Según un estudio, la corrección del déficit competitivo de España pasa por potenciar un sistema de formación profesional más eficaz y por la aplicación de fórmulas de incentivación de la formación continua en las empresas como “la formación a coste cero”.

No basta con ser el primero de la promoción. Ni tampoco con ser la empresa líder del sector. Lo difícil es mantenerse. Y, para ello, la formación continua juega un papel clave.

España carece de tradición en este aspecto, pero gracias a los tres Acuerdos Nacionales de Formación Continua entre organizaciones empresariales y sindicatos, el número de trabajadores beneficiados por planes de formación casi se ha multiplicado por cinco entre 1993 y 2003, pasando de 294.219 a 1,6 millones de empleados, mientras que la financiación aportada ha pasado de 65,4 millones de euros a 642,7 millones de euros, casi diez veces más.

Según el estudio Formación Profesional: una necesidad para la empresa, del Círculo de Empresarios, la corrección del déficit competitivo de España pasa por potenciar un sistema de formación profesional más eficaz y, en esta línea, por la aplicación de fórmulas de incentivación de la formación profesional continua en las empresas tales como “la formación a coste cero”.

La organización empresarial propone incentivar este tipo de formación adoptando la fórmula utilizada en los casos de baja por maternidad, de forma que las empresas puedan sustituir a los trabajadores en programas de formación sin tener que sufragar este gasto y contando para ello con ayudas públicas.

Según el presidente del Comité Ejecutivo del Sistema Educativo del Círculo de Empresarios, Alberto Terol, a estas medidas habría que sumar “un mayor esfuerzo de las empresas en inversión en formación”, ya que actualmente “las empresas españolas dedican un porcentaje de sus costes laborales inferior al observado en el conjunto de la UE-15”.

El problema de ser pequeño

Generalmente, son las grandes empresas, seguidas de las medianas, las que empiezan a incorporar cambios organizativos y tecnológicos que provocan la aparición de un nuevo modelo productivo; pero, según los expertos, son precisamente las micro y pequeñas empresas las que por su participación en la generación de PIB (66% del total del sector de privada) y de ocupación (75,6% del total) los acaban consolidando. Lourdes Esteban, directora de Formación de Pimec (Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña), explica que “nos preocupa especialmente que nuestras pymes no accedan a la formación continua.

La formación es una de las herramientas que facilita la gestión del cambio porque sensibiliza y consolida las nuevas formas de hacer: es un factor multiplicador. Aceptamos como barreras internas su propia dimensión, la falta de recursos financieros, su visión del día a día… Sin embargo, se ha hecho muy poco por ayudarlas.

Tenemos un sistema que supone que todas las micro y pequeñas empresas disponen de conexión rápida a internet, que pueden cofinanciar la formación, que saben y pueden gestionar subvenciones y que saben elegir entre la oferta formativa disponible. Pero son necesarios procedimientos administrativos sencillos, sistemas de difusión eficientes y mecanismos que permitan el asesoramiento individual y la gestión conjunta”.

Más demanda que recursos

Los empleados cada vez lo tienen más difícil para tratar de adaptarse a los avances científicos y a la evolución tecnológica que demanda un mundo con competencia global. Aunque los objetivos son variados –desde la superación personal de ascender en la empresa hasta el empeño por mejorar la consideración de los superiores–, la demanda formativa supera los recursos de financiación disponibles.

Según la catedrática María José Martín Rodrigo, autora del último informe sobre formación del Instituto de Estudios Fiscales, “a pesar de que el gasto en formación continua ha aumentado, el incremento de la demanda (1.378%) es mayor que el de la financiación aprobada (872%) en el periodo del estudio (1993-2001)”.

En España, la formación ocupacional se desarrolla a través del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP), cuyas acciones formativas, de las que puede beneficiarse cualquier trabajador desempleado de forma gratuita, son gestionadas por el Servicio Público de Empelo y por las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias.

En 2005, las regiones recibieron, de acuerdo a las subvenciones que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, 219 millones de euros para sufragar programas de formación. Para 2006, la cantidad aumentó un 5,25%, hasta alcanzar los 224 millones, según datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, entidad privada, protegida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que gestiona y organiza las actividades formales.

En general, señala Martín, la distribución económica territorial “mantiene una proporcionalidad entre la población ocupada de las comunidades y sus participantes en programas de formación”. Dicho de otro modo: el criterio de distribución –mayores recursos en función del número de trabajadores ocupados de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) de los tres primeros trimestres de 2005– se cumple.

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