El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) cerró un acuerdo político sobre el Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo, que busca limitar la llegada de inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral.

Asimismo, logró un principio de acuerdo para la creación de una "tarjeta azul" dirigida a atraer a los inmigrantes altamente cualificados.

El Pacto, que será aprobado formalmente por la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre, opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y sin regularizaciones masivas.

El texto, respaldado de forma unánime por los 27 países comunitarios, busca dar un nuevo impulso hacia una política común de inmigración y asilo que tenga en cuenta el interés colectivo de la UE, al considerar "imprescindible" que cada Estado miembro tenga en cuenta al resto de la Unión al aprobar sus políticas en la materia.

El Pacto es uno de los principales objetivos de la presidencia francesa de la UE de este semestre y tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

"La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el Pacto. Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación. Cada país comunitario determinará las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades del mercado de trabajo.

El Pacto dice que los países de la UE fomentarán la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos (acceso a educación, trabajo y los servicios públicos y sociales) y deberes (respeto a las leyes del país de acogida), con medidas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo.

Además, se defenderá el respeto de la identidad de los países comunitarios y de la UE, así como de sus valores fundamentales (como derechos humanos, libertad de opinión, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres y escolarización obligatoria de los niños). También se impulsará la admisión de trabajadores cualificados y se favorecerá la inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.

Sin embargo, los mecanismos de reagrupamiento familiar tendrán en cuenta los recursos y condiciones de residencia, así como el conocimiento del idioma del país de acogida.

Los inmigrantes en situación irregular tendrán que abandonar el territorio comunitario y las regularizaciones se harán caso por caso. Para lograr las repatriaciones, se intentará establecer acuerdos de readmisión con los países de origen, con los que también se reforzará la cooperación para luchar contra el tráfico de personas.

Además, a comienzos de 2012 se implantarán, como muy tarde, los visados con información biométrica, y para esa fecha también tendrá que estar funcionando un registro electrónico de salidas y entradas en la UE.

El Pacto establece también que se refuercen el papel y los recursos de Frontex, la agencia europea de control de fronteras.

La 'Tarjeta azul ' para 2011

Respecto a la 'tarjeta azul ', los ministros comunitarios de Justicia e Interior cerraron los principales elementos de esta iniciativa, aunque todavía falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no sería antes de mediados de 2011.

La "tarjeta azul" ofrece ventajas legales y prácticas a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que actualmente suelen preferir dirigirse a EEUU o Canadá, y precisamente el nombre del mecanismo sigue la pauta de la "tarjeta verde" estadounidense.

El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien encabezó la delegación española, destacó que esta medida forma parte del objetivo de la UE de "ligar los flujos migratorios al mercado de trabajo".

Durante el debate de hoy, hubo un acuerdo general sobre los puntos básicos de esta iniciativa, aunque la República Checa pidió que no entre en vigor antes de mayo de 2011, fecha en la que acabarán las últimas trabas a la libre circulación de trabajadores de los 10 países que ingresaron en la UE en mayo de 2004.

Pero, dado que aún falta el visto bueno del Parlamento Europeo y los países tendrán un máximo de dos años para trasladar la iniciativa a sus respectivas legislaciones, la entrada en vigor habría estado de todas formas muy cercana a la solicitada por Praga, que siempre ha defendido la "preferencia comunitaria" a la hora de contratar a extranjeros.

La propuesta define como inmigrantes altamente capacitados a los que tengan estudios universitarios de al menos tres años, o una experiencia profesional demostrable en un trabajo equivalente durante un mínimo de 5 años.

Además, recibirán un salario anual bruto del 150 por ciento del salario medio de cada país, aunque en algunos casos podrá ser del 120 por ciento.

En España, el salario medio estadístico es de unos 22.000 euros, aunque la cifra real es variable en función de las actividades económicas y las zonas geográficas, según explicaron fuentes diplomáticas.

La "tarjeta azul" ofrecerá a los profesionales cualificados libertad de circulación por todo el territorio comunitario, así como la posibilidad de trabajar en otro país de la UE al cabo de dos años, y también ofrece ventajas para el reagrupamiento familiar y el trabajo de los cónyuges.

Corbacho destacó que la reunión de hoy incluyó modificaciones defendidas por España para evitar la llamada "fuga de cerebros" en sectores sensibles países en desarrollo, por ejemplo en salud.

Acceso a blog especializado sobre la Tarjeta Azul (en inglés): http://www.europeanunionbluecard.com

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