Catalunya será la primera comunidad que asumirá la supervisión de la legalidad laboral. Los inspectores ejercerán las responsabilidades en todas las competencias excepto la relativa a la Seguridad Social, inspección que retendrá la Administración central.

Inspectores en tránsito

La Generalitat asumirá este año la inspección de trabajo que hasta ahora era competencia del Gobierno central. En el reparto de competencias entre administraciones, la Administración central ha retenido la inspección relativa a la Seguridad Social, mientras que el Ejecutivo autonómico asumirá las responsabilidades en el resto de competencias, como la prevención de riesgos laborales.

La inspección de trabajo es una herramienta de la Administración para comprobar si las empresas cumplen con la legalidad en materia laboral. Los inspectores realizan un requerimiento a la empresa en caso de detectar alguna infracción para que se subsane la irregularidad. En caso de que la infracción no se corrija, se aplicará una sanción a la empresa.

El acuerdo prevé la creación de la Agència Catalana d´Inspecció de Treball, que tendrá su propio cuerpo de inspectores y ejercerá las competencias de inspección y sanción. El objetivo es que este organismo se consorcie con el Estado para evitar ineficiencias. "Cuando se infrinja cualquier tema que ataña a una de las dos administraciones, no se duplicará la inspección, sino que habrá colaboración entre la Generalitat y el Estado", aseguró la consellera de Treball, Mar Serna. La idea es que los inspectores de las dos administraciones puedan levantar un acta de infracción sobre cualquier ámbito y cada parte decidirá sobre sus propias competencias en caso de sanción.

Las infracciones empresariales que conllevan una sanción pueden ser muy variadas y van desde el mal estado de una máquina que pueda causar lesiones a los empleados, que sería competencia de los inspectores transferidos a la Generalitat, a la existencia de trabajadores sin contrato o de abusos en la temporalidad, que estarían entre las infracciones cuyo control retiene el Estado.

La nueva Agència Catalana d´Inspecció de Treball incorporará a sus filas a los inspectores que ya desempeñaban esta función en Catalunya, unos 200, y también a 50 técnicos habilitados en Seguridad y Salud que hasta ahora realizaban tareas complementarias de inspección laboral para la Generalitat.

Los sindicatos catalanes han valorado el traspaso. "Se trata de gestionar mejor la inspección de trabajo, sobre todo en cuestiones de seguridad laboral, para superar la lacra social de los accidentes de trabajo", afirma Dionís Oña, secretario de medio ambiente y seguridad laboral de la UGT de Catalunya.


Madrid, todos en contra

En Catalunya, el traspaso de la inspección de trabajo a la Generalitat de Catalunya ha provocado la aceptación unánime de los agentes sociales. Sin embargo, en Madrid, ha habido también consenso entre la patronal y los sindicatos: todos han sido contrarios al acuerdo alcanzado por la comisión bilateral entre Estado y Generalitat.

En diciembre, cuando se estaba ultimando el acuerdo, los agentes sociales de ámbito español ya dieron a conocer su opinión contraria a cualquier traspaso competencial de este tipo. "A Comisiones Obreras le preocupan las operaciones como la de inspección de trabajo", declaró el secretario general de CC. OO., José María Fidalgo, que alabó que España sea el único país con "unidad de legislación en el ámbito laboral". Fidalgo añadió que cuando desaparezcan mecanismos de negociación entre patronal y sindicatos a nivel estatal "habrá 17", en referencia al número de autonomías. Por su lado, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, comentó que "las autoridades económicas están convencidas de la necesidad de mantener la Agencia Tributaria en el nivel estatal. Deberían tener el mismo interés en mantener la inspección de trabajo dentro del ámbito estatal".

En este caso, la consonancia entre patronal y sindicatos es total. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, declaró que "no sería bueno ni para los trabajadores ni para las empresas. La transferencia de competencias de la inspección de trabajo no va por el buen camino".


ENTREVISTA

Javier Crespán, Inspector de Trabajo

"Hay inspectores que tienen miedo al cambio"

Ex secretario de la Unión Progresista de Inspectores, señala que este colectivo desconoce aún cómo les afectará el acuerdo de transferencia

¿Cómo afectará a los inspectores de trabajo la transferencia de competencias?

No hay motivos para preocuparse. En principio no tiene por qué haber modificaciones en el trabajo, pero hay inspectores que tienen miedo al cambio y no quieren la transferencia.

¿Qué les han contado las administraciones?

De momento, nadie nos ha informado. Todo lo que sé es lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Parece que habrá una transferencia parcial de la inspección de trabajo: las competencias en Seguridad Social las continuará ejerciendo el Gobierno y el resto las asumirá el Departament de Treball. Lo que no queda claro es qué número de funcionarios irán a una u otra Administración.

¿Puede plantear problemas esta división de tareas?

Lo más importante es que no haya duplicación de la inspección, como ha remarcado la consellera Serna. Pero me temo que el problema será que el empresario lo puede tener más fácil para recurrir las sanciones si no se las impone la Administración competente. Se trata de hacer un acto único y para eso lo mejor sería que todo dependiera de una sola Administración, que se delegaran las competencias de inspección de Seguridad Social a las comunidades autónomas.

¿No provocaría esto todavía más reticencias?

La Seguridad Social, los sindicatos y la patronal se niegan y repiten que así se rompería la unidad del mercado laboral. Parece que no se han leído la Constitución, que dice que las autonomías pueden ejecutar competencias de ámbito laboral.

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