El nuevo Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) debe definir el papel que las empresas cumplen en la sociedad, ya que cada vez tienen más importancia en aspectos como el medio ambiente, la cultura, la educación y la formación.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), con funciones consultivas para el Gobierno. Se cumple con ello el precepto que nació de la Cumbre de Lisboa en el seno de la Comisión Europea, y la encomienda del Parlamento español y de los propios agentes sociales que han demandado su creación.

El nuevo organismo debe avanzar en el diseño del papel que las empresas tendrían que cumplir en la sociedad en el futuro. Hoy está asumido que las compañías no son meras organizaciones dedicadas exclusivamente a generar beneficios para sus accionistas, aunque también, por supuesto. Muy al contrario, desempeñan un rol que implica no sólo al mundo de los negocios, sino que cada vez tienen más importancia en parcelas como el medio ambiente, la cultura, la educación y formación, la representación de la imagen de España en el exterior o, incluso, la estabilidad y bienestar de las zonas donde están implantadas gracias a la riqueza y al empleo que generan.

Es, pues, sensato que ese futuro papel no sólo sea diseñado por los empresarios o directivos, sino que participen y se corresponsabilicen otros sectores sociales, empezando por los propios trabajadores, los consumidores, sociedades no gubernamentales, investigadores y, por supuesto, la Administración. Todos ellos estarán presentes en el futuro Consejo compuesto por cuatro grupos paritarios -empresarios, sindicatos, expertos y Administraciones-. De ellos se espera que apunten medidas para fomentar la responsabilidad de las empresas y analicen cómo evoluciona cada año.

El real decreto recién aprobado genera algunas dudas. La principal es que, entre las funciones del futuro Consejo, no queda claro si el Gobierno se verá obligado a someter las leyes de contenido empresarial a su dictamen. En el artículo 3, sobre el objetivo del Consejo, se dice: 'Informar, en su caso, sobre iniciativas y regulaciones públicas que afectan a las actuaciones de empresas '. No se sabe, pues, si el Ejecutivo estará obligado a someter a consulta del organismo futuras leyes de carácter medioambiental, laboral, industrial, económico, fiscal... en las que se vea reflejada la responsabilidad de las empresas con la sociedad.

La composición del Consejo parece escorada hacia el lado del Gobierno de turno, pues no se determina quiénes serán los encargados de designar a los vocales del grupo tercero. El articulado establece: 'Representación y/o expertos de otras organizaciones e instituciones de reconocida representatividad ', pero no se explica cuáles son ni quién lo determinará. Son flecos a pulir, pero que en ningún caso desmerecen la creación del Consejo Estatal de RSE. No obstante, sería deseable que naciese con la mayor transparencia en su funcionamiento y composición y, sobre todo, con una vocación de eficacia y utilidad.

El día a día del nuevo organismo consultivo demostrará si es en verdad un instrumento eficaz que ayude a las empresas a saber qué espera de ellas el conjunto de la sociedad. Tampoco sería deseable una postura reglamentista, que interfiera en la gestión diaria y en la libertad en la toma de decisiones de las compañías.

Acceso al documento sobre RSE acordado por el Diálogo Social (MTAS): http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/07_12_05_RSE_DS.pdf

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