Entrevista de La Vanguardia a Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya: "Apelo a la negociación colectiva. Los incrementos [salariales] no deben ser porque sí, sino que deben ir acompañados de una mejora de la productividad."

La consellera de Treball, Mar Serna, no tendría ningún problema en regresar a la judicatura cuando abandone sus responsabilidades públicas. Hasta entonces sigue ejerciendo su autoridad con mano firme. La semana pasada dio un portazo a las pretensiones de la mayor empresa industrial de Catalunya - Seat- al denegarle - como a Sharp- un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal para más de 5.000 personas que estuvieron sin trabajar la pasada semana a causa de los problemas de desabastecimiento de piezas por el paro del transporte.

¿En qué se basa la denegación de los ERE?

Los hemos rechazado porque no concurrían las causas de fuerza mayor requeridas. El paro de los transportistas era previsible, ya que estaba anunciado desde el 21 de mayo. Tampoco obedecía a causas de fuerza mayor como un incendio o una inundación. Además, el convenio colectivo de las dos empresas establece cláusulas para alcanzar una acuerdo de recuperación cuando se pierden jornadas de trabajo.

De acuerdo, pero ¿por qué se ha denegado si en 1997, tal como sostiene Seat, se aprobó un ERE similar?

Cuando se aprobó aquel expediente no había la jurisprudencia que ahora hemos utilizado. Y las empresas no disponían de mecanismos de flexibilidad en el convenio colectivo.

¿No teme que se haya cerrado en falso esta crisis y que en unos meses las empresas afectadas aleguen las pérdidas de estos días para justificar despidos u otras medidas traumáticas?

Eso siempre se puede decir, pero sería una excusa porque uno o dos días de pérdida de producción no justifican futuros despidos, sobre todo teniendo en cuenta los sistemas de recuperación de horas de los que disponen.

Pero la experiencia reciente demuestra que cuando una empresa presenta un ERE (como el de Fisipe) y se le deniega, al final los trabajadores acaban pagando las consecuencias.

Aquello acabó mal porque se llevó mal el proceso. La situación de crisis económica no estaba acreditada para despedir a toda la plantilla y además la empresa se declaró en suspensión de pagos. El caso Fisipe no guarda ninguna relación con los expedientes de suspensión temporal presentados ahora.

En la mayoría de los casos, cuando una empresa quiere cerrar, ¿lo acaba haciendo?

No hay ninguna herramienta en nuestra legislación con la que se pueda conseguir que una empresa continúe trabajando. Lo que se puede hacer es autorizar o denegar en función de las causas y buscar medidas para paliar los efectos de los despidos como, por ejemplo, el plan social.

El conflicto de los transportistas de la semana pasada, ¿era un problema laboral?

No era una huelga. Los únicos que tienen derecho a la huelga son los trabajadores y trabajadoras. Los empresarios y autónomos tiene derecho a medidas de conflicto colectivo. En algún caso si no han dando trabajo a los trabajadores puede ser un cierre patronal. Cuando hay huelga hay servicios mínimos para garantizar los esenciales y a quien los incumple se les sanciona.

¿Aquella protesta perjudicará a la situación económica?

Este episodio puntual es no querido y no deseable pero no hará cambiar la situación actual.

Esa situación divide a los agentes sociales sobre la forma de afrontarla: ¿está usted más cerca de la moderación salarial que promueve el Banco de España o de los sindicatos?

Me debo situar en el refuerzo de la negociación colectiva: ni moderación sí, ni moderación no. Somos de los países en los que la pérdida de peso de los salarios ha sido mayor.

¿Le parece bien que los sindicatos pidan un sueldo mínimo de 1.000 euros al mes?

Es lógico. Apelo a la negociación colectiva. Los incrementos no deben ser porque sí, sino que deben ir acompañados de mejora de la productividad y de la carrera y la formación profesional.

¿Y trabajar 65 horas?

Veo muchas dificultades para que se pueda aplicar en nuestro país esa directiva. Me preocupa saber qué Europa social queremos si hablamos de 60 o 65 horas y el dumping social que pude provocar entre países.

Entonces, ¿está más cerca de la 35 horas?

Las 35 parece que han perdido vigencia. En este país, aunque la negociación colectiva va reduciendo las horas de trabajo, los diferentes indicadores nos dicen que la gente trabaja más horas. Trabajamos más horas y eso no va acompañado de más productividad. Mas horas también comportan dificultades de conciliar.

¿Usted concilia?

Como consellera tengo grandes dificultades, aunque intento rebajar las máximas horas que sean posibles, por ejemplo, no alargando las cenas de trabajo. La mayoría de la conselleria cumple el tema de la conciliación, pero en el equipo directivo y yo misma tenemos dificultades. Sin embargo, voluntad es continuar avanzando y no incrementar mi jornada, sino reducirla a unos límites por debajo de las 65 horas (risas).

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