Todas las administraciones públicas deberán reservar como mínimo un 5% de las vacantes de personal a empleados con discapacidad, según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público recientemente aprobada en las Cortes Generales.

La nueva Ley establece en su artículo 59 que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas discapacitadas".

Estos individuos deberán superar los procesos selectivos y acreditar su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en las instituciones públicas.

Adaptaciones

La nueva Ley obliga también a todas las administraciones a "adoptar las medidas precisas para establecer los ajustes razonables de tiempo y medios en el proceso selectivo" y, una vez incorporados, a llevar a cabo "las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad".

En la plasmación de estos avances han tenido mucho que ver las propuestas realizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al Ministerio de Administraciones Públicas y a los distintos grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a lo largo de la tramitación de la Ley.

Según el Cermi, se necesitan medidas enérgicas para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, que representan un nueve por ciento de la población y es uno de los grupos sociales más severamente excluidos del mercado laboral.

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