El Gobierno continúa profundizando en las medidas puntuales de apoyo a la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años. Las compañías con trabajadores mayores de esa edad estarán exentas de cotizar por la incapacidad temporal de los mismos.

Las compañías con trabajadores mayores de esa edad estarán exentas de cotizar por la incapacidad temporal de los mismos, evitando así que las empresas asuman un coste elevado en caso de una baja de larga duración de un trabajador que ya debería estar cobrando la pensión.

Esta iniciativa se suma a otras aprobadas esta legislatura, como la exoneración de hasta el 100% en las cotizaciones sociales a partir de los 65 años, y el aumento adicional de la pensión en un 2% por cada año que se prolongue la actividad laboral después de los 65. Son medidas plausibles, aparentemente bien orientadas en la doble dirección de combatir el fenómeno de la jubilación anticipada y al mismo tiempo estimular la permanencia en el mercado laboral después de los 65 años para amortiguar el impacto del envejecimiento demográfico en el sistema de pensiones.

Hasta ahí, bien. Lo que sorprende es la perceptible contradicción en el Ministerio de Trabajo, al incentivar con una mano la prolongación de la vida laboral, mientras que con otra la obstaculiza, como consecuencia de la reforma aprobada en 2005 en la que resucitó los tradicionales escollos legales para alargar la edad de jubilación, al devolver a la negociación colectiva la capacidad de imponer la jubilación forzosa.

El Ministerio cerró así la flexibilidad abierta en 2001 por el anterior Ejecutivo del PP, que, en la ley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral para el incremento del empleo, suprimió la habilitación que la ley confería a los convenios colectivos para fijar cláusulas de jubilación forzosa.

La letra y el espíritu de dicha iniciativa fueron ratificados posteriormente, en 2004, por una sentencia del Supremo, lo que suponía un espaldarazo para todos aquellos trabajadores que desearan alargar su vida laboral, sin que la empresa –ni siquiera a través del convenio, como en muchos casos se había venido haciendo– pudiera imponer una edad obligatoria, aunque ésta fuera la legal, 65 años.

La reforma introducida por el PP y dicha sentencia suponían la eliminación de uno de los principales obstáculos que impedían impulsar un modelo de jubilación flexible que facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral, tal y como acordaron los políticos en el Pacto de Toledo y como sistemáticamente recomiendan la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. Lamentablemente, la decisión del Gobierno socialista de recuperar la jubilación forzosa en los convenios impide avanzar en esa dirección a la velocidad deseada.

De hecho, el propio Tribunal de Justicia de la UE acaba de pronunciarse a favor de la jubilación forzosa en los convenios, precisamente en virtud de la reforma de 2005. El Tribunal europeo ha aplicado la literalidad de la ley, lo que si bien no es criticable desde una perspectiva jurídica, sí exige una reflexión sobre la incoherencia que supone recuperar corsés de la negociación colectiva ya superados, y que a la postre dejan prácticamente sin efecto las ayudas a la prolongación de la vida laboral para diluir el impacto del aluvión de nuevos pensionistas en el sistema.

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