El Tribunal Supremo ha rechazado la recusación presentada por el militar que denunció mobbing en el ejército contra uno de los magistrados que forman el tribunal que resolverá el recurso de casación que presentó contra la absolución de su superior.

El Tribunal Supremo ha rechazado la recusación presentada por el primer militar que denunció mobbing en el ejército contra uno de los magistrados que forman el tribunal que resolverá el recurso de casación que presentó contra la absolución de su superior, el coronel de Infantería Luis Gómez Armero, de un delito de deslealtad.

El auto de la Sala de lo Militar, del que ha sido ponente Angel Juanes, rechaza la recusación presentada contra el magistrado Javier Juliani al entender que "no se ha probado que tenga interés personal en el caso" y que "no ha tenido participación directa ni indirecta en el presente procedimiento penal, sin que existan indicios objetivos de que pueda haberse formado un juicio, en realidad, un prejuicio".

El comandante que denunció mobbing recusó a Juliani al entender que como asesor del Ministerio de Defensa había intervenido en su caso, porque dio el visto bueno a la desestimación de varios recursos de alzada que interpuso contra decisiones administrativas que le afectaban, como su cese por falta de idoneidad o la denegación de varias vacantes de libre designación solicitadas y que habían sido declaradas desiertas.

La presentación de la recusación y del primer instructor nombrado para resolver el incidente paralizó el recurso de casación presentado por el comandante contra la absolución del coronel de Infantería Luis Gómez Armero, primer militar acusado de acoso laboral en el Ejército por el mismo comandante, denuncia que fue archivada.

La presentación de la recusación y del primer instructor nombrado para resolver el incidente paralizó el recurso de casación presentado por el comandante contra la abolución del coronel de Infantería Luis Gómez Armero, primer militar acusado de "mobbing" o acoso laboral en el Ejército, de un delito de deslealtad por el Tribunal Militar Central en octubre de 2005.

En el juicio celebrado ante el Tribunal Militar Central, el fiscal pidió un año y medio de cárcel para el coronel Gómez Armero por deslealtad, pero posteriormente desistió de su recurso de casación.

La acusación contra el coronel se basaba en que había denunciado a un comandante que estuvo a sus órdenes por abandono de destino pese a conocer que dicho oficial estaba de baja justificada por enfermedad. Gómez Armero fue el primer militar denunciado por 'mobbing ' o acoso laboral en el Ejército por el mismo comandante, denuncia que fue archivada.

Gómez Armero, como coronel jefe del Regimiento Garellano, de Munguía (Vizcaya), era el superior del comandante, y como tal le había concedido baja médica por depresión hasta el 17 de julio de 2002. Sin embargo, posteriormente a esa fecha no prorrogó la baja al no darse por enterado de los informes médicos que le enviaba el padre del comandante, ya que entendía que debía mandárselos el propio afectado y no un familiar, lo que no comunicó a la familia para que fuese subsanado antes de dar el parte.

No obstante, el Tribunal Militar Central estimó que el coronel no tuvo intención de engañar al poner en conocimiento de la justicia militar, el 26 de julio de 2002, que el comandante no se había presentado a la unidad, por lo que pedía que se le investigara por un presunto delito de abandono de destino. El Tribunal dio la razón al coronel en este aspecto y afirmó que, cuando dio parte el 26 de julio del comandante por presunto abandono de destino, no tenía por qué saber que el comandante seguía enfermo.

La acusación particular sostiene que el coronel había sido procesado, además, porque en su ratificación del parte ante el juez togado, en septiembre de 2002, ocultó que había dado orden de rehusar la documentación médica que se le remitía, que no había comunicado la denegación de la solicitud de continuidad de baja, que había devuelto el segundo parte de petición de continuidad sin motivo justificado, y que era conocer de que la enfermedad persistía.

En su recurso contra la sentencia absolutoria, la acusación particular pide al Supremo que retrotraiga las actuaciones del caso hasta el momento anterior a que se dictara la absolución para que un tribunal "imparcial" emita nueva resolución, dado que considera que la sentencia omite hechos principales, que entiende probados desde el inicio del caso.

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