Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid y Euskadi ocupan los primeros puestos de la clasificación salarial. Una de las razones, según un informe, es que con el traspaso de competencias, las autonomías han planteado incentivos a sus empleados.

Un auxiliar administrativo en País Vasco percibe de media al año 21.085 euros brutos, mientras que en la Administración Central cobra 13.000 euros. La brecha entre los profesionales de la sanidad regional puede ser de hasta el 70%.

La huelga indefinida que llevan a cabo los funcionarios que trabajan en los órganos de la Justicia dependientes del Gobierno central ha resucitado una de las grandes paradojas del Estado autonómico: las diferencias salariales entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones, pero en distintas administraciones.

Éstas pueden ser de hasta el 62%, si se mide por la retribución media anual dentro de los mismos grupos profesionales. Incluso, en la mayoría de los casos, los funcionarios del Gobierno central ocupan los últimos puestos en la clasificación salarial del sector público, lo que contrasta con la constante petición de dinero que hacen las administraciones regionales.

Tal es el estado de la retribución de los funcionarios que desvela el único informe actualizado que existe sobre la comparación de los salarios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, elaborado por el sindicato USO, con datos de los ministerios de Administraciones Públicas, y de Trabajo y Asuntos Sociales, así como del Instituto Nacional de Estadística. El estudio tiene en cuenta el salario base y el complemento específico.

Las diferencias van en aumento a medida que se desciende en el grupo de empleados públicos analizado. Por ejemplo, en el grupo D, que reúne a los auxiliares administrativos o a los conductores del parque móvil, un funcionario del País Vasco, que está en la cima de la clasificación salarial en casi todos los casos, gana de media 21.085 euros brutos anuales, lo que supone un 62,19% más que un empleado del Gobierno central, con 13.000 euros brutos anuales.

En el Grupo E, que agrupa a los ordenanzas, subalternos, telefonistas o mozos, entre un funcionario del País Vasco y otro del Gobierno central la diferencia puede ser del 59%. Es decir, entre los 17.699 euros anuales de media, que puede ganar un trabajador de la administración autonómica, y los 11.128 euros, del empleado del Gobierno central.

Sin embargo, las grandes diferencias salariales no sólo suponen un agravio comparativo para los funcionarios del Gobierno central en relación con los de las comunidades autónomas, sino entre los propios trabajadores de las regiones.

Por ejemplo, en el Grupo A, en el que están los titulados superiores, como subdirectores generales, abogados del Estado, médicos, técnicos comerciales o inspectores de Hacienda, la comunidad autónoma que más paga a sus funcionarios es Canarias, con una retribución media anual bruta de 39.520 euros; es decir, un 40,2% más que los 28.184 euros que percibe un empleado público de Extremadura.

En el Grupo B, en el que están los diplomados, como subinspectores de Hacienda y de Trabajo, la brecha retributiva entre un empleado de la Administración canaria y uno de Murcia puede ser del 29,3%. Es la distancia que hay entre los 30.264 euros de salario medio anual, en el primer caso, y los 23.400 euros, del segundo caso.

En conjunto, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid y País Vasco intercambian posiciones en los primeros puestos de la clasificación salarial entre los empleados de las administraciones autonómicas. Por abajo, las peores posiciones en la escala retributiva las ocupan Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

El informe de USO también recoge las diferencias salariales por áreas concretas. Así, para un mismo cargo, como jefe de Departamento o similar, en la atención especializada de la Sanidad, la diferencia puede estar entre los 64.100 euros anuales brutos y los 41.600 euros; es decir, con una diferencia del 54%.

La brecha puede ser del 69,3% entre los 50.300 y los 29.700 euros brutos anuales, que puede ganar un médico general o un pediatra, en función de la comunidad autónoma en la que trabaje.

El actual conflicto en la Administración de Justicia se debe a las diferencias que hay en el complemento específico del salario, que es el que retribuye las características del puesto de trabajo. De acuerdo con CCOO, un funcionario del Gobierno central cobra de 196,13 a 224,42 euros mensuales por este concepto, mientras que un funcionario de Cataluña puede obtener de 445 a 470. En Madrid mismo se da la paradoja de que hay una diferencia de 180 euros en el complemento específico, en función de la administración.

Las razones de la desigualdad salarial

Básicamente, la acusada desigualdad salarial dentro de las administraciones tiene dos razones. La primera, son los incentivos que han planteado las comunidades autónomas a los empleados del Gobierno central, a medida que han ido recibiendo competencias, según Luis Deleito, responsable de servicios públicos de USO. Bien es verdad que, en ocasiones, no es posible que un funcionario cambie de administración porque, además del español, debe hablar el catalán, el euskera o el gallego.

La segunda razón que explica la desigualdad de poder adquisitivo entre los trabajadores del sector público administrativo está en la negociación anual con los sindicatos. Los Presupuestos Generales del Estado sólo obligan a todo el sector público a respetar la subida básica para todos los funcionarios que, desde 1999, es del 2%, más el límite máximo de aportación al plan de pensiones, situado en el 0,5% del salario.

A partir de ahí, el propio Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos suelen negociar con sus sindicatos los correspondientes complementos retributivos. Esta circunstancia, junto a la reducción de personal que el traspaso de competencias ha provocado en el Gobierno central, ha hecho que, con el tiempo, en vez de disminuir, aumente la brecha salarial que hay entre los empleados públicos.

Por ejemplo, en los últimos cuatro años, entre los auxiliares administrativos del País Vasco y de la Administración Central la diferencia ha pasado del 40% al 62%.

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