China busca mejorar las condiciones de los trabajadores asalariados, causante de la inestabilidad social. No se reconoce aún el derecho de huelga, aunque en la práctica las autoridades mantienen una actitud prudente y suave ante las protestas obreras.

La nueva ley laboral china, proclama que todos los trabajadores tienen derecho a organizarse sindicalmente en su puesto de trabajo y da más capacidad de actuación a los sindicatos oficiales, cuyo papel, pese a estar supeditado al estado, es en general considerado más positivo que negativo por los expertos independientes.

En aquellas empresas donde la oficial Federación China de Sindicatos (FCHS) no esté presente, los trabajadores podrán elegir a sus representantes, "bajo la supervisión" de la FCHS. En la primera redacción del proyecto esa "supervisión" no figuraba, lo que dejaba la puerta abierta a cierta autonomía sindical en las empresas, que debe haber sido considerada peligrosa, por empresarios y funcionarios.

"La ausencia de un genuino derecho de asociación obliga a los trabajadores a adoptar formas ilegales y de confrontación que frecuentemente se convierten en violentas", señala un comunicado de la organización laborista de Hong Kong "China Labour Bulletin". "Si los trabajadores pudieran organizar sindicatos democráticos esas confrontaciones se dirimirían a través de la negociación y el compromiso", dice.

A diferencia de la legislación vietnamita, la nueva ley china no reconoce el derecho de huelga, aunque en la práctica las autoridades mantienen una actitud prudente y suave ante las protestas obreras y ante los conflictos sociales en general.

La nueva ley contempla la obligatoriedad del contrato laboral a partir de un mes del inicio de la actividad laboral, proclama el derecho de cada trabajador a negociarlo, y limita el recurso empresarial al "trabajo temporal". Según una encuesta reciente, sólo el 60% de los trabajadores emigrantes chinos tienen contrato laboral. El colectivo emigrante es un ejército laboral de más de 100 millones que domina en la manufactura para la exportación, donde se sufren las condiciones de trabajo más explotadoras. Para muchos emigrantes, el contrato es visto como una trampa empresarial, capaz de mermar su única defensa contra la explotación, que es la movilidad hacia empresas y sectores menos nocivos. Para luchar contra esa movilidad obrera, en China era tradicional que muchas empresas exigieran a los trabajadores un "dinero de depósito" inicial para empezar a trabajar (es decir, pagar por trabajar), o bien que los salarios se pagaran siempre con un mes o más de retraso, a fin de retener a la mano de obra descontenta, que, en caso de deserción, podía perder los salarios pendientes. Pese a estos recursos, la zona de Cantón, sede de los sectores más duros y explotadores, sufre una fuerte crisis de mano de obra, que ha obligado a subir sueldos y mejorar condiciones de trabajo.

En los últimos meses el gobierno ha introducido diversos aumentos en materia de salario mínimo, un baremo que en China varía en cada provincia y región. En Shenzhen, una próspera ciudad de la costa meridional, el salario mínimo asciende a 810 yuanes (81 euros), el más alto de China, mientras que en Jiangxi, al suroeste de Shanghai, una provincia pobre, apenas alcanza los 30 euros.

La nueva ley también exige que los empresarios informen a los trabajadores del tipo de trabajo que se les proporciona, así como las condiciones de trabajo y salariales.

La aprobación de esta ley tan manifiestamente necesaria que entrará en vigor en enero de 2008, ha necesitado 18 meses de debates, en el que algunas empresas multinacionales y organizaciones empresariales, de Estados Unidos y la Unión Europea, han tenido un papel bochornoso, presionando para descafeinar su contenido y amenazando con el fantasma de llevarse las inversiones a otros países, lo que ha provocado reacciones sindicales en Estados Unidos y Europa. En un comunicado divulgado la semana pasada, la Cámara de Comercio Europea se declaró "no preocupada" por los efectos que la ley tenga en las inversiones europeas en China.

Pero la gran cuestión va a ser la aplicación. Aunque hay signos voluntariosos, China está llena de buenas leyes que no se cumplen porque entre la cúspide de la pirámide de poder y la base, hay un abismo y un enorme vacío, que contrasta con la tópica imagen de un Partido Comunista que lo controla todo. En realidad controla muy poco.

En Heyuan, provincia de Cantón un grupo de matones armados con palas, barras de hierro, hachas y cuchillos atacó ésta semana a los trabajadores de una central hidroeléctrica en construcción, matando a uno e hiriendo a decenas de ellos. Los trabajadores habían iniciado una protesta porque no recibían salario desde hacía cuatro meses. El jefe de seguridad de la empresa contrató a los matones para forzar una vuelta al trabajo. Según el "Shanghai Daily", algunos trabajadores fueron heridos cuando la policía, que suele ponerse del lado de los empresarios por cruda y evidente que sea la situación, ya se había personado en el lugar.

En junio se destapó un escándalo en las fábricas de ladrillos de la provincia de Shanxi, después de que un grupo de padres con hijos desaparecidos, localizara en esas fábricas a sus hijos, tras un reiterado obstruccionismo policial ante sus denuncias. Junto a los niños, aparecieron centenares de desgraciados, retrasados mentales y emigrantes precarios, que trabajaban sin salario alguno, sufriendo malos tratos y subalimentación, en condiciones que la prensa describió como "esclavitud".

En todos estos casos la buena voluntad de las autoridades centrales choca con la realidad de un poder provincial y local, frecuentemente corrupto y rehén de intereses empresariales facinerosos que ejercen un mando fáctico sobre las instituciones locales del estado, como la policía, los diversos departamentos de la administración o el poder judicial.

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