Federico Durán: "El reciente anuncio del presidente francés de la derogación de la limitación de la jornada a 35 horas semanales pone fin a las ensoñaciones de creación de empleo a través de la reducción, impuesta legislativamente, del tiempo de trabajo."

El reciente anuncio del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de la derogación de la limitación legal de la jornada laboral a 35 horas semanales pone fin, parece que definitivamente, a las ensoñaciones de creación de empleo a través de la reducción, impuesta legislativamente, del tiempo de trabajo.

Hace ya tiempo que el experimento de las 35 horas, verdadero icono del progresismo social, había mostrado sus numerosas fallas. En Francia se han producido, a lo largo de estos años de vigencia de la norma, correcciones, adaptaciones y flexibilizaciones de la misma, precisamente para hacer frente a dichas fallas sin renegar, sin embargo, todavía, del icono.

En su defensa ha estado, y sigue estando instalado, sorpresivamente, parte de nuestro sindicalismo y de nuestro progresismo intelectual. Ni uno ni otro han querido que la realidad les estropease una buena idea, les arruinase un eslogan movilizador, y tanto uno como otro se resisten a rendirse, incluso ante la evidencia. Eso explica que todavía en numerosas plataformas negociadoras sectoriales sigamos encontrando la reivindicación de la jornada de 35 horas semanales.

El cambio de planteamiento en Francia es contundente: frente al viejo trabajar menos para vivir mejor y repartir el trabajo, Nicolas Sarkozy proclama ahora la necesidad de trabajar más para ganar más (y vivir mejor). Y, al mismo tiempo, para permitir una evolución más ajustada a la competencia internacional del precio de la hora de trabajo y para aumentar la productividad. No hay que olvidar que el diferencial de productividad de la economía francesa respecto de la norteamericana no proviene de una diferente productividad horaria sino del menor tiempo de trabajo.

Los errores fundamentales del planteamiento francés de las 35 horas fueron dos: tratar de imponer una misma receta al conjunto del sistema productivo, sin atender a diferencias de sectores ni de empresas; y considerar que, a través de dicha receta, podría conseguirse una mayor creación de empleo derivada del reparto del tiempo de trabajo disponible.

No hace falta repetir las críticas que en relación con estas pretensiones se han formulado a lo largo de estos años. Miremos al futuro: la supresión de la imposición legal marca un camino, y llega en un momento crucial para la economía francesa y para la europea. Una y otra han dejado de ser, preferentemente, economías industrializadas (y cada vez más deberán avanzar en ese sentido). Hace años, las economías más avanzadas eran con frecuencia así identificadas. Hoy, en los países más desarrollados, la economía y las ganancias de productividad se fundan en los servicios, sobre todo en los tecnológicamente avanzados. Los países industriales o industrializados son ya, y cada vez más (como han señalado Alesina y Giavazzi, Il liberismo è di sinistra), China, India, Corea del Sur, México, esto es, países emergentes o salidos bien recientemente de la pobreza.

Pues bien, en esta nueva economía la imposición de recetas, por vía legal, para el conjunto del sistema productivo es cada vez más contraproducente. La economía se diversifica y las soluciones tienen que ser diversificadas. Lo cual no significa que no haya espacio para la reducción de la jornada de trabajo, sobre todo en el marco de la flexibilidad laboral y de la diversificación del mercado de trabajo. Ese espacio existe, y particularmente en los sectores y empresas de más alta productividad, porque ésta ya no se consigue, como en las viejas economías industriales, por la vía de la intensificación de la producción y la obtención de economías de escala.

Pero la intervención legislativa de alcance general, que desde determinados ámbitos sindicales todavía se reclama, pone de manifiesto una ceguera atroz.

¿Qué enseñanzas podemos extraer de todo esto para nuestras relaciones laborales? Ante todo hay que señalar que nuestro socialismo ha tenido, tanto en la anterior etapa de gobierno como en la última legislatura, el buen sentido de no emular el intervencionismo económico francés por medio de una norma de limitación general de la jornada semanal de trabajo a 35 horas. Y, por ello, podríamos estar tranquilos, ya que los avances en la reducción del tiempo de trabajo, de haberse producido, habrían tenido lugar por la vía adecuada para ello, la negociación colectiva.

Ahora bien, dadas las características de nuestra negociación colectiva y el carácter normativo, inderogable, del convenio colectivo, la inclusión de la jornada de 35 horas en los convenios sectoriales tendría un efecto equivalente al de su imposición legislativa.

El mantenimiento de esa reivindicación en convenios sectoriales no tiene mucho sentido (ni en empresas intensivas en trabajo de baja productividad), y los sindicatos deberían reflexionar al respecto. Es en el ámbito empresarial, y en el marco de la necesaria flexibilidad laboral (en cuanto a ordenación y distribución del tiempo de trabajo), en el que pueden compatibilizarse mejoras de productividad y reducciones de jornada.

El tiempo en el que el objetivo del movimiento obrero era conseguir que las conquistas aisladas de los trabajadores se trasladaran a la ley, para hacerlas compulsivas para toda la sociedad, es un tiempo pasado. Esos planteamientos marxistas, que tienen en la mente exclusivamente el sector industrial de la economía, tienen que hacer las cuentas con una sociedad y una economía que han dejado de ser industriales.


Federico Durán López Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues

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