Ser funcionario no es fácil. A la convocatoria del año pasado para la administración central se presentaron 245.000 personas para 34.200 plazas. La oferta pública de empleo potencia la promoción interna, sobre todo para profesionales cualificados.

Un puesto de trabajo seguro para toda la vida. Esta frase, asociada a los funcionarios, ha ido unida con frecuencia a la idea de que los trabajadores públicos son propensos a la desmotivación y tienen escaso desarrollo profesional. El Gobierno se ha propuesto cambiar esto: el futuro Estatuto de la función pública prevé la evaluación de los funcionarios para planificar su carrera y la última oferta de empleo público apuesta por la promoción interna.

Ser funcionario no es fácil. A la convocatoria del año pasado para la administración central se presentaron 245.000 personas para 34.200 plazas. Siete aspirantes por puesto. La más numerosa por tradición es la de auxiliares administrativos -78.000 para 1.380 en 2006-, aunque la afluencia a cada una de estas convocatorias, que afectan a organismos, empresas públicas, profesores, trabajadores de la justicia, sanidad y cuerpos de seguridad, excluidos los de las comunidades autónomas y corporaciones locales, que siguen su propia convocatoria, son muy desiguales, pero está claro que muchos españoles juegan la carta de las oposiciones como una forma de asegurar su futuro laboral. De lograr un sueldo para toda la vida.

La nueva convocatoria, publicada hace unos días, es ligeramente menos numerosa que la del año pasado: 33.151 plazas. 4.588 de ellas son de promoción interna, es decir para que funcionarios que ya tienen su plaza mejoren. Hagan carrera. "Es una apuesta importante para aprovechar los propios recursos de la administración", asegura Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria general para la Administración Pública; "y una oportunidad de mejora".

Las plazas de promoción interna han crecido un 8,3% con respecto a la convocatoria anterior. La tendencia no es nueva -el año pasado estas plazas crecieron un 8,6% en relación a 2005-. La peculiaridad de este año es que se potencia sobre todo la promoción de los funcionarios más cualificados: "Hay un esfuerzo especial para potenciar los grupos A y B", añade Sánchez Naranjo.

De la A a la D

Los funcionarios se clasifican en personal de grupo A (licenciados y titulados universitarios); B (diplomados); C (bachiller superior o equivalente) y D (educación básica). Su retribución va en función de esa cualificación.

Este año las vacantes para aspirantes con título universitario ascienden a 712 (más del doble que la convocatoria anterior) y las de Grupo B son 584 (102 más que en 2006). Por contra, aunque las de Grupo C son las más numerosas (2.363), son menos numerosas que las publicadas en la convocatoria del año pasado (2.731).

"Hasta ahora se estaban potenciando grupos menos cualificados", reconoce Ángela de las Heras, del CEF, un centro especializado en formación de opositores. Aún está por definir, en qué organismos se destinarán los nuevos funcionarios pues aunque la oferta pública se aprueba de una vez y como tal aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada convocatoria debe ser aprobada y publicada para que todos los aspirantes puedan tener las mismas oportunidades de acceso. El objetivo es que los que saquen las plazas se incorporen a sus puestos este mismo año.

En Adams, otro centro que prepara opositores, destacan también que la oferta de este año reafirme el objetivo de seguir avanzando en la reducción de la temporalidad en la Administración General, que actualmente está en el 7,6%, un punto más baja que en enero de 2004.

La apuesta por la promoción interna de los funcionarios más cualificados tiene mucho que ver con uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Administraciones Públicas. El departamento que dirige Jordi Sevilla se ha propuesto incentivar a los funcionarios y desarrollar su carrera profesional. Para ello el Gobierno aprobó el pasado mes de julio un Estatuto de la Función Pública, que ahora está en tramitación parlamentaria, y cuya entrada en vigor se prevé para la próxima primavera como pronto. En esta norma básica se reconoce la posibilidad de hacer carrera profesional y la creación de la figura del personal directivo en las Administraciones Públicas, aunque todo ello está "por definir", reconoce Sánchez Naranjo.

El estatuto contempla también la evaluación periódica de los funcionarios para facilitar su promoción. Por ahora se ha creado un grupo de estudio para ver cómo se puede establecer un modelo que es habitual en las empresas privadas en un lugar tan peculiar desde el punto de vista laboral como es la Administración.

Hay otras iniciativas en marcha. El CEF acaba de presentar un curso especializado en dirección y motivación en las Administraciones Públicas. El objetivo es que los estudiantes aprendan técnicas típicas del sector privado, como el liderazgo y la motivación de los colaboradores. Se trata de un seminario muy práctico -el 70% de las horas estarán dedicadas a la realización y análisis de casos- y sólo se contemplan seis horas de lecciones teóricas.

El objetivo de todo ello es que los futuros funcionarios además de saber que tienen un trabajo seguro se conciencien de que también pueden tener aspiraciones profesionales.


Todos los procesos en siete meses gracias a Internet

Uno de los objetivos del Ministerio de Administraciones Públicas es acortar los plazos de la convocatoria de empleo público. "El año pasado se adelantaron 15 días" sobre los plazos previstos, asegura la secretaria general para la Administración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, quien subraya que lo deseable es que los nuevos funcionarios "se incorporen este mismo año".

Para ello Internet es una herramienta eficaz. Los 250.000 aspirantes previstos podrán descargarse el formulario en la página web www.060.es, el portal del ciudadano de la Administración General del Estado. Esto permitirá a aquellos ministerios y organismos públicos que carezcan de registro telemático tramitar las inscripciones a las pruebas selectivas. Además los candidatos no tendrán que presentar fotocopia del documento nacional de identidad para inscribirse en un proceso.

El Ministerio calcula que de esta forma se eliminarán 750.000 que hasta este año se hacían en papel.

Los teléfonos móviles también se utilizarán en el proceso, por ejemplo para recibir mensajes de alerta sobre su evolución, que también podrán recibirse a través del correo electrónico.

Con todas estas medidas, Administraciones Públicas espera que los primeros exámenes de todas las convocatorias se hagan antes del próximo 15 de junio y que el plazo máximo hasta la resolución total se prolongue un máximo de siete meses. Esto supone una reducción de cinco meses sobre la media de los últimos años.

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