Augusto Andrés Trias, médico: "Obligar a los médicos a jubilarse de la sanidad pública no es solo una aberración, es también una agresión al profesional central de la sanidad y un agravio comparativo respecto a otros trabajadores del sector público."

El magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo número 12 de Barcelona ha invalidado la jubilación forzosa en el Institut Català de la Salut (ICS), al entender que esta no es válida por no basarse en un plan formal de recursos humanos aprobado por un órgano competente y que fuera jurídicamente eficaz. Según la interpretación de la ley del Estatuto Marco, denegar o autorizar la permanencia en el trabajo hasta los 70 años no depende de una decisión del ICS, sino de un plan específico formal previo, requisito del que no dispone el Institut Català de la Salut. Esta sentencia, de confirmarse --es de suponer que el ICS recurrirá contra ella--, dará carpetazo a la aplicación de una penosa ley. Es evidente que esta desafortunada ley propiciada por el PP en el 2003 con el beneplácito del PSOE, que solamente se aplica en Catalunya y Andalucía, ha dado lugar a la pérdida de grandes especialistas para la sanidad pública y un déficit de médicos, sin que a nadie --políticos, colegios de médicos o sindicatos-- se le haya ocurrido replantear o revisar el llamado Estatuto Marco del Personal de la Seguridad Social, mostrando su desinterés por una situación real de déficit de profesionales médicos con soluciones tan discutibles como la de importarlos de Latinoamérica o de Polonia, donde la formación es muy distinta de la que se da en nuestras universidades.

CURIOSAMENTE, cuando Europa se plantea prolongar la actividad hasta mas allá de los 70 años, e incluso el Gobierno del presidente Zapatero opina que una prolongación en la edad de la jubilación mejoraría las arcas y las posibilidades del fondo de pensiones de la Seguridad Social, amén de un mejor aprovechamiento de un profesional cuya formación ha costado mucho dinero al Estado, se sigue aplicando de forma dictatorial en nuestra comunidad.

Es evidente que muchos profesionales de la medicina están cansados por sus años de trabajo y desean jubilarse a los 65, pero muchos otros están a gusto e ilusionados con su trabajo en la sanidad pública, a pesar de las dificultades en el trabajo y los ridículos sueldos, deseando dar a los pacientes su experiencia, su sabiduría y su generosidad, virtudes poco conocidas por muchos de los responsables políticos de nuestra sanidad.

Los funcionarios de justicia, desde los jueces hasta los oficiales, tienen la edad de jubilación a los 70 años, y en los jueces puede llegar hasta los 72. Y no olvidemos que no existe límite de edad para ser elegido diputado o senador, y que se puede ser ministro e incluso presidente del Gobierno con más de 80 años.

Obligar a los médicos a jubilarse de la sanidad pública no es solo una aberración: es también una agresión al profesional central de la sanidad y un agravio comparativo respecto a otros trabajadores del sector público a los que se ofrece más opciones para el final de su vida profesional.

Estos profesionales, a los que se excluye por decreto de la sanidad pública, en su gran mayoría segui- rán activos en la medicina privada mientras se encuentren con facultades y ganas de seguir aportando sus conocimientos y experiencia (por cierto, adquiridos ambos en el sector público).

Curiosamente, colegios de médicos y sindicatos parecen haberse olvidado de este desaguisado de nuestro anterior Gobierno y no se advierte en ellos ninguna preocupación por esta permanente agresión y desprecio a los profesionales de la sanidad, ya que permiten esta sangría de excelentes profesionales en una magnífica edad, con ganas de seguir trabajando y dar de sí todo lo posible a aquellos a los que decidieron entregarse: los enfermos.

DETRÁS DE todo siempre aparece el intento de economizar la asistencia. Evidentemente, un profesional de la sanidad del ICS tiene, a los 65 años, un coste económico que es resultado de la suma de su sueldo base y sus trienios, que en la mayoría de las ocasiones ascienden a un importe igual o superior al sueldo base. Lo que se pretende con su jubilación es eliminarlos como personal del ICS y sustituirlos por profesionales a los que se ofrecerá un sueldo de los más bajos de España, sin ninguna otra gratificación, con lo que se obtendrá un ahorro en gastos de personal.

La jubilación obligatoria a los 65 años de cualquier profesional de la sanidad pública en plena capacidad es una aberración que destruye vidas y esperanzas, aparte de ser un fiasco para la buena calidad de la sanidad de nuestro país. El Estatuto Marco del Personal de la Seguridad Social deja bien claro en su capítulo acerca de la jubilación que se podrá solicitar la permanencia en el trabajo hasta los 70 años, siempre y cuando se esté en condiciones físicas y mentales para desempeñar las tareas. Por lo visto, nuestros profesionales, a partir de los 65 años, deben de estar agotados, ya que no se ha aceptado ninguna prolongación, a no ser por insuficientes años de cotización.

No recuerdo si a los gestores de la sanidad y a los políticos del ramo se les exige la misma salud física y mental que a los sesentaycincoañeros.

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