El ministro echa marcha atrás ante la inquietud que ha causado su propuesta. Según dijo, "algo tuvo que fallar" en la rueda de prensa donde lanzó aquel anuncio, ya que "nunca he dicho que haya que liquidar la contratación en origen".

Algunos cambios en la política de inmigración solo están, por el momento, en la imaginación del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. El Ejecutivo, a través de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, le desautorizó ayer con contundencia al precisar que España mantendrá las contrataciones de inmigrantes en origen, dejando claro, además, que es una cuestión que no atañe al Gobierno sino a las comunidades autónomas que son, junto con los empresarios, las administraciones que fijan los contingentes.

Fue tan clara la postura de De la Vega que obligó al propio Corbacho a rectificar ayer su propuesta en la Cadena Ser. Según dijo, "algo tuvo que fallar" en la rueda de prensa donde lanzó aquel anuncio, ya que "nunca he dicho que haya que liquidar la contratación en origen". El ministro dijo que debió expresarse mal, que tuvo que decir alguna palabra equivocada de donde surgió una malinterpretación.

Corbacho asumió la inquietud que causaron sus manifestaciones y matizó que España hará toda la contratación de inmigrantes en origen que resulte necesario. Sin embargo, volvió a insistir en que se realizarán después de que los parados residentes en España hayan tenido la oportunidad de aceptar las ofertas vacantes y que algunas profesiones del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura se queden "a cero".

ORDENADO Y LEGAL

José Luis Rodríguez Zapatero valora el papel de Corbacho por el mensaje de cierta dureza que transmite ante la opinión pública en una coyuntura de crisis económica. Pero el Gobierno es consciente de que no puede cambiar de la noche a la mañana una de sus señas de identidad: el impulso de una política de inmigración "ordenada y legal", según De la Vega.

La vicepresidenta fue la que mandó el mensaje esencial: "Habrá las contrataciones en origen que se necesiten". E insistió en que las palabras de Corbacho, según las cuales esa contratación se aproximaría a "cero", no suponen ningún cambio en la política de inmigración del Ejecutivo, que ha asistido desde las afirmaciones del ministro de Trabajo a un alud de acusaciones y reproches desde todos los ámbitos.

La vicepresidenta es la persona del Ejecutivo que con mayor énfasis defiende la política de inmigración en los últimos años. Tras el Consejo de Ministros, De la Vega incidió en que la contratación en origen ha sido un buen instrumento para lograr que la inmigración sea "legal". Es un sistema, aseguró, que consigue un equilibrio entre los contratos ofrecidos en el exterior y las necesidades del mercado de trabajo español.

Además, De la Vega insistió en que no está en manos del Gobierno limitar esos contratos, porque son las comunidades autónomas, atendiendo a sus necesidades laborales, las que fijan los contingentes.

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