Francisco Cabrillo: "Es habitual que, en cualquier cambio legislativo, se consulte a los sectores implicados. Pero rara vez un gobierno afirma, como ha ocurrido ahora, que no hará nada si la reforma no es aceptada por los grupos de interés regulados."

La aprobación, con más pena que gloria, de una reforma del mercado de trabajo, propuesta por un gobierno que no cree en ella y que está, además, abierta a cambios, que pueden hacerla aún más insustancial en el plazo de unos meses, pone de manifiesto algunas de las graves carencias de nuestra democracia. Mucho se ha escrito y comentado ya sobre el contenido de la reforma y sus insuficiencias.

Poco, en cambio, se ha dicho sobre las implicaciones institucionales del debate social y político que ha culminado en el decreto ley convalidado por el Congreso la semana pasada.

Cualquier observador externo que analice el procedimiento seguido por el gobierno para reformar el mercado de trabajo puede preguntarse, en primer lugar, si España es una democracia parlamentaria, en la que las normas legales son elaboradas por la cámara legislativa o si tiene, en realidad, un sistema político diferente, en el que determinadas corporaciones o grupos de interés sustituyen al parlamento a la hora de determinar qué leyes van a regular la vida y las actividades de los ciudadanos y las empresas. Y llegará a la conclusión, seguramente, de que la España actual tiene mucho, todavía de Estado corporativo. Aunque tengo una opinión clara sobre el tema, no voy a discutir aquí si un sistema es mejor que otro. Pero sí afirmo que hay que optar por uno de ellos; y que, en este asunto, los modelos mixtos son imposibles.

El corporativismo tiene ya un siglo de existencia; pero cobró fuerza especialmente en las décadas de 1920 y 1930, en momentos de grave crisis de los sistemas parlamentarios. Crisis que, por cierto, algunos historiadores y politólogos ven hoy como una posibilidad no desdeñable en el medio y largo plazo. El objetivo del corporativismo era, en esencia, sustraer del debate en las cámaras cuestiones relevantes para la vida económica y social del país por creer que las personas y los grupos más directamente implicados –las "fuerzas productivas" en la terminología de la época– podían regular la economía y la sociedad mejor que unos políticos movidos por sus intereses electorales en el corto plazo. Como ha señalado el profesor Velarde, en España tenemos precedentes muy antiguos de esta forma de entender la política económica y social; y ya en 1907 Maura convocó una Asamblea Nacional para constituir un Consejo Permanente de la Producción y el Comercio cuyo objetivo era "discutir los problemas industriales, mercantiles y agrícolas, que así quedaban sustraídos al albedrío de los políticos".

Años más tarde el sindicalismo pasaría a desempeñar un papel importante en el corporativismo con la Carta de Carnaro, que serviría de base primero a la Constitución para el Estado Libre de Fiume; más adelante a la Carta del Lavoro italiana; y, a partir de ella, a numerosas constituciones y textos legales muy diversos en la mayor parte de Europa. Entre ellos, la legislación laboral española, desde Primo de Rivera a Franco… y al vigente Estatuto de los Trabajadores. Por ello, cuando algunos dirigentes sindicales españoles afirmaron, hace algunos meses, que no aceptarían una norma elaborada por el parlamento español que fuera en contra de sus objetivos, no hacían sino reivindicar la vieja visión corporativa de la sociedad que les atribuía a ellos, y no a los representantes políticos de la nación, la competencia para decidir cómo se deben regular las relaciones laborales y la actividad productiva de las empresas.

Reforma consensuada

Es un resultado bien conocido de la teoría de la elección pública la relación inversa que existe entre el nivel de exigencia de la regla de votación y la probabilidad de la aprobación de una determinada norma. En el límite está la regla del consenso que, al exigir la unanimidad, es equivalente a dar un poder de veto a cada una de las partes implicadas. No cabe duda de que una ley aprobada con el acuerdo unánime de todos los afectados se aplica con mayor facilidad y menores costes que otra que salga adelante con buena parte de la opinión pública en contra. Pero también resulta claro que, en momentos en los que hace falta una reforma sustancial en el mercado de trabajo, el acuerdo unánime no es la mejor solución. Es habitual que, en cualquier cambio legislativo, se consulte a los sectores más directamente implicados. Pero rara vez un gobierno afirma, como ha ocurrido en este caso, que no hará nada si la reforma no es aceptada por los grupos de interés que van a ser regulados.

Parece que, al final, la votación en el Congreso de los Diputados se ha impuesto al acuerdo corporativo. Lo ha conseguido, sin embargo, no por la propia vitalidad del parlamento, sino por la presión de los países más importantes de Europa, que han decidido no seguir tolerando la desastrosa política económica española. Lo que se denomina hoy el "protectorado económico" tendrá, sin duda, buenos efectos para la economía de nuestro país. Pero me temo que está historia ha puesto de manifiesto, una vez más, que el viejo estado corporativo sigue muy vivo en España.

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