El Gobierno concederá ayudas públicas a empresas que impartan cursos de formación a desempleados y se comprometan a dar empleo al 60 por ciento de los trabajadores que hayan formado.

Los contratos de trabajo que se suscriban como consecuencia de este compromiso serán preferentemente de carácter indefinido o, en caso contrario, de una duración no inferior a seis meses.

La empresa beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente por una sola vez a personal docente para impartir formación subvencionada y no se considerará subcontratación.

Así lo recoge la Orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, por la que se desarrolla el Real Decreto que regula la formación profesional para el empleo y la concesión de subvenciones públicas para su financiación.

La Orden establece que los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) serán de 9 euros en el caso de la formación presencial de nivel básico y de 13 euros para el superior.

Si la modalidad es tele-formación, la cantidad establecida es de 7,5 euros y en el caso de los cursos a distancia, 5,5 euros.

Para la modalidad mixta se aplicarán los módulos anteriores en función de las horas de formación presencial y a distancia convencional o tele-formación que conlleve la acción formativa.

El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2007, integra las dos modalidades de formación profesional que existen actualmente, la ocupacional, destinada a los trabajadores desempleados, y la continua, dirigida a los ocupados.

No obstante, el 60 por ciento de los planes de formación se dirige prioritariamente a los trabajadores ocupados.

La Orden, además, regula las diferentes modalidades formativas y contempla los programas específicos de formación para personas con especiales dificultades de inserción o "recualificación" profesional.

En estos programas también incluye a personas que se encuentran en situación de privación de libertad o los militares de tropa y marinería que mantengan una relación temporal con las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el texto incorpora una regulación de las prácticas profesionales no laborales, la concesión de becas y ayudas para transporte, manutención y alojamiento, las que permiten conciliar la asistencia a la formación con la vida familiar y el acceso a la formación de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

Para garantizar el acceso a la formación, en las convocatorias deberán contemplarse a las mujeres, las personas con discapacidad y los trabajadores de baja cualificación.

En cuanto a las áreas prioritarias de formación, la norma destaca las tecnologías de la información y la comunicación, la prevención de riesgos laborales, la sensibilización en medio ambiente, la promoción de la igualdad y la orientación profesional.

El presupuesto destinado a este sistema asciende a 2.235,87 millones de euros, de los que el 81 por ciento se recauda de la cuota de formación profesional, y el 19 por ciento restante de las ayudas del Fondo Social Europeo.

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