las Administraciones Públicas ', cuyo objetivo será 'la consecución del principio de igualdad '.

Se mantiene intacta la obligación para todas las empresas de negociar medidas que eviten la discriminación de la mujer. Las empresas de más de 250 trabajadores estarán obligadas a negociar un 'plan de igualdad ', que incluirá un análisis de la situación de la empresa, un conjunto de medidas antidiscriminatorias y un plan de seguimiento. El incumplimiento de este plan conllevará sanciones para las empresas que irán desde 3.005 hasta 90.000 euros.

La ley también mantiene que las empresas cotizadas 'procurarán incluir ' en su Consejo de Administración al menos un 40% de mujeres, algo que la patronal considera que atentado contra la libertad de empresa.

El Congreso rechazó la propuesta del PP de extender este equilibrio a los órganos de dirección de las empresas y de las organizaciones sindicales y ONG.

Sin embargo, las enmiendas introdujeron algunos cambios que afectarán a las empresas. Entre ellos, se precisa que a la hora de primar en la adjudicación de concursos públicos a las empresas que tengan una composición equilibrada de sus consejos de administración, esta prioridad se otorgará siempre que las propuestas de las empresas 'igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación '.

Asimismo, los planes de igualdad incluirán que las empresas 'elaboren indicadores estadísticos de discriminación ', según lo demandado por CiU.

Mejoras para autónomos y madres jóvenes que no han cotizado

  • Los trabajadores autónomos podrán percibir los subsidios de maternidad y el permiso de paternidad durante el mismo tiempo que los trabajadores asalariados. También podrán acogerse a estos derechos en régimen de jornada parcial.
  • La ley extiende las bonificaciones del 100% de las cuotas a la Seguridad Social a los trabajadores que se contraten para sustituir a los autónomos o socios de cooperativas durante sus permisos de paternidad y maternidad, adopción o acogimiento.
  • Se suprime la exigencia de cotizar 180 días para obtener el permiso de maternidad para las madres menores de 21 años. Si la madre tiene entre 21 y 26 años se les exigirá un periodo mínimo de cotización de 90 días en los siete años anteriores al parto o, 180 días en toda su vida laboral para acceder a dicha prestación.

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