Montero aplicará en la Administración General del Estado esta medida que será "reversible", incluirá un equipo informático para los empleados que la soliciten y busca favorecer la España vacía.

El Gobierno implantará a partir de enero el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). Lo anunció ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que afirmó que a comienzos del próximo año estará ya listo el real decreto que regulará este punto y, aunque no ofreció más detalles, fuentes del Ministerio confirman a EL MUNDO que se desarrollará a partir de los principios básicos que en abril alcanzó Miquel Iceta con los sindicatos. Y en ese texto lo que ya se cerró es que "la modalidad general de teletrabajo, en cómputo semanal, consistirá en dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo".

"El Real Decreto respetará esos acuerdos", subrayan en Función Pública, de modo que los funcionarios y empleados públicos podrán teletrabajar hasta el 60% de su jornada laboral. Para ello, "la Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación".

El teletrabajo será "voluntario y reversible, su utilización estará supeditada a que se garantice la prestación de los servicios y se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por esta modalidad, previa solicitud y autorización". Y "cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo, con identificación de objetivos, evaluación del cumplimiento, plan de seguimiento y evaluación". Esto es, no en todos los puestos de la Administración General del Estado será posible y la medida no incluye a los funcionarios autonómicos o locales, ya en esos ámbitos las competencias no son de Función Pública. Pero es previsible que una vez que el Ministerio aplique la norma, el resto de ámbitos imiten el modelo.

APOYO A LA ESPAÑA VACÍA

El teletrabajo, además, busca facilitar que "los empleados públicos elijan como lugar de residencia territorios en riesgo de despoblación", explicó Montero. "Para que el trabajo no sea un problema añadido para vivir en estas zonas", añadió.

Por ello, en las bases que se pactaron con los sindicatos ya se recogió que "se podrá articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, dirigida expresamente a atender circunstancias organizativas especiales, como favorecer la presencia de la Administración del Estado en el territorio, en zonas en declive demográfico, o atender la prestación de servicios en ámbitos geográficos de difícil cobertura".

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS INTERNOS

En su intervención ante la comisión de Hacienda y Función Pública, Montero fue asimismo cuestionada por la inseguridad jurídica que el acuerdo de regularización masiva de interinos presenta. Para obtener un puesto como funcionario es condición imprescindible aprobar un examen de oposición, y ese trámite ha sido eliminado para todos aquellos interinos que acumulan al menos cinco años en el mismo puesto de manera ininterrumpida.

La medida fue una exigencia de PNV y, especialmente, ERC, y su aceptación obliga al Gobierno a ser muy cuidadoso para que no sea declarada inconstitucional. Para lograrlo, tiene que demostrar que se trata de una medida y un proceso excepcional, que fue lo que se consideró cuando se traspasaron masivamente las competencias del Estado a las comunidades. Es la única ocasión en la que se aceptó algo similar, y a eso se agarra el Ejecutivo.

"Se ha hecho un trabajo por parte de los grupos políticos que han querido acordar el proyecto de ley de estudio de la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Constitucional para evitar la judicialización", apuntó Montero. Pero lo que no añadió es que también existen precedentes que apuntan justamente lo contrario. Sucedió cuando Navarra y Cataluña trataron de hacer un segundo proceso alegando esa misma excepcionalidad y, sin embargo, la justicia lo rechazó.

 

 

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