Para concienciar a las empresas y a los consumidores de la incidencia que tienen en la sociedad y el medio ambiente las decisiones que adoptan, el Gobierno prepara una norma que incentive el compromiso de las empresas con su entorno.

Producir y vender es algo más que una actividad económica, tiene también implicaciones sociales. Para concienciar a las empresas y a los consumidores de la incidencia que tienen en la sociedad y el medio ambiente las decisiones que adoptan, el Gobierno prepara una norma que incentive el compromiso de las empresas con su entorno. El texto exigirá a las compañías receptoras de ayudas públicas que cumplan determinados preceptos sociales y establecerá incentivos económicos para las que acrediten buenas prácticas. El Gobierno negocia la nueva norma con sindicatos y empresarios.

La responsabilidad social, un concepto cada vez más de moda, tiene poco predicamento en España. Por ello, el Ejecutivo pretende que haya una norma lista para mediados de año.Algunas empresas comienzan ya a exhibir buenas conductas relativas al medio ambiente, pero el impacto es muy limitado. En gran parte por falta de exigencia de los propios consumidores. "Los ciudadanos desconocen qué es la responsabilidad social de las empresas y qué alcance de futuro tiene la discusión sobre las nuevas responsabilidades que las empresas pueden asumir", admite el Ministerio de Trabajo en un documento que servirá de borrador para la futura norma.

Este departamento lidera un proceso en el que participan otros seis ministerios. Tras recabar la opinión del Congreso de los Diputados y de un foro de expertos, Trabajo ha iniciado conversaciones con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO para incorporar sus aportaciones. Ya se ha mantenido una reunión y se ha programado otra para el 10 de abril.

La patronal, en principio, no es partidaria más regulaciones, por lo que el debate puede resultar complejo. Pero el Gobierno tiene intención de sacar adelante su iniciativa: "Cuanto mayor acuerdo, mejor. Pero si no se produjese, el Gobierno va a tomar una decisión de todas maneras", advierte Juan José Barrera, director general de Economía Social. Trabajo no pretende fijar medidas obligatorias a todas las empresas, pero las que se comprometan a cumplir con la sociedad tendrán que acreditarlo. También las subvencionadas. Éstos son los principales aspectos de la norma, que no necesariamente acabará en ley , según Barrera.

- Empresas prioritarias. No todas las sociedades tendrán la misma obligación de ser socialmente responsables. Esta idea, que implica desde limitar prácticas lesivas con el entorno hasta promover la igualdad o contratar a colectivos desfavorecidos, se exigirá con mayor ahínco a las empresas que reciban subvenciones o cualquier tipo de ayudas públicas. También a las exportadoras, por su proyección exterior. Además, las que se comprometan a hacerlo deberán acreditar que cumplen con esas exigencias sociales.

- Incentivos. Trabajo aún no tiene claro cómo se estimulará a las empresas para que se decidan a ser socialmente responsables. Es probable que se fijen incentivos económicos, como los que fomentan el empleo de sectores poco representados o desfavorecidos, pero están por concretar.

- 'Pymes '. Las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido productivo español, por lo que es necesario que el mensaje de la responsabilidad cale en este segmento. Por ello propone desarrollar políticas específicas para las pymes.

- Ejemplo desde el sector público. La Administración pública quiere predicar con el ejemplo. Los principios de responsabilidad se integrarán en "los propios sistemas de gestión [de las administraciones] y en las relaciones con terceros", según el documento de Trabajo.

- Consejo consultivo. El Ejecutivo pretende contar con un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que asesore al Gobierno y elabore informes periódicos sobre la actuación de las empresas. El consejo lo integrarán representantes de los empresarios, los sindicatos, las administraciones y la sociedad civil.

- Educación al consumidor. Para conseguir que sean los propios ciudadanos los que reclamen esas prácticas sociales, el Ejecutivo impulsará la creación de un portal en Internet que divulgue las medidas que se adopten en España, en la Unión Europea y en otros países.

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