Los sindicatos reivindican un mínimo de 1.000 euros para los convenios en Cataluña, lo que ven como una necesidad social de equilibrio. El 70% del sueldo se va en gastos básicos. Las empresas lo ven inviable si no hay una mejora de la competitividad.

Las mesas de negociación de los convenios colectivos empiezan a echar chispas. La ofensiva de CCOO y UGT por conseguir un salario base de 1.000 euros al mes toma cada vez proporciones más importantes. No es para menos, puesto que uno de cada tres trabajadores cobra una nómina inferior a esa cantidad, no llega a mileurista. La batalla por los 1.000 euros afecta en Catalunya a 1,1 millones de inframileuristas, que se quedan solo con 250 euros disponibles al mes una vez restados los gastos de primera necesidad, sin contar hipoteca.

Ésa es la conclusión de un estudio realizado por UGT para fundamentar sus reivindicaciones en la negociación colectiva. Los también llamados micromileuristas se dejan un 70% del salario en pagar facturas básicas, como la comida, la ropa, un piso alquilado a medias y el mobiliario. Para un trabajador que perciba 835 euros netos al mes, la parte proporcional del alquiler de la vivienda que ocupa más los recibos de agua, electricidad y otros generados por el piso suman 343 euros mensuales, un 41% de todos sus ingresos.

EL 20% PARA COMIDA

El siguiente capítulo de gasto es el de alimentación, al que se dedican casi 167 euros, equivalentes a un 20% del sueldo, según la estimación realizada por UGT en base a la encuesta salarial y a la de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística. La siguiente de las necesidades básicas es la ropa y el calzado, con 44 euros, un 5,3% de la nómina. Y luego 31 euros en concepto de mobiliario y objetos del hogar.

Una vez descontados estos gastos imprescindibles, en la hucha de los micromileuristas quedan 250 euros para otros gastos. Si descontamos unos 80 euros en transporte, aplicando el promedio estadístico de las encuestas, resulta que el 80% de los ingresos de este colectivo se han esfumado.

Con el remanente, los micromileuristas que resultan del retrato estadístico destinan ocho euros a gastos sanitarios, 11 euros a comunicaciones, 42 a espectáculos y ocio, ocho más a educación, 50 a alguna comida o a tomar una copa fuera de casa y, finalmente, siete euros a tabaco y bebidas alcohólicas. Con todo ello, la menguada capacidad de ahorro de estos 1,1 millones de empleados catalanes es de 44 euros.

"Con estos ingresos, la vida en pareja no es por gusto, sino una necesidad para vivir", afirma Eva Granados, secretaria de Política Institucional de la UGT de Catalunya. El estudio pone como ejemplo el abismo que separa los ingresos de este colectivo de la posibilidad de pagar una cuota mensual de 908 euros por una hipoteca de 180.000 euros a un tipo fijo del 5% durante 35 años.

"La dignidad de los salarios --añade Granados-- es más que una reivindicación sindical o corporativa, es una necesidad social de equilibrio. La gente lo pasa mal para llegar a fin de mes. Estamos construyendo un castillo sin cimientos, con una base de empleados poco cualificados".

Desde las empresas, la visión es, obviamente, muy diferente. "Para ser serios y no hacer un brindis al sol, los sindicatos deberían acompañar su reivindicación de un salario base de 1.000 euros con un estudio del efecto económico y en la competitividad que tendrá esa medida en las empresas", dice Josep Hallado, responsable del área laboral de Pimec. Pasar de sueldos de 600 euros a 1.000 supone incrementos "grandiosos" con un efecto en cascada sobre las categorías altas en un momento en el que está en juego la competitividad.

La consellera de Treball, Mar Serna, aporta la solución al conflicto de intereses: "Está claro que subir el sueldo porque sí presenta muchos problemas. Tiene que ser una medida que aporte algo, por ejemplo más productividad y competitividad a la empresa ligándolo a la consecución de objetivos". Además, según Serna, las mejoras salariales pueden paliar la rotación de personal, y los consiguientes costes que sufren muchas empresas por el abandono de trabajadores que prefieren otros empleos.

Para aumentar efectividad en los aumentos de las nóminas, la consellera afirma que un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que fija el Gobierno central empujaría al alza los sueldos más bajos. El Ejecutivo tiene previsto subir el SMI de los 570 euros actuales a 600 el año próximo, lo que obligará a incrementar los sueldos que no lleguen al mínimo legal.

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