En unos momentos de intensa desaceleración como los actuales, el IPC que tenemos complica especialmente la negociación colectiva: las empresas apuestan como nunca por la moderación salarial y los sindicatos son más reacios que nunca a aceptarla.

Las empresas españolas pagaron a principios de año 3.100 millones de euros a sus trabajadores para compensarles por la desviación de la inflación del 2007, cuando el IPC cerró en el 4,2% frente al 2% previsto por el Gobierno. La factura de la inflación para las empresas, sin embargo, no se va a quedar ahí: según Funcas, el IPC llegará en verano al 5,4%, aunque se moderará en los meses siguientes para cerrar el año en el 4,6%. En unos momentos de intensa desaceleración como los actuales, este IPC complica especialmente la negociación colectiva: las empresas apuestan como nunca por la moderación salarial y los sindicatos son más reacios que nunca a aceptarla.

En España la mayor parte del aumento de la inflación va directamente a los sueldos a través de las cláusulas de revisión, una fórmula casi generalizada que vuelve al centro de la polémica: el Banco de España mantiene que trasladar el IPC a los salarios supone una espiral inflacionista y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha pedido su eliminación. Una postura que comparte el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que asegura que las cláusulas favorecen el aumento de los tipos de interés.

MÁS CLÁUSULAS DE REVISIÓN

Según Juan Manuel Tapia, responsable de negociación colectiva de CC. OO. de Catalunya, "el porcentaje de trabajadores protegidos por cláusulas de revisión es tan alto que ya no es posible un retroceso": a finales de marzo el 80,9% de los trabajadores tenía alguna cláusula de revisión salarial y Tapia prevé que lleguen al 87% a final de año. Este aumento refleja que las cláusulas han sido efectivas: según el Departament de Treball el incremento salarial medio pactado en los convenios catalanes que no incluían esta cláusula fue de un 3,09%, frente al 2,62% de los que sí la tenían, pero tras la revisión de la inflación el incremento efectivo de estos ascendió a un 4,22%.

El acuerdo interconfederal de negociación colectiva, suscrito por CC. OO., UGT, CEOE y Cepyme, apuesta por mantener la moderación salarial, sin pérdida de poder adquisitivo, y basar la negociación en el IPC previsto más un incremento extra si la situación de la empresa lo permite. "Lo importante sería manejar mejor la inflación y hacer previsiones realistas, porque cada año se producen desviaciones muy importantes entre la inflación prevista y la real y esto conlleva costes imprevistos y muy elevados para la empresa", lamenta Javier Ibars, director de relaciones laborales de Foment del Treball.

Ibars apuesta también por impulsar cláusulas de revisión salarial "que no trunquen el objetivo de moderación salarial". Un ejemplo sería la del último convenio de oficinas y despachos de Barcelona, donde la cláusula de revisión se aplica sólo a partir del mes en el que la inflación real supere a la prevista, y no sobre la totalidad del año. Otra posibilidad por explotar, según la patronal, son las cláusulas que plantean la revisión sobre el diferencial entre el IPC real y un mínimo previamente pactado, y que actualmente se aplican en el 12% de los convenios con cláusula de revisión. Ibars reconoce, no obstante, que cuando se renueva un convenio preexistente es difícil que los sindicatos acepten cambios significativos. "La negociación colectiva debería ser más ágil y tener en cuenta cuál es la situación del sector y de la empresa en cada momento, pero muchos convenios siguen basados en el inmovilismo", lamenta.

José Hallado, director de relaciones laborales de Pimec, advierte que las pequeñas y medianas empresas están viviendo esta situación con especiales dificultades, "ya que son cautivas de los convenios que se negocian desde la gran empresa con condiciones inadmisibles para las pymes". Hallado asegura que "este año la negociación colectiva no está siendo pacífica" especialmente por la campaña emprendida por los sindicatos para que ningún convenio incluya sueldos por debajo de los 1.000 euros. Una demanda que la patronal considera "difícil de asumir" en el contexto actual y que en algunos convenios llega a suponer incrementos salariales superiores al 45%.

Los sindicatos, evidentemente, sostienen otras tesis. "No vamos a dar apoyo a ninguna política de moderación salarial porque creemos que los salarios ya son suficientemente bajos como para que la crisis vuelva a recaer en ellos - advierte Pepa Sánchez, secretaria de política sindical de UGT de Catalunya-. Los trabajadores no son los culpables de la crisis". Tapia, de CC. OO., lamenta que "desde muchos sectores hay cierto interés escondido para hacer creer a los trabajadores que el futuro de la empresa peligra, pero la realidad es que no estamos en crisis, sino en un cambio de ciclo, y no aceptaremos ningún mensaje catastrofista para reducir las aspiraciones salariales".

En Sagardoy Abogados aseguran que en los últimos meses se ha notado un cierto aumento de consultas por parte de empresas que buscan mecanismos legales para limitar los aumentos salariales. El abogado Marc Carrera señala que no existen "fórmulas mágicas" porque debe aplicarse lo que marque el convenio, aunque explica que algunas empresas pueden recurrir a ciertas alternativas como la absorción y compensación del salario, que permite neutralizar el aumento salarial bajando las retribuciones no recogidas en el convenio, como ciertos complementos personales. Otra opción, si el propio convenio recoge esta posibilidad, es sacar a algunos trabajadores del convenio, generalmente altos y medios directivos, de modo que se les pueda congelar el salario a fijo a cambio de mejorarles el variable. La opción más extrema, pero poco frecuente, es el denominado "descuelgue salarial", que permiten a la empresa posponer los incrementos salariales si acredita que se encuentra en una situación económica negativa.

Sandalio Gómez, profesor del Iese, comparte el mensaje pesimista defendido también desde el Banco de España y empresas como el BBVA: ahora toca apretarse el cinturón. El profesor advierte que en la actual coyuntura económica "el panorama de la negociación colectiva cambia totalmente" y augura que en algunos sectores, como la construcción, difícilmente podrán plantearse incrementos salariales: "Bastante tienen las empresas con arreglárselas para sobrevivir de aquí a final de año. Cuando las personas vean en riesgo su puesto de trabajo no les quedará más remedio que negociar", asegura. Según Gómez, "los sindicatos no van a tener más remedio que asumir planteamientos de los que hace unos años no querían ni oír hablar". El profesor pronostica que, de esta manera, "en muchas empresas los incrementos del salario base serán prácticamente nulos, y la única manera sana de revisar los sueldos será potenciar la retribución variable, en función de la productividad y el ahorro de costes".

Ana Laborda, profesora de Economía de Esade, recuerda que en un contexto inflacionista como el actual tanto un incremento como un descenso de los salarios pueden tener efectos económicos no deseados. "Una congelación salarial puede perjudicar al consumo de las familias. Además, como muchas tienen créditos e hipotecas, aumentarían los impagos y esto sería perjudicial para la situación financiera global", explica. Si, por el contrario, se produce un aumento de los salarios, "algunos sectores perderían competitividad, pero son sectores muy basados en la mano de obra intensiva que debemos abandonar para reconvertirnos hacia otros de mayor valor añadido". Según Laborda, "en época de crisis la empresa debe saber renunciar a una parte de sus ganancias, pero dudo que estén dispuestas a hacerlo. Hay grandes sectores que no tienen claro aún que el papel del empresario no es sólo ganar dinero en épocas de bonanza económica, sino también saber gestionar el descenso de los beneficios en época de crisis".

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