El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara improcedente el despido de una trabajadora que utilizaba el móvil de la empresa para llamar a un 905. El motivo es que la compañía impuso la sanción cuando los hechos ya habían prescrito.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que utilizaba el móvil de la empresa para llamar a un 905 porque la compañía impuso la sanción cuando los hechos estaban prescritos.

El Tribunal considera que los hechos que se imputaron a la empleada –que realizó múltiples llamadas a teléfonos con prefijo 905– merecen “sin duda alguna la calificación disciplinaria efectuada por la empresa”. Sin embargo, confirma la decisión del juzgado de instancia de calificar el despido como improcedente pues un fallo en los controles administrativos internos de la compañía provocó que ésta no detectara a tiempo la conducta irregular de la trabajadora.

La resolución del TSJ, dictada por la Sala Social, es un claro aviso a navegantes, especialmente, para las grandes empresas en las que la complejidad de su organización puede provocar estos fallos en la vigilancia de los recursos que ponen a disposición de sus trabajadores. De hecho, tal y como ha ocurrido en el caso de autos, no revisar el contenido de las facturas a tiempo es lo que ha motivado la calificación del despido como improcedente.

La consecuencia, por tanto, es que la trabajadora, que hizo “un uso claramente abusivo del móvil que se le asignó”, tiene que ser resarcida por la empresa, que debe optar por readmitirla en su puesto de trabajo o indemnizarla con la cantidad de 25.661 euros. Además, debe abonarle los salarios de tramitación.

La empresa, perteneciente al grupo hostelero HUSA, alegaba en su recurso que tienen más de 180 establecimientos en toda España y emplea cerca de 8.000 profesionales, siendo el departamento de recursos humanos, ubicado en Barcelona, donde se realizaba toda la gestión y administración de personal. Por este motivo, la compañía señaló que las facturas de los teléfonos corporativos se contabilizaban mensualmente, lo que no equivalía a que se revisara su contenido en dicho momento.

Alegó, por tanto, que Recursos Humanos no tuvo conocimiento cabal de su contenido hasta que la directora del centro de trabajo en el que desempeñaba su cometido la empleada comunicó la irregular utilización del teléfono.

Aunque la empresa trata de eludir la prescripción de los hechos amparándose en que no tuvo conocimiento “cabal, pleno y exacto” de los mismos hasta tiempo después de recibirse las facturas, el TSJ no acoge estos argumentos. Éste alega que la factura incorpora el registro de las llamadas realizadas por la trabajadora, distinguiendo entre las de uso corporativo y las que no lo son. De ello, afirma el ponente, “no podemos sino concluir que, ya en la fecha de recepción de la factura, el conocimiento de tal extremo para la empresa [...] devenía inexcusable”.

El Tribunal reprocha a la compañía que defienda su posición amparándose en su tamaño o en la complejidad de su organización ya que, a su juicio, la prescripción se produce porque “los controles administrativos internos de la empresa no han funcionado correctamente”.

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