La rigidez laboral también ha llegado al sector público: opositores y funcionarios van a notar la austeridad de los presupuestos autonómicos para 2009. Algunas autonomías se plantean limitar la creación de nuevas plazas de empleo público.

Algunas autonomías se plantean limitar la creación de nuevas plazas de empleo público o congelar la oferta e incluso reducir la plantilla existente. Son escasas las que tienen previsto convocar oposiciones.

Después de que al menos diez comunidades hayan anunciado que congelarán los sueldos de sus altos cargos en 2009 para afrontar la crisis, ahora algunas se plantean seguir el ejemplo del Gobierno central, que en junio anunció una reducción de la oferta pública de empleo para el próximo año.

Castilla-La Mancha es una de las autonomías que va a congelar la convocatoria de empleo público, salvo en los servicios esenciales; su presidente, José María Barreda, fue uno de los pioneros en recortar la administración, al reducir de catorce a diez sus Consejerías y eliminar varios departamentos.

Murcia también ha expresado su intención de no anunciar nueva oferta de empleo público -salvo la ya aprobada-; su presidente, Ramón Luis Valcárcel, expuso hace semanas su voluntad de reducir la estructura de la administración a partir de octubre, y se inyectarán 1.000 millones de euros para dinamizar la economía regional.

Cantabria limitará la oferta de empleo público a cubrir la tasa de reposición y además rebajará el gasto corriente burocrático. También Castilla y León verá reducida de forma "sensible" su oferta de empleo público y suprimirá gastos ordinarios de la administración; en cambio, no prevé reducir consejerías ni altos cargos.

En Cataluña no se sustituirá el personal de los departamentos o entidades públicas que cause baja por jubilación, excedencia o finalización del vínculo laboral, excepto los funcionarios de los servicios públicos esenciales. También ha establecido el límite máximo de nuevos puestos durante el ejercicio de 2008 para maestros, mossos d 'esquadra, personal penitenciario y personal de la Administración de Justicia, pero no disminuirá su número de departamentos.

Navarra aprobó el 15 de julio la congelación de la plantilla de su Gobierno (que a 30 de junio era de unos 24.000 empleados), aunque se exceptúa el personal docente y sanitario; y también analizará cada departamento "concienzudamente" para ver si puede reducir su estructura orgánica.

En la Comunidad de Madrid "se está estudiando" reducir o no la oferta de empleo público, aunque sí ha disminuido sus Consejerías (de 15 a 12) y eliminado varias direcciones generales; también pretende eliminar empresas y organismos dependientes de la administración regional, aún sin concretar.

La Comunidad Valenciana no se plantea reorganizar el Gobierno y ve "demagógico" afrontar la crisis con una reducción de sueldos de altos cargos; más bien apuesta por presupuestos "austeros".

Sólo dos autonomías se han mostrado partidarias para aumentar su oferta de empleo público: Asturias no sólo no la reducirá, sino que ha aprobado la mayor oferta de su historia: 3.175 nuevas plazas -el 82% al servicio de salud-.

En similares términos, Andalucía también contempla crear nuevas plazas, orientado a servicios esenciales; no se plantea, en cambio, reducir sus altos cargos ni sus consejerías.

Aragón no ha especificado por ahora si reducirá el número de altos cargos o la oferta de empleo público, y prevé más bien reactivar la obra pública con un ambicioso plan de carreteras y otro de vivienda protegida.

Canarias, por su parte, mantendrá el nivel de inversión pública y no hará restricciones en el gasto sanitario, de empleo, educativo o en servicios sociales; no obstante, reducirá los gastos corrientes (protocolo, publicidad institucional o encargo de estudios) que, en algún departamento, puede llegar hasta el 40 por ciento.

El Gobierno Vasco no estudia reducir el número de altos cargos o consejerías, entre otras cosas porque la legislatura está prácticamente acabada (las elecciones serán en marzo de 2009).

Ya ha negociado con los sindicatos varias ofertas para 2008 y 2009 (450 plazas en la administración general y 664 para educación, y 2.000 más para el servicio de salud), a las que "no va a renunciar".

Baleares, más allá de congelar los sueldos de sus altos cargos, estudia otras medidas de austeridad; Galicia, por su parte, no prevé "inicialmente" reducir la convocatoria de empleo público, y mantiene como prioritarias las áreas de sanidad, educación y servicios sociales. La Rioja y Extremadura han declinado a EFE informar sobre estos aspectos.

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