El Gobierno anticipará la jubilación parcial en la administración pública, que contempla el nuevo Estatuto del Empleado Público. Este estatuto regula el acceso y la promoción de los funcionarios e incorpora aspectos relacionados con la Ley de Igualdad.

El ministro informará del contenido de esta enmienda a los tres sindicatos más representativos de la función pública el 17 de abril con el fin de que la jubilación parcial en la administración se active cuanto antes, sin esperar a que el nuevo Estatuto del Empleado Público tenga desarrollado su reglamento.

Según prevé el proyecto de ley aprobado ayer en el Congreso, los funcionarios podrán acceder en determinadas condiciones especiales a la jubilación parcial, además de a la jubilación anticipada. Ello obligará a modificar la legislación de clases pasivas una vez que desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas se articulen las condiciones para acceder a este retiro parcial que, en la práctica, equivaldrá a la introducción de la jornada parcial en la función pública.

Esta medida ayudará a rejuvenecer la administración, proyecto que el Gobierno frenó en seco en 2005 por su alto coste y que preveía la prejubilación gradual de 25.000 funcionarios con edades comprendidas entre los 58 y los 64 años. CC OO saludó ayer la introducción de esta iniciativa en el Estatuto del Empleado Público.

Jordi Sevilla anunció también que anticipará mediante tres decretos la regulación que se establece en dicho proyecto de ley relativa al teletrabajo, a la evaluación del rendimiento mediante sistemas objetivos que permitan introducir incentivos para los funcionarios y el establecimiento de la figura del directivo público, aquel que desarrolla funciones directivas profesionales basadas en la obtención de resultados. Estos tres decretos serán pactados también por Administraciones Públicas con las centrales sindicales.

El ministro cree posible reducir del 20 al 10% la temporalidad en la administración con las previsiones incluidas en el nuevo Estatuto, aunque serán las comunidades autónomas las que protagonizarán el correspondiente desarrollo normativo de una ley que en muchos aspectos tienen carácter básico.

Una reforma histórica

El PP fue la única formación política que ayer votó en contra del Estatuto al considerar que no recoge suficientes bases comunes para los funcionarios en el ámbito de todas las administraciones públicas ni aborda las particularidades de los empleados de los ayuntamientos. No obstante, el diputado Juan Carlos Guerra admitió su conformidad con los permisos de paternidad y la jornada parcial que introduce la ley.

La ponente socialista del proyecto de ley, Elisenda Malaret, señaló que el nuevo Estatuto supone 'una reforma histórica de la función pública ', que pone de relieve la apuesta del Ejecutivo por 'mejorar la eficiencia y la eficacia de las administraciones '. A su juicio, 'abre la puerta a la modernización del empleo público ', creando 'un marco legal claro y nítido '.

Buena acogida entre los sindicatos

El Estatuto Básico del Empleado Público aprobado ayer en el Congreso de forma definitiva se ha enriquecido durante el debate parlamentario con la incorporación de varios centenares de enmiendas en las dos Cámaras. En algunas de ellas se han introducido todos los beneficios que la ley de Igualdad recoge para los trabajadores. Con respecto al proyecto de ley original que entró en el Congreso, hay novedades de interés que afectan a la calidad de vida de los empleados públicos ya que se aumentan los días de permiso en casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de algún familiar, se extienden de una a dos horas diarias las ausencias del trabajo justificadas por la hospitalización de hijos prematuros y se amplía de nueve a doce meses la edad de los hijos cuya lactancia da derecho a las funcionarias a ausencias del trabajo, entre otras mejoras.

Las reformas han sido pactadas por Administraciones Públicas con UGT, CC OO y CSIF, los sindicatos más representativos en la función pública. Para la primera central, los aspectos más significativos del Estatuto son la legitimación del término empleado público para todos los trabajadores de las administraciones, el reconocimiento pleno del derecho a la negociación colectiva, las medidas que introduce el texto para disminuir la alta tasa de temporalidad en el sector y la evaluación del desempeño. Comisiones Obreras recordó su papel en la introducción de enmiendas relativas al reconocimiento de la jubilación parcial y la adecuación a la Ley de Igualdad.

Las novedades. Más de dos millones y medio de afectados

Los recursos humanos tendrán una gestión integrada.

Nuevas normas para el acceso y la promoción interna.

La Ley de Igualdad se aplicará en todos los aspectos del Estatuto.

El personal directivo se establece como nueva figura.

Un único código de conducta valdrá para todos los empleados públicos.

La norma fija las retribuciones básicas de los funcionarios y el personal laboral.

La reducción de la temporalidad es uno de los objetivos principales de la ley.

Los interinos podrán percibir trienios.

El permiso de paternidad y el resto de los que prevé la ley de Igualdad se incorporan a esta norma.

Hay días de permiso adicional al cumplirse el sexto trienio y de un día más por cada trienio a partir del octavo.

El Estatuto prevé la jubilación parcial para el personal funcionario.

El acoso laboral se configura como falta muy grave.

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