El empleo público en España tiene mala prensa. Las declaraciones del presidente de Foment del Treball, Juan Rosell, criticando el exceso de funcionarios, han reavivado el debate sobre el futuro de 2,5 millones de trabajadores al servicio del Estado.

En España hay 150.000 funcionarios que se han quedado sin hacer absolutamente nada a causa de las transferencias a las comunidades autónomas de los últimos años. Es necesaria una grandísima reforma de la función pública como la que se está haciendo en Francia". Estas declaraciones del presidente de Foment del Treball, Juan Rosell, en un foro empresarial de Girona, fueron recibidas con un sonoro silencio por parte de los políticos y con airadas descalificaciones por parte de los sindicatos, pero han reabierto el debate sobre la necesidad de reformar la función pública.

En España, más de dos millones y medio de personas trabajan al servicio de las administraciones públicas sobre una población de 45 millones. De estos, más de la mitad son empleados de la administración en las 17 comunidades autónomas, un porcentaje que casi se ha doblado en la última década a raíz del proceso de descentralización. El resto de funcionarios se reparten entre la administración local (23,9%) - básicamente ayuntamientos y diputaciones- y la administración central (22%), que incluye el personal de los ministerios, las fuerzas armadas o la policía, entre otros. Por último, las universidades emplean solo al 3,9% de los funcionarios.

Según un estudio de la consultora DEGW, uno de cada 18 españoles es funcionario. Pero, ¿qué ocurre en los países del entorno comunitario? En Alemania, la ratio de trabajadores públicos por habitante es inferior a la española: en el motor económico de la Unión Europea solo hay un funcionario por cada 25 habitantes. En cambio, Francia es el caso opuesto, ya que cuenta con un funcionario por cada doce personas.

Pero, más allá de comparaciones, ¿cómo calcular si el número de funcionarios en España es excesivo o no? Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de Esade, comenta que es discutible afirmar si sobran o faltan funcionarios como hizo Juan Rosell "porque se entra en el campo de las opciones políticas entre los partidarios de un Estado mayor o menor. Sin embargo, está claro que la Administración General del Estado se ha quedado sin las competencias que requieren más personal", como la educación o la sanidad, que han sido traspasadas a las autonomías. "Es difícil saber si serán los 150.000 funcionarios que cita Rosell, pero está claro que hace falta una reforma del empleo público y cuando se haga van a sobrar efectivos".

"Seguramente hay que ajustar la plantilla y contratar menos empleados públicos, pero más calificados y preparados para las tareas de inteligencia como la negociación y la regulación que tiene ahora la administración central. Ya no tiene sentido que el Estado incorpore funcionarios de niveles bajos", prosigue Longo, "Rosell tiene razón cuando propone una reforma en profundidad de la función pública como la que están haciendo los países del entorno desde hace 20 años". Otra cosa es la eficiencia.

José Barea, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y especialista en servicios públicos, opina que "el mercado nos muestra si una empresa privada es eficiente o no, pero en el caso del Estado es diferente porque sus bienes no compiten en el mercado y se financia con impuestos". A pesar de todo, el experto añade que "es evidente que hay ineficiencias en el sector público después de tres Informes Pisa dejando a España en la cola de la OCDE en educación. Y si el 70% de los costes de la Administración son costes de personal, gran parte de la responsabilidad la tiene este personal o los mandos que lo dirigen". O sea, los funcionarios.

El propio Estado se ha dotado de organismos para comprobar el buen funcionamiento del sector público y rendir cuentas a los ciudadanos, que lo financian con sus impuestos. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, es la institución encargada de ello. A pesar de las buenas intenciones, Barea, que fue director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar, comenta que "todavía estamos esperando a que se estrene. No he visto ni un informe sobre si existen o no tales ineficiencias en el funcionamiento del empleo público. Hay los órganos, pero falla la evaluación".

Así pues, más allá de la sobrecarga o no del sector público, parece que hay un problema mayor de rendimiento. Francisco Longo opina que "lo que es realmente preocupante no es tanto el volumen de funcionarios como su productividad". Para confirmar su afirmación, Longo cita el estudio que Manuel Balmaseda y Ángel Melguizo hicieron para el departamento de estudios del BBVA, en el que afirman que los empleados públicos españoles son menos productivos que los del sector privado y que sus colegas europeos.

En su estudio, estos doctores en Economía afirman que si la productividad de los empleados públicos hubiera evolucionado durante los últimos años al mismo ritmo que la de los trabajadores del sector privado, el PIB español hubiera sido un 4,7% superior (lo que equivale a 27.000 millones de euros). Asimismo, si los funcionarios españoles hubieran sido tan productivos como la media de los empleados públicos de la UE15, la riqueza de la economía española sería un 5,7% mayor (más de 32.000 millones de euros).

El diagnóstico que Longo hace de esta pérdida de riqueza asociada a la baja productividad de los funcionarios apunta a la clase política como responsable. "Ha habido una despreocupación de los gobiernos por los problemas del empleo en el sector público. La gestión de la Administración ha permitido una acumulación de pérdidas sostenidas de la productividad de los funcionarios". El profesor lamenta que, en lugar de afrontar el reto de la reforma "los gobiernos han ofrecido concesiones políticas en materia laboral a los empleados públicos, que les permiten, por ejemplo, trabajar menos horas".

Los sindicatos, lógicamente, no han tardado en reaccionar censurando las palabras de Rosell. "Son unas declaraciones totalmente fuera de lugar", critica Manuel Fajes, secretario general de la federación de servicios y administraciones públicas de Comisiones Obreras de Catalunya. "En realidad, hay pocos funcionarios. Detrás de las declaraciones del señor Rosell subyace un proyecto ideológico con la intención de desmontar la función pública y el Estado del bienestar y sustituirlo por un modelo neoliberal al estilo de Estados Unidos", subraya Fajes.

La paradoja es que en el Libro Blanco de la Función Pública en Catalunya, los ciudadanos dan una buena valoración de los servicios públicos, desde la seguridad, hasta la educación o la sanidad, pero en cambio tienen un mal concepto de los empleados públicos que los desempeñan. Fajes lamenta que "los políticos no han ayudado a superar esta imagen tópica de los funcionarios". A pesar de todo, las cifras, las opiniones de los expertos y los cambios que están introduciendo los socios europeos sugieren que la reforma del empleo público en España es sólo una cuestión de tiempo.


Retos de administración madura para la Generalitat

El Estado español tiene una estructura funcionarial con siglos de existencia. En el caso de Catalunya, el desarrollo de la autonomía en el último cuarto de siglo ha hecho aparecer una nueva clase de trabajadores públicos que antes no existía. En casi tres décadas, ¿pueden acumularse los vicios de una administración pública secular como la española?

Maria Teresa Aragonès, secretaria de Funció Pública i Modernització Administrativa del Departament de Governació de la Generalitat, explica que "la administración catalana todavía está en crecimiento, sobre todo en las tres emes:médicos, mossos d´esquadra y maestros".

A pesar de su juventud, la Generalitat autonómica ya ha empezado sus luchas con los sindicatos de empleados públicos por temas como las jubilaciones de funcionarios, propios de administraciones más veteranas. "Los sindicatos reclaman jubilaciones anticipadas, pero el ministerio está en contra y la Generalitat no puede asumirlo porque es caro".

Desde los sindicatos, Carles Villalante, secretario de acción sindical de la federación de servicios públicos de la UGT, comenta que "nosotros hemos apoyado el Estatuto de Autonomía y la territorialización del Estatuto Básico del Empleado Público, pero la Generalitat no ha cumplido su palabra y los trabajadores públicos catalanes tenemos menos protección, por ejemplo en temas de conciliación entre la vida laboral y familiar que en otras comunidades autónomas".

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