España quiere modernizar sus organismos públicos para impulsar la competitividad de sus 2,5 millones de funcionarios. El atraso organizacional público provoca que los funcionarios tan sólo realicen labores mecánicas, sin opciones de aportar valor añadido.

El famoso artículo de Mariano José de Larra Vuelva usted mañana, en el que denunciaba la ineficacia de la Administración del siglo XIX, parece que por fin va a pasar a la historia. Recientemente ha entrado en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo objetivo es impulsar la eficiencia de los 2,5 millones de funcionarios, que representan el 12,3% de la población activa. También se ha puesto en marcha la Ley Electrónica de las Administraciones Públicas, que obliga a todos estos organismos a ofrecer a partir de 2010 sus servicios por Internet. De lo que se trata es de servir a los ciudadanos como si fueran clientes. Paralelamente, cada vez más jóvenes opositan para obtener un puesto público.

España es víctima de una curiosa paradoja. A pesar de contar con una enorme estructura pública -existe un funcionario por cada 34 españoles, según datos del Instituto de Estudios Fiscales-, "la mayoría de ciudadanos suspiran e incluso se molestan cuando les toca llevar a cabo cualquier tipo de trámite relacionado con la Administración", según la opinión de varias organizaciones de consumidores.

"Muchos postergan la renovación del DNI o el pasaporte, así como el cambio de nombre de un vehículo sólo por evitar el contacto con ese enemigo invisible llamado burocracia", añaden. Y no sólo eso: "La irracionalidad de este tipo de trámites también está dificultando la creación de empresas", concluyen varios portavoces de estas organizaciones.

Para poner fin a esta negativa percepción ciudadana, cada vez más ayuntamientos, comunidades autónomas y algunas divisiones de la Administración central se están apoyando en el asesoramiento de consultoras privadas, como es el caso de Deloitte. Según su responsable de estrategia y operaciones del sector público, Gustavo García-Capó, "la ineficacia y lentitud de las diferentes administraciones públicas son un importante freno a la competitividad de la economía española, que necesita urgentemente modernizar estas instituciones para captar el interés de inversores extranjeros", entre otros retos a los que ahora mismo se enfrenta España, afirma.

En su opinión, "este complejo proceso de cambio pasa por apostar y confiar en la figura del funcionario, que es el gran olvidado". Debido al "atraso organizacional de la gran mayoría de administraciones", el funcionario tan sólo realiza "labores mecánicas", sin opciones de "aportar valor añadido" a su puesto de trabajo, sostiene García-Capó. Así, estos profesionales "suelen estar desmotivados y frustrados, lo que agrava todavía más esta situación".

La solución de este problema público pasa por "planificar lo que se pretende conseguir como institución, así como definir la relación que se quiere cultivar con los usuarios", apunta este experto. Definida dicha estrategia, García-Capo insiste en "potenciar el papel de los funcionarios, dotándoles de las mejores herramientas tecnológicas para incrementar su eficiencia". Para lograrlo, "es imprescindible que se racionalicen y reduzcan los respectivos trámites burocráticos, que ahogan la labor de estos profesionales". Ése es el "gran reto" que ahora mismo tienen sobre la mesa las diferentes administraciones, concluye.

Auge de contratación pública

En los últimos dos años, el personal de los gobiernos autonómicos ha crecido el 5,4%, lo que supone la contratación de 63.178 nuevos trabajadores públicos, según datos facilitados por la Administración central. Lo cierto es que cada vez más jóvenes opositan para obtener un puesto público que, entre otras ventajas, suele contar con horarios flexibles y mayor seguridad laboral (al firmar contratos vitalicios, los funcionarios no pueden ser despedidos).

"La particularidad de estas oposiciones es que son procesos selectivos en los que se mide el mérito, la capacidad y las competencias en igualdad de condiciones, sin discriminaciones sexistas ni favoritismos por apellido", explica Jesús Pérez, consejero delegado del centro de estudios Adams, que lleva 50 años formando alumnos para obtener empleos tanto en el sector público como en el privado.

A su juicio, "quienes superan unas oposiciones, para las que pueden llegar a estudiar durante dos años, demuestran mucha fuerza de voluntad y disciplina", dos cualidades muy valoradas en el ámbito de la empresa. "Aunque el aprobado siempre depende del candidato", concluye Pérez, "les facilitamos todo este proceso, orientando sus estudios para optimizar sus esfuerzos".

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