La mejora de la prosperidad de Europa pasa por integrar a todos los colectivos socialmente excluidos, como son, entre otros, los discapacitados, las víctimas de violencia de género, los ex reclusos, las personas sin hogar, los inmigrantes, etcétera.

La mejora de la prosperidad de Europa pasa por integrar a todos los colectivos socialmente excluidos, como son, entre otros, los discapacitados (físicos y psíquicos), las víctimas de violencia de género, los ex reclusos, las personas sin hogar, los inmigrantes, las minorías étnicas, etcétera.

Así lo indica la Agenda de Lisboa, que ha fijado la incorporación de estas personas al mercado laboral como uno de los retos principales para convertir a la economía europea en la más competitiva del mundo en 2010. Un grupo de expertos en economía social, que participaron en una jornada organizada por Cinco Días y Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) sobre inserción laboral, aseguran además que lograr esta integración será muy rentable para el crecimiento económico de España.

De momento, las cifras oficiales ponen de manifiesto que para que el mercado laboral español logre el pleno empleo sería imprescindible incorporar a la población activa (personas entre 16 y 64 años en disposición de trabajar) al millón de discapacitados que hay en España. De este millón, sólo trabajan 100.000 personas; unas 200.000 cobran una pensión no contributiva; otras 40.000 son demandantes de empleo y unas 650.000 son inactivos (no están dispuestos a trabajar).

Pero al margen de los beneficios obvios que supondría la situación de pleno empleo, los expertos hacen hincapié en lo rentable que sería para las arcas públicas un mayor apoyo de la economía social (empresas de inserción, centros especiales de empleo y cooperativas de iniciativa social). Las cifras de la Cepes muestran que este tipo de economía agrupa a más de 48.000 empresas que facturan más de 90.000 millones de euros al año (alrededor del 7% del PIB) y da trabajo a cerca de dos millones de personas.

En función de estas cifras, el presidente de Cepes, Marcos de Castro, asegura que de no existir la economía social, harían falta 400.000 nuevos funcionarios para suplir la atención que ésta aporta a todo tipo de colectivos excluidos socialmente.

Entre otros datos que avalan la rentabilidad que supondría la integración sociolaboral de dichas personas es que, por ejemplo, cada excluido en proceso de inserción aporta al Estado unos 15.000 euros netos al año, que es el saldo entre lo que aporta en cotizaciones, impuestos y consumo y lo que se ahorra el Estado en ayudas para mantenerle, según explica Asunción García, presidente de la Federación Española de Empresas de Inserción.

De hecho, sólo en el pago de las cotizaciones, estas personas aportan más que las ayudas estatales y autonómicas que reciben las empresas que les dan trabajo, y que suponen alrededor del 15% de su facturación, añade García.

Ahorro directo para el Estado

Otro ejemplo lo facilita el secretario general del Cermi (Comité Español de Representantes de Minusválidos), Luis Cayo, quien afirma que 'dar trabajo a discapacitados muy severos supondría un ahorro directo para las arcas pública de 250.000 millones de euros al año '.

De momento, según denuncian estos expertos el único marco legal específico que existe para la inserción de estos colectivos afecta exclusivamente a los discapacitados y es la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi), que ahora cumple 25 años.

Además de criticar que esta ley se ha quedado obsoleta y resulta insuficiente, los analistas aseguran que los empresarios no la cumplen. 'De forma generalizada se incumple la Lismi que obliga reservar el 2% de las plazas para discapacitados en las empresas de más de 50 trabajadores y no pasa nada e incluso estas empresas alardean de planes de Responsabilidad Social y nadie los cuestiona ', critica Marcos de Castro. De hecho, según los cálculos del Cermi, sólo cumpliendo esta cuota se generarían unos 90.000 empleos en el sector privado.

Pero ¿por qué no se cumple esta ley? Luis Cayo cree que, entre otras causas, es porque los discapacitados no están sindicados, por ejemplo, con lo cual no constituyen un grupo de presión dentro de los sindicatos, 'y a los políticos no les interesa mandar a la Inspección de Trabajo para comprobar que las empresas no cumplen la ley '.

Sin embargo, la inserción sociolaboral de estas personas no se logra sólo dándoles un empleo, según coinciden todos los expertos. El coordinador general de Cruz Roja, Antoni Bruel i Carreres incide en ello: 'se tiende a pensar que quien no tiene empleo está excluido, pero a largo plazo esto afecta también a su familia, porque no tiene una vivienda, no da educación a sus hijos, etcétera '. Por ello, aconseja que a la vez que se busca empleo para las personas de difícil inserción laboral, se debe actuar paralelamente apoyando al entorno del excluido.

Soluciones horizontales

Es por este motivo que el responsable de Cruz Roja, junto con Luis Cayo, de Cermi, insistieron en que 'para que las soluciones funcionen tienen que ser cada vez más horizontales '. Esto significa, que los poderes públicos no deben trabajar con acciones verticales, sólo sobre el empleo, la educación o sobre la vivienda, por separado, sino de forma orquestada con todos los factores que afectan al excluido.

'No es cierto que dando un empleo a estas personas ya cuentan con plena inserción social ', dice José María Ibáñez, secretario general de Feaps, movimiento asociativo en favor de las personas con discapacidad intelectual. En su opinión, este colectivo tiene aún mayores obstáculos que los discapacitados físicos y otros excluidos sociales, y requieren de políticas específicas de integración.

De hecho, Ibáñez explica que, por lo general, los excluidos que se incorporan a la sociedad a través de políticas de integración generalistas, fracasan y, sin embargo, los que lo hacen a través de políticas específicas, que muchos califican como discriminatorias, son exitosos en el mercado laboral.

En cualquier caso, lo que todos tienen claro es que el origen del problema es que los cambios políticos, sociales y tecnológicos resultan demasiado rápidos para determinadas personas y eso las deja fuera del mercado laboral y, por ende, de la sociedad. 'La exclusión la generamos todos y la tenemos que solucionar entre todos ', opina Asunción García.

De ahí que los conocedores de esta problemática, al margen de demandar más apoyo para las fórmulas empresariales de la economía social, advierten que tampoco deben dejarse de lado las políticas públicas tradicionales de ayudas a los discapacitados.

Los datos así lo recomiendan, ya que, por ejemplo, la atención a una persona con una discapacidad media-severa le cuesta a la familia unos 30.000 euros adicionales al año. Es más, el responsable de Cermi asegura que 'si no hay más exclusión es por la red de apoyo que representan las familias '.

Otra de las quejas que formulan los profesionales del sector tiene que ver con la falta de representatividad de estos colectivos, dentro de la maquinaria social. 'Hoy en día el diálogo social se centra en dos agentes (patronal y sindicatos) muy importantes en el siglo pasado pero insuficientes para reflejar la realidad actual ', dice Marcos de Castro.


Luis Cayo. Secretario general de Cermi

'No confío tanto en lo que van a hacer los políticos por la integración sociolaboral, sino que confío más en la creatividad de la ciudadanía articulada, en las iniciativas de la economía social '

Marcos de Castro. Presidente de Cepes

'Pedimos políticas públicas que activen la cohesión social e incluyan a aquellos que el mercado rechaza. Heredamos una sociedad industrial que valora lo productivo y esconde y excluye lo improductivo '

José María Ibáñez. Secretario general de Feaps

'Las ayudas que los servicios sociales dan a las personas excluidas y las distintas prestaciones económicas son, en muchos casos, una trampa mortal de la que la mayoría de ellos no consigue salir '

Antoni Bruel. Coordinador general de Cruz Roja

'No buscamos crear empleo de gran calidad, pero tampoco queremos puestos de caridad. Sea como sea buscamos dignificar a las personas, no sólo tenemos en cuenta que se hagan con un empleo '

Asunción García. Asoc. Esp. de Empresas de Inserción

'Está estudiado que cada trabajador en proceso de inserción aporta a las arcas públicas un beneficio anual de 15.000 euros, que es el saldo entre lo que aporta y lo que se ahorra el Estado en ayudas sociales para atenderle '


Las empresas de inserción esperan desde hace diez años una ley que las regule

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados empezaron en 1996, hace ya diez años, a hablar sobre la posibilidad de crear una ley que regulara las empresas de inserción.

Desde entonces, ha habido numerosos estudios, borradores e incluso un texto articulado, 'que en el año 2000 nos hizo pensar que podíamos conseguir que se aprobara la ley ', dice Asunción García, presidenta de la Federación Española de Empresas de Inserción.

'Es inexplicable -señala Marcos de Castro, presidente de Cepes- que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en regular las empresas de inserción y hoy en día sigan sin tener una normativa específica '.

Este tipo de empresas pueden constituirse bajo cualquier forma jurídica, pero suelen ser sociedades mercantiles, como la mayoría de las compañías. Sin embargo, hacen de la inserción sociolaboral de las personas excluidas su objeto social, independientemente de los bienes o servicios que produzcan.

Por esta razón, los profesionales del sector demandan una regulación especial de carácter estatal que las reconozca e incluya apoyos de los poderes públicos para que puedan desarrollarse. 'Es muy duro competir en el mercado sólo con trabajadores a los que el mercado laboral rechaza ', explica Asunción García. De hecho, entre el 30% y el 70% de los asalariados de estas empresas provienen de los servicios sociales de las comunidades autónomas.

En opinión de García, la regulación de estas empresas debería afectar a todas las comunidades autónomas y definir los colectivos a los que van dirigidos; los requisitos a cumplir (dónde deben ir destinados los beneficios); la modalidad de contrato que utilizarán (destinado a personas con muy baja formación y generalmente con mucha movilidad). También debería recoger las bonificaciones a las que podrían acogerse (en forma de rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social, por ejemplo) y se debería también crear un registro estatal que facilitara su control y desarrollo.

El fomento de estas empresas supone, según los expertos, un gran ahorro. 'Es menos costoso apoyar una empresa de inserción que subvencionar a los discapacitados que podrían trabajar en ella '. Dicho esto y a pesar de no contar con una ley especial, 'hemos creado empresas desde el voluntarismo y hemos demostrado que tenemos algo que decir ', afirma Luis Cayo, secretario general de Cermi.

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