El mundo corporativo trata de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la puesta en marcha de iniciativas que persiguen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Algunas de las más recientes intentan poner freno a la despoblación de la España rural o ayudar a los refugiados ucranianos.

El 49% de los trabajadores españoles podría dejar su empresa si el compromiso social de esta no mejora. A priori suena radical, si no descabellado, pero es la conclusión de Limitless: The Positive Power of AI, un estudio a nivel mundial de la plataforma de servicios de datos empresariales Cloudera.

La realidad es que éste parece el camino que los trabajadores están tomando y la dirección a la que inexorablemente deberán virar las empresas que aún no lo hayan hecho. Así lo demuestra un fenómeno surgido a raíz de la pandemia que se conoce ya como la gran renuncia, y que el pasado septiembre llevó a 4,4 millones de estadounidenses a dejar sus empleos.

En plena crisis, apostaron por la salud y el bienestar frente a unas condiciones laborales en las que se sentían presionados: extensas jornadas, sin capacidad de conciliación, largos desplazamientos, salarios precarios... En definitiva, buscaban sostenibilidad; la misma para la que, según reconoce la Comisión Europea, "las empresas tienen un papel esencial que desempeñar".

Las compañías españolas ya están reajustando sus prioridades. El 21% focaliza su inversión en acciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, una cifra que según el citado estudio supera al 20% invertido en acelerar el crecimiento económico, al 19% destinado a aumentar los beneficios o al 18% que emplean para desarrollar nuevos productos o servicios.

Conforme al último informe Impacto Social de las Empresas, elaborado por la Fundación Seres y Deloitte, las organizaciones españolas aumentaron su inversión en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) un 8% en 2020, hasta los 1.486 millones de euros. Al fin y al cabo, las empresas menos comprometidas con la sostenibilidad no sólo resultan poco atractivas para inversores y clientes, sino que también -como ha mostrado la gran renuncia- pierden talento. Y eso las hace menos competitivas.

"La pandemia ha acelerado entre tres y cinco años la digitalización", expone la directora global de Sostenibilidad de Telefónica, Elena Valderrábano. De hecho, la inteligencia artificial y el big data ya han entrado en juego y, según la consultora The Future Hunters, "su uso para tomar decisiones de negocio más sostenibles será un aspecto crítico en el futuro de la competitividad".

Las empresas necesitan trabajadores adaptados. Por ello, nueve de cada 10 directivos en España confirman a Cloudera que sus organizaciones invertirán en formación y automatización de tareas.

Además, el número de proyectos con impacto social no ha dejado de incrementarse durante los últimos años, según el estudio de Seres, rozando los 25.000 en 2020. La inversión media en RSE por compañía fue ese año de 20,9 millones, lo que supone un gran paso hacia el cumplimiento de criterios de sostenibilidad.

En esta línea, el estudio Impacto Social de las Empresas muestra que el 76% de las compañías contaba en 2020 con programas de voluntariado y un 9,7% de empleados participaba en este tipo de actividades. Dicha cifra se sitúa un punto por encima de la media de los cinco años previos.

Al calor de la emergencia sanitaria, muchas situaciones se han recrudecido. Las empresas no sólo han tenido que destinar recursos a hacer frente al Covid-19, sino que en ocasiones se han volcado en acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hacen mención a la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades.

Por ello, han surgido iniciativas como la plataforma Onnit, de la consultora española Syntonize, que ayuda a ciudadanos y empresas a gestionar sus programas de voluntariado, y a ONG, fundaciones y la comunidad educativa a buscar a los voluntarios idóneos o la financiación necesaria.

Desde la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, explican que "las políticas más comunes en las empresas españolas son las relacionadas con la salud y el bienestar de la plantilla (53,9%), el código ético (52,6%) y el medio ambiente (49,9%)". Estas políticas coinciden, además, con dos de los ODS más trabajados por las empresas nacionales: los vinculados a salud y bienestar y a la acción por el clima.

En relación a esta última, Raúl Grijalba, presidente de Forética y del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, asegura que "tenemos menos de 10 años para encaminar esta transformación hacia una economía neta cero y positiva para la naturaleza". En su opinión, la crisis generada por la pandemia y el creciente malestar social dejan claro que la transición sólo tendrá éxito "poniendo lo social en el centro de las acciones".

El número de empresas involucradas en este cometido es creciente. Según Seres y Deloitte, el 87% ha decidido alinear sus estrategias de RSE y de negocio, mientras que el 91% cuenta con un área específica de RSE y el 90% afirma desarrollar medidas de conciliación.

Un ejemplo de esta apuesta por la RSE es Telefónica, cuya estrategia está centrada en tres ejes: construir un futuro más verde, ayudar a la sociedad a prosperar y ser una empresa ejemplar.

La coyuntura actual no es la más idónea para el compromiso con la sostenibilidad. Como indica un informe de Forética publicado el pasado septiembre, la pandemia ha revertido el avance global de los ODS. De hecho, es la primera vez que esto sucede desde que los estados miembros de la ONU adoptaron en 2015 la Agenda 2030, con sus 17 ODS.

"Ante los actuales retos sin precedentes, en los que destacan la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las desigualdades, es importante transformar las organizaciones a la velocidad adecuada", opina Grijalba.

El Pacto Verde Europeo, creado a finales de 2019 por Bruselas para transformar la UE en una economía competitiva, eficiente, limpia y descarbonizada, es la guía para lograrlo. Y ahora cuenta con los fondos Next Generation como principal herramienta para el cumplimiento de los ODS.

Por otra parte, la guerra en Ucrania supone una amenaza para la sostenibilidad. "Mientras las principales economías persiguen una estrategia de hacer todo lo posible para sustituir los combustibles fósiles rusos, las medidas a corto plazo podrían crear una dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo y cerrar la ventana a los 1,5 grados", ha alertado Naciones Unidas.

Su secretario general, António Guterres, augura que las consecuencias del conflicto pueden trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía. "Es el momento de pisar el acelerador a fondo hacia un futuro de energía renovable", ha afirmado ante el riesgo de que la insuficiencia inmediata de materias primas lleve a los países a tomar decisiones poco sostenibles.

A nivel corporativo, la mayoría de las compañías mantiene sus compromisos climáticos. En el caso de Telefónica, alcanzar las cero emisiones netas en 2025 en sus principales mercados de actuación y convertirse en una organización de cero residuos en 2030 son dos de los objetivos más destacables que se ha marcado en términos medioambientales. "Queremos que en 2040 incluya a toda nuestra cadena de valor", señala Valderrábano. Además, añade, "contribuiremos a evitar que nuestros clientes emitan más de 12 millones de toneladas de CO2 anuales en 2025".

La directora global de Sostenibilidad de la multinacional española también recuerda que recientes informes del Foro Económico Mundial y el Exponential Roadmap indican que las tecnologías digitales pueden ayudar a reducir las emisiones mundiales entre un 15% y un 35% durante los próximos 10 años.

En su opinión, "esto significa que la transición digital y la energética tienen que ir de la mano". Partiendo de esta premisa, entre sus medidas para reducir las emisiones indirectas se encuentra el reacondicionamiento del 90% de los equipos fijos recogidos a clientes, así como de 500.000 móviles al año en 2030.

Sin embargo, aunque muchas empresas se comprometen con estas políticas, son bastantes menos las que luego traducen ese compromiso en acciones concretas. "Prácticamente la mitad tiene una política medioambiental, pero sólo un 28% mide sus emisiones", dice Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España.

Y lo mismo ocurre con el código ético: "más del 50% cuenta con uno, pero sólo el 25% ha implantado un canal de denuncias accesible a sus grupos de interés", añade.

Siete años después de la aprobación de la Agenda 2030, es necesario dar un paso firme hacia la integración real de la sostenibilidad en los negocios. Tal como concluye Sánchez: "Necesitamos más empresas que se comprometan con los ODS, y que lo demuestren".

EL SECTOR PRIVADO SE VUELCA CON LOS UCRANIANOS

El orgullo de una compañía no solo está en sus resultados financieros. Existe un valor que está mucho más relacionado con las personas que con los números. Son las decisiones y las actividades que cada entidad emprende en favor de causas sociales, laborales, medioambientales...

Ahora, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, las empresas españolas se están volcando en cubrir las necesidades de la población afectada. Están aplicando su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para hacer donaciones sin comisiones, ofrecer alojamiento gratuito, facilitar alimentación y material escolar...

Desde varias compañías del Ibex 35, con sus campañas de ayuda y donaciones, hasta las pequeñas empresas. Cada una, a su medida. Por ejemplo, Galletas Gullón ha lanzado un plan de solidaridad por el que está impulsando "la cesión voluntaria de viviendas de empleados y de personas cercanas a la empresa y la inserción laboral de las familias de refugiados ucranianos".

En la misma línea, Futurs, la división tecnológica del grupo sanitario Ribera, ha activado un nuevo programa dirigido a "aquellos ciudadanos ucranianos que hayan tenido que abandonar su país debido a la crisis". De esta manera, "la compañía acelera sus procesos de solicitud, evaluación, entrevista y selección para facilitar la contratación de ucranianos reubicados en España, apoyándoles durante todas las fases del proceso (incluidas gestiones, traslado, reubicación y adaptación) y manteniendo siempre todas las garantías legales".

Hace unos días, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguraba que los refugiados ucranianos que se encuentran en España "se van a poder sentir como si estuvieran en su país, con todos los derechos, permisos y capacidades" atendidos. Para ello, además de aprobarse un plan con el que se están habilitando cada vez más plazas de acogida, existe el compromiso de agilizar "al máximo los trámites administrativos que deban realizar, incluidos los permisos para quienes quieran trabajar".

Sin embargo, "esta aceleración de los procesos de concesión de permisos de residencia y de trabajo no asegura que tengan fácil integrarse en un mercado laboral donde predominantemente se habla un idioma que la mayoría no conoce", apuntan desde Futurs. Por eso, añaden, "el proceso exprés para incorporar técnicos ucranianos a nuestra plantilla ofrece clases de castellano".

Se trata de dar las máximas facilidades para una situación de emergencia humanitaria en la que el sector privado español está sumando apoyos de todo tipo. En palabras de Sánchez, la colaboración entre las instituciones públicas y estos actores (junto con las ONG) "hace que podamos ordenar mucho mejor la solidaridad y dar más garantías, más seguridad y más certidumbres" a quienes deciden refugiarse aquí.

Este sería el caso del Banco Santander, que hace varios días se coordinó con los ministerios de la Presidencia; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y de Derechos Sociales y Agenda 2030 para "fletar un avión para el traslado de refugiados desde Polonia", explican desde la entidad.

Tal como añaden fuentes del banco, "empresas como la nuestra tienen recursos para traer de la noche a la mañana a 180 personas, alojarlos y atenderlos". Y añaden: "Poner en marcha la maquinaria desde las administraciones públicas es más complejo y lento".

GRANITOS DE ARENA

Ante una catástrofe como la de Ucrania, según afirmaba Ana Botín en redes sociales, "queremos aportar nuestro granito de arena". Por ejemplo, alojando "temporalmente en Boadilla a 178 personas, incluidos niños que siguen sus tratamientos oncológicos en España acompañados de sus familias".

En un principio, el banco aportó un millón de euros, pero "gracias a la solidaridad de clientes y empleados" ya ha recaudado 10 millones en total "para Cruz Roja Española y Acnur España", destacó. Además, las donaciones para los refugiados no tienen comisiones y el objetivo es facilitarles la creación de cuentas sin coste ni exceso de documentación.

En una línea similar, Inditex ya ha colaborado con tres millones de euros a través de Acnur y se ha ofrecido a donar ropa para los refugiados ubicados en países cercanos a Ucrania. Por su parte, la Fundación We Are Water ha destinado medio millón de euros al suministro de agua potable.

SEMBRAR UN FUTURO PARA LA ESPAÑA RURAL

La geografía ibérica ha sido testigo del éxodo masivo de jóvenes desde el campo a la urbe en busca de oportunidades. Según el INE, unos 3,1 millones de españoles se trasladaron a la ciudad en la década de 1960, especialmente, a los focos industriales y del sector servicios de Madrid, Barcelona y País Vasco. En 2022, en medio de una pandemia, empieza a observarse el movimiento inverso, sumado a una serie de iniciativas empresariales encaminadas a combatir dicha despoblación.

La reflexión acerca de cómo el entorno y el ritmo vital afectan a la salud y las posibilidades del teletrabajo han provocado que el viaje de vuelta al pueblo se considere una opción que va más allá de unos días de relax y asueto.

No en vano, los municipios que rodean Madrid han aumentado su población en 9.000 vecinos en los últimos tres años, un 12% más.

El disruptivo proyecto de EDIX y Havas Media Group en la sierra norte de Madrid es un ejemplo de cómo atraer, formar y emplear a trabajadores digitales. Es el primer Hub Digital Rural de España y disfruta de un 80% de empleabilidad, detalla Juanjo Amorín, CEO y Fundador de EDIX. "Busca captar y retener talento. Pretende cambiarle la vida a estas personas con apoyo integral en todo el proceso: capacitación, alojamiento y empleo garantizado", señala.

Según Amorín, "España necesita más de 500.000 profesionales digitales antes de 2025. Y no los hay". Paradójicamente, nunca había habido tanta oferta de escuelas ofreciendo formación en tecnología y competencias digitales. ¿Qué falla? "La gente quiere vivir con calidad. El digital worker español que sabe inglés puede trabajar desde un pueblo de Lugo para una empresa danesa programando su implantación CRM. Le pagan 5.000 euros al mes y es el rey del mambo". Inspirados en este modelo, su alianza propone formar personal para crear fábricas digitales en el medio rural español.

Paradigma Digital es otra de las tecnológicas comprometidas con las zonas menos pobladas. Según Patricia Hernández, su responsable de People, tienen empleados en el 80% de las provincias españolas de la llamada España vaciada. En concreto, en todas las de Castilla y León, Extremadura, Aragón y La Rioja, así como en dos de Galicia (Lugo y Orense), cuatro de Castilla-La Mancha (Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real), y dos de Andalucía (Córdoba y Jaén). "Hemos dado un paso más al facilitar la elección desde dónde trabajar apelando al compromiso de la responsabilidad y la libertad".

Esto no significa, aclara la responsable, eliminar las oficinas o reducir su espacio: "Los paradigmáticos podrán acudir siempre que quieran, sobre todo, pensando en las necesidades de determinados roles y como punto de encuentro para disfrutar de algo tan humano como la sensación de pertenencia al equipo".

Como empresa pública española, Correos también está articulando distintos servicios para luchar contra la exclusión financiera en las zonas rurales y apoyar a pymes y productores locales. Desde una ventanilla única para las administraciones hasta más de 6.000 carteros rurales. "Hemos entregado 22.000 nuevas PDA a la plantilla de reparto para realizar todo tipo de trámites sin necesidad de desplazamiento", indican fuentes de la compañía.

DINERO A DOMICILIO

Correos también ha instalado 129 cajeros en colaboración con varias entidades financieras y están en curso otros 1.500 para permitir la retirada de efectivo. Y quienes no disponen de una buena solución logística para comercializar sus productos tienen a su alcance la basta red de distribución y almacenaje de Correos Market, capaz de llegar a cualquier punto de la Península. "Ya cuenta con más de 1.200 vendedores y 15.000 productos".

Retos como el cambio climático, la transición energética o la equidad social propician modelos de RSE más holísticos. Por ejemplo, el de la Fundación EDP con la cofinanciación de los fondos europeos, tal como explica el responsable de la institución, Vanda Martins: "Desde 2019 se han invertido más de 440.000 euros".

En la misma línea, EDP Renewables ha lanzado 30 becas para trabajar en el mantenimiento de parques eólicos y un programa para acceder a agua corriente y electricidad en zonas con baja densidad de población.

ESTRATEGIAS COMPARTIDAS PARA EXTENDER RESULTADOS

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) trasciende a las propias compañías para incumbir a sus cadenas de suministro al completo. "Hay una gran demanda de herramientas para trabajar la sostenibilidad en la cadena de proveedores, algo clave en la competitividad a largo plazo", subraya Germán Granda, director general de la agrupación Forética.

Es cada vez más necesario que las organizaciones empresariales acompañen a sus proveedores, ayudándoles a alcanzar unos mínimos de sostenibilidad que permitan crear valor a todos sus grupos de interés.

Pero, como la deslocalización de la producción dificulta la realización de ese seguimiento, implantar criterios de RSE aguas arriba en la cadena de valor se convierte en un asunto fundamental.

En Forética se valen de herramientas como SGE 21 para alcanzar estos objetivos. Así se llama la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable.

Ya hay en España 153 compañías certificadas con este sistema, que evalúa las políticas de relación con los proveedores y la contratación con criterios responsables.

Hay que tener en cuenta que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos tienen un carácter transversal, lo que a su vez influye directamente en la relación con los proveedores.

De hecho, los expertos auguran que la internacionalización de la responsabilidad corporativa en materia de derechos humanos será una tendencia fuerte entre quienes decidan trabajar más globalmente la RSE en la cadena de suministro.

"La probabilidad de experimentar vulneraciones en este tema en la red de proveedores es alta y cada vez se piden más cuentas por lo que ocurre a esos niveles, así que aflorar y gestionar incumplimientos en materia laboral y de derechos humanos será uno de los grandes elementos de la responsabilidad de las compañías", adelanta Granda.

La descarbonización de la actividad productiva de las organizaciones es otra de las cuestiones en las que las cadenas de suministro son esenciales.

"Cada tonelada de emisiones directas de una compañía supondrá otras cuatro en su cadena de valor", alertan en Forética.

En el grupo Ribera Salud están trabajando de lleno con su cadena de suministro. Así, la central de compras del grupo hospitalario valenciano realiza un proceso sistemático y continuo de evaluación, con procesos de homologación de proveedores estratégicos.

"Deben superarlo antes de firmar el contrato y para eso les pedimos información sobre sus políticas, certificaciones de calidad y gestión ambiental, así como si disponen de políticas de RSE y de compliance, entre otros aspectos", exponen desde la compañía.

Además, el compromiso con el desarrollo local de Ribera Salud se ha traducido en que el 54% de las compras que realizó en 2021 fueron a proveedores de las provincias en las que tiene presencia.

La implicación de los proveedores en las políticas de RSE fue uno de los asuntos que se analizaron en una mesa redonda organizada recientemente por Impact Hub, la red de personas, espacios y servicios para generar impactos positivos.

En ella, responsables de firmas como Bayer y de Coca-Cola aseguraron que no pueden prescindir de sus redes de proveedores para lograr sus metas.

Gracias a sus 99.000 proveedores, Bayer logró reducir el año pasado las emisiones de sus centros productivos hasta la mitad.

"Establecemos relaciones a largo plazo con ellos, ayudando con las metas que nos hemos propuesto a aquellos que aún no las cumplen", explicó Carmen Lara, directiva de la farmacéutica.

El objetivo de Coca-Cola es alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. Sin embargo, el 93% de sus emisiones son indirectas, razón por la que su cúpula directiva ha mantenido reuniones con sus proveedores para pedirles que compartan con ellos su huella de carbono, pongan en marcha planes de descarbonización y apuesten por una electricidad 100% renovable.

"Les necesitamos y apelamos a nuestro poder transformador, dejándoles un tiempo para que se adapten, pues se trata de una colaboración imprescindible para conseguir nuestros objetivos", tal como afirmó Carmen Gómez-Acebo, responsable de Sostenibilidad de Coca-Cola en España.

A pesar de los esfuerzos realizados por este tipo de multinacionales, implicar en la RSE a las cadenas de suministro es todavía un objetivo a largo plazo. "Estos criterios se mueven aún de arriba hacia abajo", asegura Juan Millán, responsable de la consultora Gedeth Network.

Eso significa que las grandes empresas incorporan estas cuestiones en sus estrategias y, lentamente, las van trasladando al resto de su cadena de valor.

"Por desgracia", lamenta Millán, "en un mundo global con múltiples agentes, jurisdicciones y, en algunos casos, falta de escrúpulos no hay masa crítica suficiente que arrastre a los menos convencidos".

 

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