Las dificultades de liquidez de las empresas retrasan el pago del salario a sus propios trabajadores. Estos se enfrentan entonces al dilema de intentar aguantar para no precipitar la crisis o ir al juzgado y adelantarse a un proceso concursal.

Muy pocos de nosotros trabajamos por amor al arte. La mayoría lo hacemos por motivos cotidianos como pagar la hipoteca, las facturas o las vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando ha acabado el mes y la empresa no ha pagado el salario?

Desgraciadamente, no es una situación extraña y cada vez más empresas, algunas pequeñas pero otras bien conocidas como Fincas Corral o el matadero L´Agudana, adeudan meses de salarios a sus trabajadores. "Lo empezamos a ver con pequeñas empresas constructoras, que sufrían el trabajo en cadena de las subcontratas: hacen parte de la obra para otra más grande y, si no les paga, ellos a su vez no pueden pagar a los trabajadores. Hoy ya lo vemos en muchos otros sectores", señala Ana Tomé, abogada laboralista y presidenta del consejo rector del Col · lectiu Ronda. Simón Rosado, secretario de acción sindical de CC. OO., señala que actualmente el cierre del crédito bancario está poniendo en aprietos a empresas de todos los sectores, que acaban con problemas para pagar incluso a la plantilla.

Para Ana Tomé el consejo es claro: "Si el empresario no paga el salario, el trabajador ha de cubrirse y acudir a los tribunales, presentando una demanda de reclamación de cantidad". Rosado corrobora que si el trabajador no toma medidas "puede encontrarse en una situación de indefensión total": con varios meses de salarios adeudados por una empresa que presenta concurso de acreedores o, en los peores casos, en las empresas más pequeñas y menos profesionales, con un empresario que simplemente ha desaparecido.

"Lo peor son las empresas más pequeñas - confirma Tomé-. Muchas personas te explican aquello de que ´yo era amigo del dueño, y me dijo que me esperara, que le habían fallado varios clientes pero que uno de ellos iba a pagarle en unos días´.

Esa confianza es lo peor, porque el dueño sabe ya que va a tener que cerrar en unos meses y está aguantando probablemente para intentar blindar su patrimonio personal y preservarlo de la caída de la empresa. Por ello, lo mejor que puede hacer el trabajador es, al segundo mes, ir al juzgado".

Tomé explica que con esta reclamación, que se presenta en el juzgado de lo social y que suele tramitarse con rapidez, se puede solicitar a la vez la extinción de la relación laboral con una indemnización de 45 días de salario por año trabajado. En cambio, si tras varios meses de impago de salarios un mal día el empresario simplemente desaparece, "el trabajador, sin trabajo y sin percibir sueldo, puede presentar en el juzgado una demanda por despido tácito, que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado". En todo caso, recalca Tomé, hasta que no haya sentencia continúa la relación laboral por lo que si se encuentra otro empleo alternativo se pierde todo derecho a la indemnización.

La reclamación de cantidad, explica Rosado, permite a los trabajadores adelantarse a un proceso concursal: el juez suele decretar el embargo de bienes como la maquinaria o los locales a favor de los trabajadores como garantía de los sueldos impagados. En cambio, si la empresa entra en concurso los trabajadores no tendrán tanta suerte. "Sólo tienen preferencia de cobro los salarios de los últimos 30 días - explica Tomé-, cuando en la anterior crisis todos los sueldos eran deuda preferente. Ahora, en cambio, los trabajadores están igual que el resto de los acreedores no preferentes". Por ello, explica Rosado, "es frecuente que el juez dé la razón al trabajador y reconozca los salarios que le adeuda la empresa, pero que simplemente en ella ya no haya patrimonio para permitirle cobrarlos".


Vuelve el recurso al Fogasa

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que paga los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuando el juez dictamina que la empresa no puede hacerlo, va a cobrar nuevo protagonismo los próximos meses, según avanzan los cierres y concursos de acreedores. El gran mal del Fogasa, sin embargo, es que es lento. "Tenemos procedimientos desde 1997 en los que los trabajadores aún no han cobrado", lamenta Tomé. El problema es que, una vez reconocida la deuda salarial, el juzgado debe comprobar que ni la empresa ni sus socios tienen patrimonio para hacerle frente y esa fase tarda años. El Fogasa, además, tiene un tope: paga un salario máximo de 69,86 euros diarios con un tope de 150 días, aunque se adeuden más meses. Igualmente las indemnizaciones tienen un máximo de 20 días por año con un máximo de una anualidad, en caso de insolvencia de la empresa, y de 30 días por año si hay un despido improcedente, con los mismos máximos.

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