Administraciones Públicas reconoce que la aplicación se “dilatará”, mientras los sindicatos urgen el plan. El Gobierno pospone las medidas para lograr un funcionariado ágil, flexible y con posibilidades de promoción.

Una de las propuestas estrella del Gobierno en la pasada legislatura duerme en un cajón del Ministerio de Administraciones Públicas. El Estatuto del Empleado Público ha pasado un según plano desde la salida del Gobierno de su impulsor, Jordi Sevilla. No se ha ejecutado en su totalidad y nadie sabe cuándo lo hará.

La secretaria de Estado para la Administración Pública, Elvira del Palacio, señaló ayer en Santander que la implantación del nuevo modelo organizativo que recogía este estatuto “probablemente” tendrá que “dilatarse” en el tiempo por la crisis económica.

Este aserto no sorprendió a los sindicatos, que llevan tiempo quejándose de la demora en la aplicación de la nueva ley, que fue publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de abril de 2007. Desde entonces conviven dos reglamentaciones, con las distorsiones que este hecho genera.

En concreto, las partes que han quedado congeladas son aquellas encaminadas a hacer de la función pública un área mucho más eficiente. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, José Gálvez, señala a tres grandes áreas de las que no se ha vuelta a saber nada: la carrera administrativa, la evaluación del desempeño y las retribuciones complementarias.

Esto es, aquellas medidas que pretendían implantar un desarrollo profesional de los trabajadores públicos, para que estuvieran evaluados por su rendimiento y, si fuera necesario, tuvieran incentivos económicos. Para Gálvez se trata de medidas que en tiempos de crisis darían a la Función Pública cierta capacidad de “liderazgo” que, incluso, podrían defender con movilizaciones.

Hay dos obstáculos. El Gobierno tendría que buscar fondos para dichos inventivos en tiempos de crisis y, además, dada su actual vulnerabilidad, tendría problemas para sacar adelante otro de los puntos clave: la equiparación de los trabajadores del Estado y los autonómicos. El Estatuto es papel mojado hasta que no sea completado con todo un desarrollo legislativo en la administración central y las autonómicas.

En su intervención de ayer, Del Palacio reconoció que las administraciones afrontan un momento “crítico” en cuanto a “oportunidades”. Añadió que el desarrollo legislativo del Estatuto “es una oportunidad excelente para modificar o adaptar aquellos elementos que engloban la política y la gestión de los recursos humanos” para lograr una Administración más productiva y eficaz”. Esta “gran ocasión” se produce en un contexto “de crisis económica”, lo que supone un “handicap” que “probablemente” conducirá a que se tenga que “ampliar” el periodo de implantación”, matizó.

Del Palacio añadió que el desarrollo de la carrera profesional en la función pública deberá estar limitado por la disponibilidad presupuestaria y abogó por “buscar cierto componente armonizador” que permita la movilidad de los empleados entre las distintas administraciones. Añadió que la evaluación del desempeño deberá articularse de forma “negociada” y “dialogada”. Desde los sindicatos señalaron a este diario que el retraso repercute negativamente en “la implicación” de los trabajadores. E incluso se apuntó a un interés por congelar remuneraciones de forma encubierta al paralizar el Estatuto.

Mientras, el Estatuto sigue olvidado junto a otras grandes iniciativas para revitalizar la Función Pública. Desde CCOO señalaron al teletrabajo y la administración electrónica como asignaturas pendientes.

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