Franciso Longo, Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE: "Según un estudio, si la productividad del sector público hubiera evolucionado en 2003 como la del sector privado, el PIB español habría sido un 4,7% superior."

Si la productividad del sector público hubiera evolucionado en 2003 como la del sector privado, el PIB de la economía española habría sido un 4,7% superior. Lo afirma un estudio del último libro marrón del Círculo de Empresarios.

¿Debemos dar por hecho que los funcionarios son, por definición, poco productivos? Parece que en otros países lo son más. Según el mismo estudio, obra de los economistas Manuel Balmaseda y Ángel Melguizo, si la productividad del sector público español hubiera sido igual a la media de los sectores públicos de la UE-15, el PIB español superaría al actual en un 5,7%, lo que equivale a 32.000 millones de euros. Para entendernos, más que la suma de todo el gasto estatal de 2007 en infraestructuras, desempleo y vivienda.

Tenemos, por tanto, deberes por hacer. Hay que pensar que el estudio citado habla de toda la actividad públicamente financiada, incluida la que se gestiona por medio del mercado. El diferencial de productividad sería mucho mayor si habláramos sólo de los servicios prestados directamente por los funcionarios.

A lo largo de los últimos 20 años, las leyes y los convenios colectivos han reducido la jornada de trabajo de aquéllos, de tal modo que hoy en el sector público se trabaja, en promedio, muchas horas menos al año que en las empresas. Lo peor es que, además, se han introducido innumerables instrumentos de rigidez laboral que atan las manos de los gestores. La consecuencia es una tendencia imparable a externalizar la actividad, trasladando a empresas y entidades privadas la gestión de numerosos servicios públicos.

¿Es una buena solución? A veces, sí, pero no siempre. En ocasiones, los costes de selección, control y exigencia de cumplimiento por parte de los proveedores son mayores que los beneficios que se obtienen. Muchas actividades públicas deberán seguir en manos de funcionarios, como ocurre en todas las sociedades avanzadas. Urge, pues, invertir en una mejor gestión del empleo público.

¿Quién debe hacerlo? Casi el 80 por ciento del empleo público español depende ya de las Comunidades Autónomas. Los parlamentos autonómicos tienen por delante el desarrollo del recién promulgado estatuto básico del empleado público. De cómo lo hagan dependerán bastantes cosas, pero el problema va más allá de las leyes.

Como apunta el estudio que comentamos, las soluciones requieren mejorar significativamente la gestión. Para conseguirlo -esto es ya de nuestra cosecha- habría que profesionalizar la negociación colectiva y crear capacidades gerenciales donde hoy predominan las inercias burocráticas, el amateurismo, el pasteleo político-sindical y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

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