Los repartidores entrarán en el Estatuto de los Trabajadores mediante una disposición adicional y las empresas deberán informar de sus algoritmos.

Los repartidores que trabajan para empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats serán trabajadores que "gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las relaciones asalariadas, se cotizará por ellos y tendrán toda la cadena de protección social que a día de hoy no tienen", según ha explicado Yolanda Díaz en rueda de prensa.

"Incorporamos una nueva realidad laboral al Estatuto de los Trabajadores", ha informado la ministra, que reconoce que lo hacen "sencillamente porque estaban desprotegidos social y jurídicamente". "Lo que decimos es una obviedad: son personal laboral".

Así, los riders entrarán a través de una disposición adicional, la 23, en el Estatuto de los Trabajadores, una inclusión de carácter declarativo. "Su vida va a cambiar de manera radical", aseguró Díaz, que también dejó la puerta abierta a "nuevas incorporaciones".

En lo que respecta a los algoritmos, la ministra adelantó que se va a llevar a cabo "una modificación en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores", informó Díaz, "en la que será una obligación de la información respecto del uso de la forma matemática o bien algorítmica que incida en la relación laboral" y no únicamente de los repartidores, sino de cualquiera de las tareas de las plataformas digitales.

La idea es "neutralizar" la posibilidad de que se castigue o penalice a los trabajadores por trabajar en determinadas horas o por participar en huelgas o propiciarlas y para ello son necesarios los algoritmos, una de las principales quejas de estas plataformas.

La norma tendrá un tramo de adaptación de 90 días para las empresas, que tendrán que cambiar los modelos operativos dentro de este margen "prudente".

QUEJAS DE RIDERS Y PATRONAL

Distintas asociaciones de riders mostraron su desacuerdo y se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo. Así, RepartidoresUnidos.org y APRA lamentaron que el hecho de que la ley se haya acordado sin presencia de los repartidores "es inadmisible y una vergüenza". Gustavo Gaviria, portavoz de la primera asociación recordó que enviaron hasta siete peticiones de reunión "y nadie nos ha escuchado".

Mientras, Jordi Mateo, presidente de APRA, reconoció que "estamos enfadados, decepcionados y nos sentimos ninguneados" ante lo que en su opinión no es la Ley Rider, sino "la Ley Anti Rider".

Por su parte, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) -que engloba a Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats- lamenta "profundamente" lo que consideran una cesión de la CEOE ante el Ministerio de Trabajo. "Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial", explican en una nota de prensa.

Asimismo, consideran que otros países europeos sí aprueban "regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos". Sin embargo, creen que España "parece ir en dirección contraria" y, de este modo, pone "en peligro" un sector "que aporta 700 millones al PIB nacional".

 

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