La sociedad podrá conocer por primera vez qué empresas ponen en riesgo la seguridad de sus trabajadores. El Boletín Oficial del Estado y los equivalentes en las comunidades autónomas publicarán a partir de ahora el nombre de las empresas sancionadas.

La sociedad podrá conocer por primera vez qué empresas ponen en grave riesgo la seguridad de sus trabajadores. El Boletín Oficial del Estado (BOE) y los equivalentes en las comunidades autónomas publicarán a partir de ahora el nombre de las empresas sancionadas por infracciones muy graves de la ley de prevención de riesgos laborales. Así figura en un decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

La identidad de las empresas sancionadas por incumplir esas normas quedaba hasta ahora preservada de la luz pública. Sólo la Inspección de Trabajo conocía quiénes eran al investigarlas e imponerles la correspondiente sanción. La publicación de esos nombres persigue divulgar las malas prácticas con el objeto de frenarlas. España está a la cabeza de la Unión Europea en accidentes de trabajo, con casi un millón de siniestros al año y un millar de muertos. La mayoría de los accidentes se produce por incumplir la ley.

Los boletines oficiales recogerán esta información en menos de tres meses a partir de que la sanción se considere firme. Las publicaciones autonómicas se encargarán en general de las empresas radicadas exclusivamente en su territorio, mientras que en el del Estado figurarán las implantadas en todo el país. La referencia del boletín incluirá el nombre de la empresa, el sector de actividad en el que se enmarca, el DNI de las personas físicas que la componen (o el CIF si son jurídicas), el domicilio social, la infracción y la sanción impuesta.

Registro público

Para facilitar el acceso a estos datos sin que el ciudadano tenga que estar pendiente del BOE, el Ministerio de Trabajo y las comunidades elaborarán un registro de empresas sancionadas por infringir gravemente la ley. En principio serán las comunidades las que comiencen a compilar esos datos, aunque la Inspección de Trabajo, dependiente del ministerio, pretende que esas administraciones los remitan para aglutinarlos en un registro unitario, según explican en este departamento.

La medida se enmarca en las actuaciones pactadas con los agentes sociales para reducir la siniestralidad laboral. El Gobierno considera que los trabajadores "tienen derecho a saber si la empresa en que trabajan o tienen intención de hacerlo cumple con la normativa de prevención", según figura en un comunicado remitido ayer.

Si se confirma la tendencia de otros años, la aparición de empresas en los boletines oficiales será frecuente. La inspección de trabajo sancionó el año pasado a casi 6.000 empresas por infracciones muy graves, que representan un 23% del total. Las sanciones correspondientes sumaron 68 millones de euros, lo que representa la mitad de todo lo impuesto.

Las empresas que cometen infringen muy gravemente la normativa de riesgos laborales tienen que pagar desde un mínimo de 30.050 euros a un máximo de 601.012.

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