Joan Subirats, catedrático de la UAB: "El impacto del proceso Bolonia coincide en el tiempo con la entrada en edad de jubilación de buena parte de la generación que ha venido ocupando la cúpula universitaria en este país desde los años setenta."

Los hechos se suceden con gran rapidez, e incluso una institución como la universitaria, acostumbrada a estudiar cómo los demás cambian, e incluso habituada a recetar cambios a los de fuera sin que ello se note demasiado en su interior, recibe ahora sacudidas sensibles. El modelo previsto en la LOU, que sigue básicamente en pie, empieza a resquebrajarse notablemente. El impacto del llamado Espacio europeo de educación superior (más conocido como proceso Bolonia) coincide en el tiempo con la entrada en edad de jubilación (anticipada o no) de buena parte de la generación que ha venido ocupando la cúpula universitaria en este país desde los años setenta. Y, al mismo tiempo, tenemos llamando a las puertas de la Universidad a decenas de candidatos a académicos, investigadores o tareas mixtas, formados en las mejores universidades del mundo, con doctorados excelentes, y dispuestos a perder buenas ofertas alternativas en el mercado laboral, si finalmente el sistema universitario del país decide afrontar el cambio interno y reforzar así su posición externa. Todo ello se da al mismo tiempo, y no resulta fácil fijar prioridades, establecer las alianzas internas necesarias para que las cosas puedan seguir adelante y conseguir que, desde fuera, se entienda de qué va todo esto.

Hasta hace poco, el modelo continental de gobierno de las universidades se ha caracterizado por una combinación de autoridad administrativa y de protagonismo académico (o, como decía Josep Maria Vallès, de "autogestión estamental"). Las autoridades administrativas regulaban acceso de estudiantes, currícula, requisitos de titulación y evaluación, así como acceso a la carrera académica, mientras los profesores estables mantenían el control del resto de los elementos del sistema. Las cosas han ido cambiando. El papel de los poderes públicos se ha tendido a reforzar vía la vinculación de nuevos recursos a acuerdos programáticos, condicionando la investigación, y con mecanismos de evaluación y acreditación. Las universidades han ido usando su prestigio como emisores de títulos, diversificando muy notablemente sus actividades y fuentes de financiación. Así, las direcciones de las universidades son muy conscientes de que las perspectivas de futuro de cada institución dependen de las decisiones que vayan adoptando. Pero depende también de la capacidad de colaboración y de establecer sinergias en el marco de lo que se empieza a llamar Universitat de Catalunya, como marca común del sistema de universidades públicas del país. Es en este marco en el que las recientes tensiones que han ido apareciendo estos días sobre titulaciones con pocos alumnos o sobre la distribución de especializaciones de cada universidad podría encontrar un cauce de resolución adecuado y estratégico.

Si hablamos de estructura universitaria, lo que observamos en países con modelo continental de universidad y que nos llevan una cierta delantera (Dinamarca, Holanda...), son cambios que modifican la posición institucional que nos legó la LOU y que en su momento resultó sin duda modernizadora. La actual estructura gira en torno a los departamentos universitarios como núcleo básico de investigación y como proveedor de los recursos humanos necesarios para que los centros y facultades puedan desarrollar sus titulaciones. Cada facultad despliega un conjunto de titulaciones, y cuida de la calidad de las mismas, a partir de las relaciones que establece con los docentes que proporcionan los departamentos. La realidad nos ha ido mostrando las limitaciones que tienen los departamentos para convertirse en núcleos básicos de una investigación, que o bien se concentra alrededor de grupos muy homogéneos que anidan en su interior, o cada vez más, busca espacios interdisciplinares para responder a retos y preguntas que desbordan el marco de un área de conocimiento. Van ganando así peso en todas partes las unidades encargadas de asegurar la calidad y buena marcha de las distintas titulaciones y los centros de investigación, mientras que los departamentos se mueven peor en estos escenarios.

A fin de cuentas, el punto clave de cualquier universidad es la calidad de su profesorado y de sus investigadores. Y en este sentido, las inercias hasta ahora han sido excesivas. Dentro, bastante gente muy asentada, con pocos incentivos para cambiar sus rutinas, y al mismo tiempo, mucha gente fuera, muy preparada y con pocas posibilidades de consolidarse como investigadores y/o docentes. Las cifras indican que los que logran alcanzar una cierta estabilidad no lo hacen hasta los 40 años, mientras que han pasado su etapa más innovadora y creativa saturados de preocupaciones vinculadas a su precariedad y con graves incertidumbres sobre su futuro. Todo ello genera un proceso por el cual lo mejor es quedarse lo más cerca posible de la potencial fuente de colocación, sin arriesgar buscando nueva formación en el exterior. Las nuevas dinámicas iniciadas por algunas universidades (Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Carlos III...), en la línea de atraer futuros investigadores con un número muy apreciable de becas predoctorales (en la UAB, 113 becas de una vez con 1.700 solicitudes procedentes de todo el mundo) e iniciar un camino de becas postdoctorales, junto con planes pactados y voluntarios de prejubilación, resulta una novedad que destaca por su valentía. Evidentemente, no todo son ventajas, ya que tales iniciativas deben acompañarse de medidas que aprovechen ese impulso y eviten el enquistamiento de esas personas como becarios y el aumento de sus frustraciones. Destacaría finalmente la necesidad de que estos procesos se hagan con la suficiente cautela y generosidad para evitar que las dinámicas de cambio sólo favorezcan a aquellos que ya ahora disponen de más recursos y de mayores posibilidades de investigación.

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